La directiva de NCG Banco ha llegado a un acuerdo con el exdirector general adjunto de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, para que renuncie a la mayor parte de su indemnización, pero las negociaciones están rotas desde el sábado con el que fue director general, José Luis Pego.
Fuentes cercanas a de Paredes revelaron, en declaraciones a Europa Press, que ya había renunciado a parte de su liquidación en agosto y que recientemente comunicó a la entidad su intención de recortarla más todavía, con lo que sólo se llevará una pequeña parte de lo que le correspondería por contrato (unos 7 millones de euros), una cuarta o quinta parte. El dinero al cual renuncia pasará directamente a las cuentas del banco, aseguraron las mismas fuentes financieras.
Por contra, las negociaciones con José Luis Pego quedaron rotas desde este sábado por la noche. Las fuentes consultadas atribuyen al exdirectivo procedente de Caixanova la rotura unilateral del intento de acuerdo para que hoy NCG Banco escenificase una devolución de las millonarias cuantías en el consejo que celebrará. La entidad confirmó ayer a este diario que la reunión será hoy, pero evitó desvelar si será en Vigo o Coruña, aunque debería ser en la primera porque es donde está establecido que se hagan los consejos.
Pego tiene derecho a una prejubilación de 7,7 millones brutos, a los que habría que añadir otras cantidades también pactadas para otros como el exdirector general de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y para el exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán.
No obstante, NCG confía en no tener que dar por descartado que se pueda articular un acuerdo en los próximos días y asegura que el pacto llegó a estar cerca y que se intentó arreglar la cuestión por las buenas. La entidad podría tomar alguna medida al respecto, como llevar a los tribunales el caso.
La pretensión de la cúpula directiva de NCG Banco, capitaneada por José María Castellano, es que los exdirectivos de Novacaixagalicia tomen ejemplo de García de Paredes para paliar el escándalo social provocado por las indemnizaciones millonarias (más de 20 millones de euros) y evitar un perjuicio sobre las cuentas del banco.
En el consejo de administración de hoy está previsto tratar este asunto así como dar entrada a los tres nuevos miembros designados por el FROB, órgano estatal que controla el 93% del banco tras haber inyectado 2.465 millones de euros a la entidad. Los nuevos consejeros son José Antonio Portugal Alonso, economista y exdirectivo del BBVA y de Banesto; José Borrue Asensio, procedente del BBVA; y Joaquín Saurina Maspoch, exdirector de control de Caixa Girona y director financiero y de riesgos de Bankpime. El consejo quedará integrado ahora por 12 miembros.
La banca española recortó ya 14.500 trabajadores
nnn La segunda oleada de fusiones e integraciones iniciada con la adquisición de Banco Pastor por parte del Banco Popular podría derivar en un excedente laboral de hasta 20.000 trabajadores empleados en el sector financiero, según indicaron a Europa Press fuentes sindicales.
Ahora bien, las fuentes vinculan esta pérdida de empleo, que se acometerá fundamentalmente a través de prejubilaciones y bajas voluntarias, a la magnitud de las integraciones que se materialicen. Así, temen que si se produce a gran escala, la incidencia sobre el empleo sería importante, pues entrarían en juego los bancos tradicionales.
Los sindicatos temen que la segunda reestructuración culmine con el cierre de más de 7.000 oficinas en toda España.
Y es que desde el inicio de la reestructuración financiera, el número de empleados se ha recortado en más de 14.500, desde la cifra récord de 278.301 trabajadores alcanzada en 2008 a los 263.715 empleados de banca que había a cierre de 2010, según datos del Banco de España recogidos por Europa Press.
Con las integraciones acometidas en la primera fase de la reestructuración financiera, que se ha centrado en las cajas de ahorros con elevada vinculación al ladrillo, el mapa de cajas ha pasado de estar formado por 45 entidades a un total de 15, con un ajuste medio de las plantillas del 17% desde la caída del estadounidense Lehman Brothers.
El coste para el Estado, a través de la inyección de capital por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de la última fase de la reestructuración financiera que ha culminado con la nacionalización de NCG Banco, CatalunyaCaixa y Unnim, ha ascendido a un total de 7.551 millones de euros públicos.
Por contra, las negociaciones con José Luis Pego quedaron rotas desde este sábado por la noche. Las fuentes consultadas atribuyen al exdirectivo procedente de Caixanova la rotura unilateral del intento de acuerdo para que hoy NCG Banco escenificase una devolución de las millonarias cuantías en el consejo que celebrará. La entidad confirmó ayer a este diario que la reunión será hoy, pero evitó desvelar si será en Vigo o Coruña, aunque debería ser en la primera porque es donde está establecido que se hagan los consejos.
Pego tiene derecho a una prejubilación de 7,7 millones brutos, a los que habría que añadir otras cantidades también pactadas para otros como el exdirector general de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y para el exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán.
No obstante, NCG confía en no tener que dar por descartado que se pueda articular un acuerdo en los próximos días y asegura que el pacto llegó a estar cerca y que se intentó arreglar la cuestión por las buenas. La entidad podría tomar alguna medida al respecto, como llevar a los tribunales el caso.
La pretensión de la cúpula directiva de NCG Banco, capitaneada por José María Castellano, es que los exdirectivos de Novacaixagalicia tomen ejemplo de García de Paredes para paliar el escándalo social provocado por las indemnizaciones millonarias (más de 20 millones de euros) y evitar un perjuicio sobre las cuentas del banco.
En el consejo de administración de hoy está previsto tratar este asunto así como dar entrada a los tres nuevos miembros designados por el FROB, órgano estatal que controla el 93% del banco tras haber inyectado 2.465 millones de euros a la entidad. Los nuevos consejeros son José Antonio Portugal Alonso, economista y exdirectivo del BBVA y de Banesto; José Borrue Asensio, procedente del BBVA; y Joaquín Saurina Maspoch, exdirector de control de Caixa Girona y director financiero y de riesgos de Bankpime. El consejo quedará integrado ahora por 12 miembros.
La banca española recortó ya 14.500 trabajadores
nnn La segunda oleada de fusiones e integraciones iniciada con la adquisición de Banco Pastor por parte del Banco Popular podría derivar en un excedente laboral de hasta 20.000 trabajadores empleados en el sector financiero, según indicaron a Europa Press fuentes sindicales.
Ahora bien, las fuentes vinculan esta pérdida de empleo, que se acometerá fundamentalmente a través de prejubilaciones y bajas voluntarias, a la magnitud de las integraciones que se materialicen. Así, temen que si se produce a gran escala, la incidencia sobre el empleo sería importante, pues entrarían en juego los bancos tradicionales.
Los sindicatos temen que la segunda reestructuración culmine con el cierre de más de 7.000 oficinas en toda España.
Y es que desde el inicio de la reestructuración financiera, el número de empleados se ha recortado en más de 14.500, desde la cifra récord de 278.301 trabajadores alcanzada en 2008 a los 263.715 empleados de banca que había a cierre de 2010, según datos del Banco de España recogidos por Europa Press.
Con las integraciones acometidas en la primera fase de la reestructuración financiera, que se ha centrado en las cajas de ahorros con elevada vinculación al ladrillo, el mapa de cajas ha pasado de estar formado por 45 entidades a un total de 15, con un ajuste medio de las plantillas del 17% desde la caída del estadounidense Lehman Brothers.
El coste para el Estado, a través de la inyección de capital por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de la última fase de la reestructuración financiera que ha culminado con la nacionalización de NCG Banco, CatalunyaCaixa y Unnim, ha ascendido a un total de 7.551 millones de euros públicos.
