Las pensiones siguen siendo una incógnita, en medio de un debate político al que se ha sumado, con fuerza, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. No es fácil intuir cuál puede ser la conclusión definitiva, pero sí parecen estar claras dos cosas: nada será como es ahora y los números, de entrada, pintan mal.
Desde Bruselas apremian a España para que afronte la segunda fase de la reforma de las pensiones –la más importante y costosa– y el Gobierno remolonea como mejor puede ante la falta de acuerdo político para llevar a cabo medidas tan sensibles. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿quién se va a atrever a tomar decisiones que pueden alterar el voto de unos 10 millones de personas?
Al debate de siempre, sobre la sostenibilidad de las pensiones, se añade ahora el reto de actualizarlas en un clima tan inflacionista. Pablo Hernández de Cos, cuyos datos fueron cuestionados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha reiterado que las medidas planteadas no son suficientes, nada muy distinto de lo que se apunta desde Bruselas.
Están, pues, en juego la actualización del IPC –sobre el papel, regulado por ley– y los criterios de las jubilaciones en el futuro, como la edad del retiro, el período de cotización, la situación de los autónomos, etcétera. Existe, por ejemplo, según el gobernador del Banco de España una notable incertidumbre sobre los ahorros que se obtendrán por los incentivos a la jubilación demorada.
El debate de las pensiones coincide con otro más amplio, también suscitado desde el mundo académico y el Banco de España, sobre el pacto de rentas, de modo que sea posible encauzar la inflación, disparada en los últimos meses. Para ello, se plantea la conveniencia de un acuerdo entre sindicatos y empresarios, de modo que los trabajadores renuncien a aumentos salariales proporcionales a la inflación y que los patronos rebajen sus beneficios, a costa de no subir tanto los precios.
Si hubiese un pacto de rentas o algo similar, ese acuerdo afectaría también al Gobierno, no solo por las empresas públicas que controla, sino por los salarios de los funcionarios y las pensiones. Estaríamos, en ese supuesto, ante un pacto de rentas generalizado.
Estos asuntos figuran entre los más importantes que debe afrontar el Gobierno en la recta final de la legislatura, pero hay muchos más, ya que la crisis económica derivada de la pandemia y la guerra de Ucrania han puesto todo patas arriba.
España sigue pendiente de recuperar todo lo perdido en PIB durante la pandemia, al quedarse rezagada con respecto a sus socios europeos, mientras confía en las bondades de unos fondos europeos que avanzan a paso lento y en un pretendido cambio de modelo económico que se resiste a coger forma. Al final, vuelve a ser el turismo el que salva la situación, también en el empleo.
Nada es fácil porque España tiene poco margen de actuación, maniatada por su desorbitado endeudamiento y un déficit público que no acaba de corregirse, debido a que los ingresos no llegan para cubrir todos los gastos del Estado. Pero en este frente sí que no podrá mirar para otro lado, ya que el crédito alegre del Banco Central Europeo está prácticamente cerrado y los intereses empezarán a subir. El riesgo de que aumente la desigualdad es alto, lo cual sería todo un fracaso para un Gobierno progresista.
