UU.AA. ve 'muestras evidentes' de 'la concertación para mantener un precio a la baja' y Acriaga alerta de que ya cerraron 40 granjas
Los tres grupos de la oposición han coincidido a la hora de pedir a la Xunta que se implique con el sector avícola gallego, toda vez que está teniendo que vender a pérdidas desde que el pasado mes de marzo la gran distribución 'pactó' un precio por debajo de lo que cuesta producirlo. En este escenario, el Grupo Popular se ha comprometido a 'mediar' con el Gobierno autonómico.
Así lo ha dicho la portavoz de Medio Rural del PP en la Cámara gallega, Isabel García Pacín, en declaraciones a Europa Press tras concluir su reunión con el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, y con el presidente de Acriaga, Javier López, que este lunes se entrevistaron con representantes de todas las fuerzas del arco parlamentario.
'Tenemos que mediar con el Gobierno gallego y hacerles ver la urgencia de que, a corto plazo, se pueda incidir en este tipo de mercados', ha remarcado la parlamentaria popular, partidaria de que los productores puedan 'mejorar los márgenes de rentabilidad' para así 'dar viabilidad y competitividad' a sus explotaciones.
Por su parte, desde el PSdeG, Pablo García, ha criticado que el Gobierno gallego 'lleva sin hacer nada' al respecto 'seis meses', ya que 'ni tuvo una reunión con el sector' pese a las 'numerosas peticiones' y a que está 'clarísimo' que hay 'venta a pérdidas', algo prohibido por ley. Por ello, ha avanzado iniciativas para 'exigir a la Xunta que se ponga, de inmediato, al frente de este problema'.
Asimismo, Antón Sánchez (AGE) ha juzgado que es 'una demostración más del abandono de la Xunta a los sectores productivos', a los que 'sólo ofrece pasotismo'. Ante ello, ha demandado que se 'escuche' al sector y se 'haga cumplir la ley', de modo que se garantice al menos que los productores 'cubren los costes de producción', como se hace 'con Gas Natural y Endesa'.
Para el BNG, como ha explicado Tereixa Paz a Europa Press, también pedirán al Ejecutivo autonómico que utilice 'todos los instrumentos a su alcance' para acabar con 'dos prácticas fraudulentas: la concertación de precios y la venta claramente por debajo del coste de producción'. El objetivo es 'apoyar a un sector muy importante' en términos de empleo, sobre todo en el rural.
'MÁS DE 5.000 EMPLEOS'
Como ha concretado Roberto García, se trata de 'más de 5.000 empleos', entre directos e indirectos, en 'más de 800 granjas'. Además, ha resaltado la importancia del sector avícola en provincias como Ourense.
La situación que atraviesa, como ha explicado, es que 'todas las cadenas de distribución han pactado el mismo precio' para el pollo, actualmente a la venta por 2,20 euros el kilo, pese a que el coste de producción fijado por el Ministerio de Agricultura se sitúa 'por encima de 2,45 euros'. 'Lo utilizan como producto reclamo', ha sostenido.
Convencido de que 'hay muestras más que evidentes' de 'la concertación para mantener un precio artificialmente a la baja' -remitió a la Xunta y al Consello Galego da Competencia un informe que incluía tickets de compra de supermercados-, ha lamentado que la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, no haya iniciado 'ninguna actuación'.
Y es que, 'desde que empezaron' estas prácticas, como ha denunciado el presidente de Acriaga, 'han cerrado 40 granjas que no soportaron la situación'. 'Y esto irá a más si no se les pone remedio', ha alertado, para hacer hincapié en que se trata de 'un problema muy importante para el conjunto de la economía'.
Tras criticar que 'la Xunta mira para otro lado' mientras se usa el pollo como reclamo, ha advertido de que 'la derivada siguiente' tras el 'cierre generalizado de explotaciones' es que 'el pollo en Galicia sea más caro, pero traído de países terceros' donde no hay 'ningún tipo de garantía sanitaria'.
'ATAJAR LA PROBLEMÁTICA'
En este escenario, García Pacín ha juzgado que 'no se puede tolerar' esta 'reducción al máximo posible' de los márgenes de producción, de modo que pedirá a la Xunta que utilice 'todas las herramientas existentes' para 'resolver esta situación'.
