Nueva Rumasa solicitó el 'preconcurso' de acreedores para sus empresas Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa (Apis y Fruco), Quesería Menorquina y Rayo Vallecano, con lo que abre una 'nueva etapa de reestructuración' que, según la familia Ruiz-Mateos, garantizará 'su viabilidad futura y el cumplimiento de la totalidad de sus compromisos'.
El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, aseguró junto a sus seis hijos varones y parte del equipo directivo, que su objetivo se centra en proteger los intereses de sus empleados y remarcó que cumplirá sus compromisos con los más de 5.000 inversores que han confiado en la compañía con la suscripción de pagarés o de participaciones. 'Si no pudiera satisfacer esa obligación y no tuviera fe, me pegaría un tiro', dijo.
Estas diez sociedades, que concentran gran parte de los 700 millones de euros de deuda bancaria del grupo, se acogieron al procedimiento de la Ley Concursal, que concede un plazo de cuatro meses para negociar con los acreedores a fin de evitar la suspensión de pagos y que blinda a las empresas ante cualquiera entidad que pretenda instar un concurso de acreedores necesario. Los principales acreedores son Banco Santander y Banesto. La propuesta de Nueva Rumasa se centrará en el aplazamiento de la deuda, según el consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos Rivero, quien a preguntas de los periodistas descartó la petición de una quita, a lo que el patriarca de la familia replicó: 'aquí no se quita nada, se añade'.
Ruiz-Mateos 'junior' detalló que el grupo ha sufrido todos los efectos de la crisis, pero su situación 'se ve agravada' por una 'bestial campaña orquestada' por intereses que dijo desconocer, por lo que se ha visto 'obligado a solicitar esta medida de protección judicial'. No obstante, subrayó que no afecta a la actividad diaria de la compañía ni a su patrimonio, que 'roza los 6.000 millones de euros'.
Estas diez sociedades, que concentran gran parte de los 700 millones de euros de deuda bancaria del grupo, se acogieron al procedimiento de la Ley Concursal, que concede un plazo de cuatro meses para negociar con los acreedores a fin de evitar la suspensión de pagos y que blinda a las empresas ante cualquiera entidad que pretenda instar un concurso de acreedores necesario. Los principales acreedores son Banco Santander y Banesto. La propuesta de Nueva Rumasa se centrará en el aplazamiento de la deuda, según el consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos Rivero, quien a preguntas de los periodistas descartó la petición de una quita, a lo que el patriarca de la familia replicó: 'aquí no se quita nada, se añade'.
Ruiz-Mateos 'junior' detalló que el grupo ha sufrido todos los efectos de la crisis, pero su situación 'se ve agravada' por una 'bestial campaña orquestada' por intereses que dijo desconocer, por lo que se ha visto 'obligado a solicitar esta medida de protección judicial'. No obstante, subrayó que no afecta a la actividad diaria de la compañía ni a su patrimonio, que 'roza los 6.000 millones de euros'.
