El PP logró ayer en el Congreso de los Diputados que su reforma laboral fuera respaldada por CiU, UPN y Foro Asturias, mientras que fue duramente criticada por la izquierda, que espera poder rectificarla durante el trámite parlamentario de la norma. El Pleno del Congreso convalidó la reforma -en vigor desde el 12 de febrero- y además aprobó que sea tramitada como proyecto de ley.
Tras las votaciones, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró satisfecho con la convalidación y señaló que espera que cuando la actividad económica empiece a repuntar sea 'útil' para el 'gran objetivo' de su Ejecutivo, que es la creación de empleo.
La aprobación de la reforma se dio en un debate 'inevitablemente muy vivo y encontrado', tal y como lo definió el presidente de la Cámara, Jesús Posada. Esta definición de Posada se produjo después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, hubiese cruzado duros reproches con la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez.
Báñez ha dicho que la reforma es 'completa y equilibrada', piensa en el 'interés general' y pretende contribuir en el corto plazo a frenar la 'sangría' del desempleo. La ministra también resaltó que se basó en el diálogo con los sindicatos y los empresarios, y que con ella el despido no será más fácil, sino que será causal.
Rodríguez le respondió que la norma es 'inútil' y consideró que plantearla en tiempos de recesión y ajustes es una 'barbaridad'. A su juicio, es 'desequilibrada' porque supone una ruptura de los equilibrios constitucionales en los que se basaron más de treinta años de negociación colectiva y paz y cohesión social.
PACTO CON CIU
Al que sí le gusta es a CiU, porque, según Carles Campuzano, es profunda, sin subvertir los principios constitucionales, refuerza la presencia del arbitraje y del poder del empresario, facilita la creación de empleo en las pymes y refuerza el derecho de formación, lo que acerca el modelo español de relaciones laborales al europeo. El apoyo de CiU se produjo tras pactar con Empleo que, en la tramitación, se incluya una enmienda que permita a las autonomías desarrollar medidas de políticas activas de empleo distintas a las diseñadas por la Administración central.
Para el diputado de UPN Carlos Salvador, había que hacer algo ante el drama de los casi 5,3 millones de parados, mientras que para Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, el Gobierno debe salir a la calle para explicar la reforma a los ciudadanos. Por el contrario, el portavoz de Izquierda Plural Joan Coscubiela cree que la reforma es 'injusta, ineficaz e inútil', abre 'como nunca' la vía del despido e intenta restringir el acceso de los trabajadores a los tribunales.
La diputada de UPyD Rosa Díez ha dicho que la reforma es 'profunda y necesaria', pero es 'incompleta y desequilibrada', y 'desaprovecha una oportunidad histórica' para dotar a España de un marco de contratación estable.
Desde el PNV, Emilio Olavarría ha justificado su oposición porque 'quebranta' los derechos de las mujeres y 'sobredimensiona' el poder empresarial respecto a las condiciones laborales de los trabajadores y el despido.
Los partidos del Grupo Mixto Geroa Bai, Compromis, BNG, y ERC han subrayado que la reforma hace más precario el empleo y otorga mayor poder al empresario, mientras que CC insiste en que ha sido fruto del diálogo social.
LOS ERE ANDALUCES Y EL ABORTO TAMBIÉN ENTRARON EN EL DEBATE
El Gobierno y el PSOE aprovecharon el debate parlamentario de la reforma laboral para echarse en cara en el Pleno del Congreso las polémicas de los ERE andaluces y de las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acerca de la 'violencia estructural' que supuestamente conduce a las mujeres a abortar.
En una de sus intervenciones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, empezó sacando a relucir el escándalo de los EREs andaluces, precisamente cuando arranca la campaña electoral. 'Vergüenza les debería dar que unos compañeros suyos en Andalucía, con el dinero del desempleo y las prestaciones sociales, pongan en riesgo los fondos de solidaridad', aseguró, dirigiéndose al PSOE.
Por su parte, la portavoz del Grupo del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, aprovechó para reprochar a Báñez y al Gobierno las declaraciones de Gallardón, en las que defendía que la presión social obliga a muchas mujeres a abortar, unas palabras que, a su juicio, no 'sólo descalifican a su autor', sino también a todos los que las aplaudieron 'con entusiasmo'.