Y es que, como ha dicho, la normativa vigente cuenta con 'mecanismos para que no se den prácticas abusivas', de modo que ahora es momento de 'incidir en la modificación' de las prácticas que el sector denuncia de las grandes distribuidoras.
Preguntada acerca de si el sector puede albergar esperanzas al respecto, la diputada popular ha resuelto que la 'responsabilidad' de su grupo es 'demandar' que se utilicen los distintos mecanismos existentes y 'hacer iniciativas para que se use la ley para atajar esa problemática'.
'NO PASA NADA'
Ante ello, la diputada del Bloque ha urgido a que se 'impidan' la concertación de precios y el utilización de un alimento como producto reclamo y ha demandado que el Tribunal de Defensa de la Competencia imponga 'sanciones' a los distribuidores para que 'no sigan con estas prácticas'.
'Si los ganaderos intentan concertar sus precios de venta, se les echan encima porque va en contra de la competitividad, pero cuando lo hacen descaradamente las grandes empresas no pasa nada', ha criticado la nacionalista.
'NINGUNA RAZÓN LO JUSTIFICA'
A mayores, el líder de UU.AA. ha subrayado que no existe 'ninguna razón que justifique' la venta del pollo por debajo de su coste de producción y de 'campañas anteriores', puesto que se ha registrado 'un aumento importante' en su consumo y que la producción en Galicia está 'ligada al autoconsumo'.
'No hay absolutamente ninguna razón de mercado: no se produce más, no existe un problema de excedentes...', ha apostillado el diputado del PSdeG, para quien el problema se reduce a que 'unas áreas comerciales, igual que decidieron hacer con la leche, están utilizando el pollo' como reclamo.
Es por ello que el sindicalista ha cargado contra la falta de 'actuación' de las administraciones. 'La complicidad de la Xunta y el Gobierno central con la distribución es total', ha lamentado.
'ESTAMOS PERDIDOS'
En este sentido, el parlamentario de Alternativa ha exigido a la Xunta que 'ampare' a quienes 'se dedican a producir y a fijar población en el rural'. 'Si no tienen el amparo de quien tiene la obligación de defenderlos y de hacer cumplir la legislación, estamos perdidos', ha remachado.
Por último, Antón Sánchez ha advertido de que 'el modelo de la desregularización del mercado y de la liberalización total' conduce 'al cierre de granjas y explotaciones' y, por tanto, a la pérdida de puestos de trabajo.
Así lo ha dicho la portavoz de Medio Rural del PP en la Cámara gallega, Isabel García Pacín, en declaraciones a Europa Press tras concluir su reunión con el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, y con el presidente de Acriaga, Javier López, que este lunes se entrevistaron con representantes de todas las fuerzas del arco parlamentario.
'Tenemos que mediar con el Gobierno gallego y hacerles ver la urgencia de que, a corto plazo, se pueda incidir en este tipo de mercados', ha remarcado la parlamentaria popular, partidaria de que los productores puedan 'mejorar los márgenes de rentabilidad' para así 'dar viabilidad y competitividad' a sus explotaciones.
Por su parte, desde el PSdeG, Pablo García, ha criticado que el Gobierno gallego 'lleva sin hacer nada' al respecto 'seis meses', ya que 'ni tuvo una reunión con el sector' pese a las 'numerosas peticiones' y a que está 'clarísimo' que hay 'venta a pérdidas', algo prohibido por ley. Por ello, ha avanzado iniciativas para 'exigir a la Xunta que se ponga, de inmediato, al frente de este problema'.
Asimismo, Antón Sánchez (AGE) ha juzgado que es 'una demostración más del abandono de la Xunta a los sectores productivos', a los que 'sólo ofrece pasotismo'. Ante ello, ha demandado que se 'escuche' al sector y se 'haga cumplir la ley', de modo que se garantice al menos que los productores 'cubren los costes de producción', como se hace 'con Gas Natural y Endesa'.
Para el BNG, como ha explicado Tereixa Paz a Europa Press, también pedirán al Ejecutivo autonómico que utilice 'todos los instrumentos a su alcance' para acabar con 'dos prácticas fraudulentas: la concertación de precios y la venta claramente por debajo del coste de producción'. El objetivo es 'apoyar a un sector muy importante' en términos de empleo, sobre todo en el rural.
