El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que le han imputado cinco delitos, por haber vaciado presuntamente el Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. En el caso del empresario Ángel de Cabo, la fianza asciende a los 50 millones de euros.
Tal y como han informado fuentes jurídicas, la fianza de 30 millones de euros impuesta a Díaz Ferrán se ha adoptado en contra del criterio del fiscal Daniel Campos, que ha solicitado su ingreso en prisión incondicional, al igual que para De Cabo e Iván Losada.
El juez Velasco, que instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, imputa al expresidente de la patronal cinco delitos.
Estos delitos son alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal. Según fuentes penitenciarias, Díaz Ferrán ingresará en las próximas horas en la cárcel madrileña de Soto del Real.
Asimismo, el juez Velasco ha ordenado el ingreso en prisión bajo fianza de 50 millones de euros, la mayor de la historia, al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, por haber creado presuntamente una trama empresarial con la finalidad de ocultar los bienes del anterior propietario, Díaz Ferrán.
El titular del Juzgado Central de Instrución número 6 le acusa indiciariamente de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible.
A todos los detenidos en la denominada 'Operación Crucero' se les han impuesto fianzas para eludir prisión, que suman 112 millones de euros, menos al experto fiscal Rafael Tormo, quien no podrá abandonar el país y deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días ante el juez, según fuentes jurídicas.
El resto de fianzas son los 30 millones impuestos a Iván Losada y los 500.000 euros que deberán pagar si quieren evitar la cárcel a Teodoro Garrido y a los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano.
A la secretaria de De Cabo, Susana Mora, se le han impuesto 3.000 euros de fianza porque ha colaborado en su declaración. De hecho, a las 15.00 horas de este miércoles, ya había abonado la citada cantidad, según las mismas fuentes.
En este caso, el fiscal Campos coincidió con el juez, ya que sí había pedido los 3.000 euros de fianza para Susana Mora, quien junto a Díaz Ferrán y el 'fiscalista' Rafael Tormo han sido los únicos detenidos que han declarado este miércoles ante el juez.
El juez investiga si Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, que falleció en junio, utilizaron las empresas de De Cabo para evadir el patrimonio de Marsans a paraísos fiscales y no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros. Velasco ya ha ordenado el bloqueo de 50 millones de euros en metálico y en cheques al portador.
DÍAZ FERRÁN NIEGA LAS ACUSACIONES
Durante su declaración, que se ha prolongado durante 45 minutos, Díaz Ferrán ha negado todas las acusaciones que se le imputan y, en la misma línea de su anterior comparecencia en esta causa, ha señalado que las labores ejecutivas y el día a día de la organización correspondían a su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado.
También ha señalado que vendió al empresario Ángel de Cabo las empresas del Grupo Marsans a través de la sociedad Posibilitum porque éstas se encontraban 'en crisis'. Según las citadas fuentes, Díaz Ferrán ha asegurado que a partir de esta transacción perdió el control de sus empresas, por lo que no conoce las operaciones realizadas por De Cabo.
Aunque ha asegurado que no tiene cuentas bancarias en paraísos fiscales, sí ha reconocido que tiene un piso de lujo en Nueva York (la investigación del juez habla de dos propiedades en esta ciudad valoradas en 10,6 millones de euros) y que quiso vender otros bienes, como una finca en Mallorca y un yate con el nombre de su esposa, porque sabía que le iban a embargar.
No obstante, el primero en comparecer ante el juez ha sido Antonio García, presunto testaferro del empresario Ángel de Cabo, que apenas ha estado unos minutos en el despacho del juez al acogerse a su derecho de no declarar. De Cabo compró Marsans en 2010 a través de la empresa Posibilitum para desmantelar su patrimonio y evitar posibles embargos.
FERRÁN Y PASCUAL QUISIERON 'APARENTAR SU INSOLVENCIA PATRIMONIAL'
En el auto dictado por el juez Velasco consta que Díaz Ferrán y Pascual 'diseñaron una estrategia' para ceder las empresas del Grupo Marsans y sus bienes personales a De Cabo con el fin de 'aparentar su insolvencia patrimonial'.
