El director xeral de Política Financieira, Manuel Galdo, anunció ayer que Novagalicia Banco (NCG) obtuvo beneficios en el primer trimestre del año -cerró 2011 con 168,7 millones de euros en pérdida-.
Así lo dijo en la Comisión de Economía del Parlamento a preguntas de la oposición sobre la entidad financiera. Galdo reclamó dar condiciones de entrada competitivas para los inversores interesados en el banco con el fin de que pueda llevar a cabo su plan para continuar en solitario, con la condición de que se conceda un esquema de protección de activos (EPA) que cubra pérdidas no esperadas.
Sobre las preguntas acerca de si cree que el Banco de España concederá este esquema de protección de activos, Galdo indicó que es necesario ver el contexto valorativo y los precedentes, entre los que citó los de entidades como Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, Unnim o la CAM, sometidas todas ellas a procesos de subasta. Los EPA otorgados en estos dos últimos casos generan inflación, dado que a la vista de estas condiciones cualquier inversor va a solicitar condiciones similares si no más agresivas, apuntó.
Por otra parte, la directora xeral de Comercio, Nava Castro, informó de que la Xunta remitió por primera vez información sobre las participaciones preferentes a la Fiscalía el pasado 20 de febrero y dijo que el Gobierno gallego hará uso de todas sus competencias en favor de los afectados por este tipo de productos. Mientras, el diputado socialista Juan Carlos Francisco Rivera criticó que la solución de Novagalicia, con 43.000 afectados y unos 930 millones en preferentes, sea dilatar el proceso hasta junio. También censuró que la entidad decidiese no pagar los intereses correspondientes a 2011 debido a que entró en pérdidas y preguntó si ahora que la Xunta ha avanzado que el primer trimestre ya logró beneficios va a pagar el cupo.
Galdo insistió en que las pérdidas de 2011 se debieron a que fue un año excepcional y a los saneamientos realizados y defendió que los fondos con los que ha negociado el banco no son buitres -el mismo término que utilizó en su día Castellano-, ç sino que son solventes, serios y no especulativos.
Por su parte, los sindicatos piden al Banco de España y al Gobierno que aclaren el futuro del banco ya sea aceptando un concurso para la entrada de inversores privados que se harían con entre un 20 y un 49% del capital o a través de una subasta pública.n
Sobre las preguntas acerca de si cree que el Banco de España concederá este esquema de protección de activos, Galdo indicó que es necesario ver el contexto valorativo y los precedentes, entre los que citó los de entidades como Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, Unnim o la CAM, sometidas todas ellas a procesos de subasta. Los EPA otorgados en estos dos últimos casos generan inflación, dado que a la vista de estas condiciones cualquier inversor va a solicitar condiciones similares si no más agresivas, apuntó.
Por otra parte, la directora xeral de Comercio, Nava Castro, informó de que la Xunta remitió por primera vez información sobre las participaciones preferentes a la Fiscalía el pasado 20 de febrero y dijo que el Gobierno gallego hará uso de todas sus competencias en favor de los afectados por este tipo de productos. Mientras, el diputado socialista Juan Carlos Francisco Rivera criticó que la solución de Novagalicia, con 43.000 afectados y unos 930 millones en preferentes, sea dilatar el proceso hasta junio. También censuró que la entidad decidiese no pagar los intereses correspondientes a 2011 debido a que entró en pérdidas y preguntó si ahora que la Xunta ha avanzado que el primer trimestre ya logró beneficios va a pagar el cupo.
Galdo insistió en que las pérdidas de 2011 se debieron a que fue un año excepcional y a los saneamientos realizados y defendió que los fondos con los que ha negociado el banco no son buitres -el mismo término que utilizó en su día Castellano-, ç sino que son solventes, serios y no especulativos.
Por su parte, los sindicatos piden al Banco de España y al Gobierno que aclaren el futuro del banco ya sea aceptando un concurso para la entrada de inversores privados que se harían con entre un 20 y un 49% del capital o a través de una subasta pública.n