'MÁS DE 5.000 EMPLEOS'
Como ha concretado Roberto García, se trata de 'más de 5.000 empleos', entre directos e indirectos, en 'más de 800 granjas'. Además, ha resaltado la importancia del sector avícola en provincias como Ourense.
La situación que atraviesa, como ha explicado, es que 'todas las cadenas de distribución han pactado el mismo precio' para el pollo, actualmente a la venta por 2,20 euros el kilo, pese a que el coste de producción fijado por el Ministerio de Agricultura se sitúa 'por encima de 2,45 euros'. 'Lo utilizan como producto reclamo', ha sostenido.
Convencido de que 'hay muestras más que evidentes' de 'la concertación para mantener un precio artificialmente a la baja' -remitió a la Xunta y al Consello Galego da Competencia un informe que incluía tickets de compra de supermercados-, ha lamentado que la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, no haya iniciado 'ninguna actuación'.
Y es que, 'desde que empezaron' estas prácticas, como ha denunciado el presidente de Acriaga, 'han cerrado 40 granjas que no soportaron la situación'. 'Y esto irá a más si no se les pone remedio', ha alertado, para hacer hincapié en que se trata de 'un problema muy importante para el conjunto de la economía'.
Tras criticar que 'la Xunta mira para otro lado' mientras se usa el pollo como reclamo, ha advertido de que 'la derivada siguiente' tras el 'cierre generalizado de explotaciones' es que 'el pollo en Galicia sea más caro, pero traído de países terceros' donde no hay 'ningún tipo de garantía sanitaria'.
'ATAJAR LA PROBLEMÁTICA'
En este escenario, García Pacín ha juzgado que 'no se puede tolerar' esta 'reducción al máximo posible' de los márgenes de producción, de modo que pedirá a la Xunta que utilice 'todas las herramientas existentes' para 'resolver esta situación'.
Y es que, como ha dicho, la normativa vigente cuenta con 'mecanismos para que no se den prácticas abusivas', de modo que ahora es momento de 'incidir en la modificación' de las prácticas que el sector denuncia de las grandes distribuidoras.
Preguntada acerca de si el sector puede albergar esperanzas al respecto, la diputada popular ha resuelto que la 'responsabilidad' de su grupo es 'demandar' que se utilicen los distintos mecanismos existentes y 'hacer iniciativas para que se use la ley para atajar esa problemática'.
'NO PASA NADA'
Ante ello, la diputada del Bloque ha urgido a que se 'impidan' la concertación de precios y el utilización de un alimento como producto reclamo y ha demandado que el Tribunal de Defensa de la Competencia imponga 'sanciones' a los distribuidores para que 'no sigan con estas prácticas'.
'Si los ganaderos intentan concertar sus precios de venta, se les echan encima porque va en contra de la competitividad, pero cuando lo hacen descaradamente las grandes empresas no pasa nada', ha criticado la nacionalista.
'NINGUNA RAZÓN LO JUSTIFICA'
A mayores, el líder de UU.AA. ha subrayado que no existe 'ninguna razón que justifique' la venta del pollo por debajo de su coste de producción y de 'campañas anteriores', puesto que se ha registrado 'un aumento importante' en su consumo y que la producción en Galicia está 'ligada al autoconsumo'.
'No hay absolutamente ninguna razón de mercado: no se produce más, no existe un problema de excedentes...', ha apostillado el diputado del PSdeG, para quien el problema se reduce a que 'unas áreas comerciales, igual que decidieron hacer con la leche, están utilizando el pollo' como reclamo.
Es por ello que el sindicalista ha cargado contra la falta de 'actuación' de las administraciones. 'La complicidad de la Xunta y el Gobierno central con la distribución es total', ha lamentado.
'ESTAMOS PERDIDOS'
En este sentido, el parlamentario de Alternativa ha exigido a la Xunta que 'ampare' a quienes 'se dedican a producir y a fijar población en el rural'. 'Si no tienen el amparo de quien tiene la obligación de defenderlos y de hacer cumplir la legislación, estamos perdidos', ha remachado.
Por último, Antón Sánchez ha advertido de que 'el modelo de la desregularización del mercado y de la liberalización total' conduce 'al cierre de granjas y explotaciones' y, por tanto, a la pérdida de puestos de trabajo.