El juez, que ha justificado el ingreso en prisión de Díaz Ferrán por la existencia de 'riesgo de fuga y elusión de la acción de la Justicia', sostiene que el expresidente de la CEOE y su socio habrían desarrollado 'una actividad delicitiva dolosa de ocultación de patrimonio y activos que superó los 30 millones de euros', con lo que provocaron un fraude que afectó a 'más de 10.000 acreedores'.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, revela que 'del primer término de la investigación policial' se desprende que Díaz Ferrán y Pascual 'acordaron' con De Cabo 'una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en los que su grupo empresarial se encontraba inmerso'.
De Cabo, dueño de la empresa Posibilitum, adquirió el Grupo Marsans 'bajo la promesa de solucionar sus problemas económicos', aunque en realidad a él sólo le movía el 'ánimo de lucro'. Para ello, dirigía 'una organización configurada por un complejo sistema societario nacional e internacional' que incluía 'una red de colaboradores y testaferros'.
A cambio, De Cabo entregaba 100.000 euros mensuales a los dos antiguos propietarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Díaz Ferrán recibió las 'mensualidades acordadas, directa o indirectamente por parte de De Cabo', para lo cual visitaba la sede de Ascendia en Valencia 'cada dos o tres semanas'. Pascual no recibió 'ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento'.
Según la resolución judicial, el entramado de De Cabo recurría a 'varios de los mecanismos utilizados tradicionalmente en procesos de ocultación patrimonial y blanqueo de capitales', entre los que se encontraban 'la adquisición, constitución y uso de sociedades instrumenatales, la interposición de testaferros y fiduciarios o la presunta simulación de contratos'.
En este entramado jugaban un papel determinante, según el juez Velasco, Iván Losada, colaborador de De Cabo, y la secretaria del primero, Susana Mora. Ambos, según el auto, 'tenían poder de decisión y eran personas de la máxima confianza'.
Con el objetivo de 'justificar movimientos de fondos, contratos simulados y otros negocios jurídicos para colocar activos en el exterior', De Cabo recurrió al experto fiscal Rafael Tormo. Bajo estos parámetros, la trama de De Cabo habría constituido sociedades en Chipre, Suiza, Lietchenstein, Malta y Hong Kong, 'todos ellos jurisdicciones de riesgo'.
El juez Velasco, que instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, imputa al expresidente de la patronal cinco delitos.
Estos delitos son alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal. Según fuentes penitenciarias, Díaz Ferrán ingresará en las próximas horas en la cárcel madrileña de Soto del Real.
Asimismo, el juez Velasco ha ordenado el ingreso en prisión bajo fianza de 50 millones de euros, la mayor de la historia, al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, por haber creado presuntamente una trama empresarial con la finalidad de ocultar los bienes del anterior propietario, Díaz Ferrán.
El titular del Juzgado Central de Instrución número 6 le acusa indiciariamente de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible.
A todos los detenidos en la denominada 'Operación Crucero' se les han impuesto fianzas para eludir prisión, que suman 112 millones de euros, menos al experto fiscal Rafael Tormo, quien no podrá abandonar el país y deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días ante el juez, según fuentes jurídicas.
El resto de fianzas son los 30 millones impuestos a Iván Losada y los 500.000 euros que deberán pagar si quieren evitar la cárcel a Teodoro Garrido y a los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano.
A la secretaria de De Cabo, Susana Mora, se le han impuesto 3.000 euros de fianza porque ha colaborado en su declaración. De hecho, a las 15.00 horas de este miércoles, ya había abonado la citada cantidad, según las mismas fuentes.
En este caso, el fiscal Campos coincidió con el juez, ya que sí había pedido los 3.000 euros de fianza para Susana Mora, quien junto a Díaz Ferrán y el 'fiscalista' Rafael Tormo han sido los únicos detenidos que han declarado este miércoles ante el juez.
El juez investiga si Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, que falleció en junio, utilizaron las empresas de De Cabo para evadir el patrimonio de Marsans a paraísos fiscales y no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros. Velasco ya ha ordenado el bloqueo de 50 millones de euros en metálico y en cheques al portador.
