El Consejo de Ministros ha aprobado ayer una modificación del Código Penal que prevé una pena de prisión máxima de 6 años por delito fiscal, en lugar de los 5 establecidos hasta ahora, y recoge que el plazo de prescripción de las infracciones más graves se eleva de 5 a 10 años.
Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta indicó que se trata de una modificación de la ley de transparencia que precisa rango de ley orgánica. Asimismo, el texto prevé que durante la tramitación del delito fiscal y en el tiempo de remisión a la fiscalía para la presentación de la querella puedan liquidarse y cobrarse los ingresos pendientes ante la Agencia Tributaria.
En cuanto al fraude laboral, la vicepresidenta subrayó que se produce una minoración de las cantidades del límite para proceder por delito, 'lo que permitirá tener más posibilidades para luchar contra ese fraude y la economía sumergida'.
En cuanto al fraude laboral, la vicepresidenta subrayó que se produce una minoración de las cantidades del límite para proceder por delito, 'lo que permitirá tener más posibilidades para luchar contra ese fraude y la economía sumergida'.
