El Gobierno portugués ha alertado sobre el impacto de otro revés del Tribunal Constitucional a sus medidas de ajuste, entre ellas la ley que facilita la salida de funcionarios, cuya sanción pospuso esta semana el presidente Aníbal Cavaco Silva por dudar de su legalidad. Como sucedió el pasado abril con la polémica anulación judicial a varios ajustes incluidos en los Presupuestos de 2013, el líder del Ejecutivo conservador, Pedro Passos Coelho, avisó de que otra sentencia desfavorable a las medidas del Gobierno acarreará nuevos sacrificios entre los portugueses.
'Ya en el pasado algunos de esos riesgos se materializaron y no fue fácil superarlos, nos obligó a aumentar los impuestos, que era una opción que no queríamos adoptar', manifestó el jefe de Gobierno durante la fiesta de su partido, el Social Demócrata (PSD-centro derecha), celebrada la noche del viernes en el Algarve luso.
La nueva norma sobre el funcionariado, sobre la que el Constitucional se pronunciará a comienzos de septiembre, es una de las medidas dirigidas a sanear las cuentas públicas de Portugal y está incluida en los compromisos del Gobierno a cambio de recibir un rescate financiero internacional de 78.000 millones de euros. La misma pretende facilitar la desvinculación laboral de miles de funcionarios (especialmente profesores, el 40% de los trabajadores públicos) que actualmente se encuentran a la espera de ser colocados y a los que, a partir de ahora, marca un máximo de 12 meses para encontrar un puesto de trabajo. Acabado este periodo -durante el que reciben un salario inferior al vigente- los trabajadores públicos podrán optar por integrar una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relación laboral, con derecho a la prestación por desempleo.
'Cualquier decisión constitucional no afectará simplemente al Gobierno, afectará al país', incidió Passos Coelho, quien destacó el crecimiento del PIB luso en el segundo trimestre (1,1 %, el mayor en la UE).
La nueva norma sobre el funcionariado, sobre la que el Constitucional se pronunciará a comienzos de septiembre, es una de las medidas dirigidas a sanear las cuentas públicas de Portugal y está incluida en los compromisos del Gobierno a cambio de recibir un rescate financiero internacional de 78.000 millones de euros. La misma pretende facilitar la desvinculación laboral de miles de funcionarios (especialmente profesores, el 40% de los trabajadores públicos) que actualmente se encuentran a la espera de ser colocados y a los que, a partir de ahora, marca un máximo de 12 meses para encontrar un puesto de trabajo. Acabado este periodo -durante el que reciben un salario inferior al vigente- los trabajadores públicos podrán optar por integrar una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relación laboral, con derecho a la prestación por desempleo.
'Cualquier decisión constitucional no afectará simplemente al Gobierno, afectará al país', incidió Passos Coelho, quien destacó el crecimiento del PIB luso en el segundo trimestre (1,1 %, el mayor en la UE).