DÍAZ FERRÁN NIEGA LAS ACUSACIONES
Durante su declaración, que se ha prolongado durante 45 minutos, Díaz Ferrán ha negado todas las acusaciones que se le imputan y, en la misma línea de su anterior comparecencia en esta causa, ha señalado que las labores ejecutivas y el día a día de la organización correspondían a su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado.
También ha señalado que vendió al empresario Ángel de Cabo las empresas del Grupo Marsans a través de la sociedad Posibilitum porque éstas se encontraban 'en crisis'. Según las citadas fuentes, Díaz Ferrán ha asegurado que a partir de esta transacción perdió el control de sus empresas, por lo que no conoce las operaciones realizadas por De Cabo.
Aunque ha asegurado que no tiene cuentas bancarias en paraísos fiscales, sí ha reconocido que tiene un piso de lujo en Nueva York (la investigación del juez habla de dos propiedades en esta ciudad valoradas en 10,6 millones de euros) y que quiso vender otros bienes, como una finca en Mallorca y un yate con el nombre de su esposa, porque sabía que le iban a embargar.
No obstante, el primero en comparecer ante el juez ha sido Antonio García, presunto testaferro del empresario Ángel de Cabo, que apenas ha estado unos minutos en el despacho del juez al acogerse a su derecho de no declarar. De Cabo compró Marsans en 2010 a través de la empresa Posibilitum para desmantelar su patrimonio y evitar posibles embargos.
FERRÁN Y PASCUAL QUISIERON 'APARENTAR SU INSOLVENCIA PATRIMONIAL'
En el auto dictado por el juez Velasco consta que Díaz Ferrán y Pascual 'diseñaron una estrategia' para ceder las empresas del Grupo Marsans y sus bienes personales a De Cabo con el fin de 'aparentar su insolvencia patrimonial'.
El juez, que ha justificado el ingreso en prisión de Díaz Ferrán por la existencia de 'riesgo de fuga y elusión de la acción de la Justicia', sostiene que el expresidente de la CEOE y su socio habrían desarrollado 'una actividad delicitiva dolosa de ocultación de patrimonio y activos que superó los 30 millones de euros', con lo que provocaron un fraude que afectó a 'más de 10.000 acreedores'.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, revela que 'del primer término de la investigación policial' se desprende que Díaz Ferrán y Pascual 'acordaron' con De Cabo 'una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en los que su grupo empresarial se encontraba inmerso'.
De Cabo, dueño de la empresa Posibilitum, adquirió el Grupo Marsans 'bajo la promesa de solucionar sus problemas económicos', aunque en realidad a él sólo le movía el 'ánimo de lucro'. Para ello, dirigía 'una organización configurada por un complejo sistema societario nacional e internacional' que incluía 'una red de colaboradores y testaferros'.
A cambio, De Cabo entregaba 100.000 euros mensuales a los dos antiguos propietarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Díaz Ferrán recibió las 'mensualidades acordadas, directa o indirectamente por parte de De Cabo', para lo cual visitaba la sede de Ascendia en Valencia 'cada dos o tres semanas'. Pascual no recibió 'ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento'.
Según la resolución judicial, el entramado de De Cabo recurría a 'varios de los mecanismos utilizados tradicionalmente en procesos de ocultación patrimonial y blanqueo de capitales', entre los que se encontraban 'la adquisición, constitución y uso de sociedades instrumenatales, la interposición de testaferros y fiduciarios o la presunta simulación de contratos'.
En este entramado jugaban un papel determinante, según el juez Velasco, Iván Losada, colaborador de De Cabo, y la secretaria del primero, Susana Mora. Ambos, según el auto, 'tenían poder de decisión y eran personas de la máxima confianza'.
Con el objetivo de 'justificar movimientos de fondos, contratos simulados y otros negocios jurídicos para colocar activos en el exterior', De Cabo recurrió al experto fiscal Rafael Tormo. Bajo estos parámetros, la trama de De Cabo habría constituido sociedades en Chipre, Suiza, Lietchenstein, Malta y Hong Kong, 'todos ellos jurisdicciones de riesgo'.