'¿Cómo se puede decir que se protege el derecho a la maternidad cuando esta reforma limita el derecho de lactancia?', sepreguntó, asegurando sentir 'vergüenza' de que el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, se dedique a lanzar proclamas ideológicas 'vacías'.
Soraya Rodríguez avisó al Gobierno de que las mujeres trabajadoras no necesitan la protección del PP, que en su opinión sólo quiere 'tutelarlas'.
La aprobación de la reforma se dio en un debate 'inevitablemente muy vivo y encontrado', tal y como lo definió el presidente de la Cámara, Jesús Posada. Esta definición de Posada se produjo después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, hubiese cruzado duros reproches con la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez.
Báñez ha dicho que la reforma es 'completa y equilibrada', piensa en el 'interés general' y pretende contribuir en el corto plazo a frenar la 'sangría' del desempleo. La ministra también resaltó que se basó en el diálogo con los sindicatos y los empresarios, y que con ella el despido no será más fácil, sino que será causal.
Rodríguez le respondió que la norma es 'inútil' y consideró que plantearla en tiempos de recesión y ajustes es una 'barbaridad'. A su juicio, es 'desequilibrada' porque supone una ruptura de los equilibrios constitucionales en los que se basaron más de treinta años de negociación colectiva y paz y cohesión social.
PACTO CON CIU
Al que sí le gusta es a CiU, porque, según Carles Campuzano, es profunda, sin subvertir los principios constitucionales, refuerza la presencia del arbitraje y del poder del empresario, facilita la creación de empleo en las pymes y refuerza el derecho de formación, lo que acerca el modelo español de relaciones laborales al europeo. El apoyo de CiU se produjo tras pactar con Empleo que, en la tramitación, se incluya una enmienda que permita a las autonomías desarrollar medidas de políticas activas de empleo distintas a las diseñadas por la Administración central.
Para el diputado de UPN Carlos Salvador, había que hacer algo ante el drama de los casi 5,3 millones de parados, mientras que para Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, el Gobierno debe salir a la calle para explicar la reforma a los ciudadanos. Por el contrario, el portavoz de Izquierda Plural Joan Coscubiela cree que la reforma es 'injusta, ineficaz e inútil', abre 'como nunca' la vía del despido e intenta restringir el acceso de los trabajadores a los tribunales.
La diputada de UPyD Rosa Díez ha dicho que la reforma es 'profunda y necesaria', pero es 'incompleta y desequilibrada', y 'desaprovecha una oportunidad histórica' para dotar a España de un marco de contratación estable.
Desde el PNV, Emilio Olavarría ha justificado su oposición porque 'quebranta' los derechos de las mujeres y 'sobredimensiona' el poder empresarial respecto a las condiciones laborales de los trabajadores y el despido.
Los partidos del Grupo Mixto Geroa Bai, Compromis, BNG, y ERC han subrayado que la reforma hace más precario el empleo y otorga mayor poder al empresario, mientras que CC insiste en que ha sido fruto del diálogo social.
LOS ERE ANDALUCES Y EL ABORTO TAMBIÉN ENTRARON EN EL DEBATE
El Gobierno y el PSOE aprovecharon el debate parlamentario de la reforma laboral para echarse en cara en el Pleno del Congreso las polémicas de los ERE andaluces y de las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acerca de la 'violencia estructural' que supuestamente conduce a las mujeres a abortar.
En una de sus intervenciones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, empezó sacando a relucir el escándalo de los EREs andaluces, precisamente cuando arranca la campaña electoral. 'Vergüenza les debería dar que unos compañeros suyos en Andalucía, con el dinero del desempleo y las prestaciones sociales, pongan en riesgo los fondos de solidaridad', aseguró, dirigiéndose al PSOE.
Por su parte, la portavoz del Grupo del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, aprovechó para reprochar a Báñez y al Gobierno las declaraciones de Gallardón, en las que defendía que la presión social obliga a muchas mujeres a abortar, unas palabras que, a su juicio, no 'sólo descalifican a su autor', sino también a todos los que las aplaudieron 'con entusiasmo'.
'¿Cómo se puede decir que se protege el derecho a la maternidad cuando esta reforma limita el derecho de lactancia?', sepreguntó, asegurando sentir 'vergüenza' de que el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, se dedique a lanzar proclamas ideológicas 'vacías'.
Soraya Rodríguez avisó al Gobierno de que las mujeres trabajadoras no necesitan la protección del PP, que en su opinión sólo quiere 'tutelarlas'.
