El Gobierno y la oposición están enzarzados en un debate sobre si deben subirse, mantenerse o bajarse los impuestos. Es un debate interesante y a la vez necesario, pero que exige rigor y medidas en profundidad.
En España está planteada, de hecho, una reforma fiscal, en la que han trabajado durante meses varios expertos. Se supone, por tanto, que el Gobierno tomará alguna iniciativa de calado, no solo de maquillaje.
De manera simultánea a este proceso ralentizado, el PP ha irrumpido en el debate con medidas fiscales urgentes, que sirven para personalizar en Feijóo esta iniciativa que por un lado se justifica como contrapeso de la disparada inflación y, por otro, por la deflactación de la tarifa de IRPF.
Las medidas que propone el PP, algunas transitorias, no constituyen una reforma fiscal, pero sí comprenden algunas medidas interesantes, como la deflactación. ¿Es compatible hacer la reforma fiscal y aplicar parches? Puede serlo, si no se quiere afrontar el problema de fondo, del mismo modo que ha sucedido en los últimos años con gobiernos del PP y del PSOE.
La cuestión de fondo tiene que ver con dos cosas: 1) el déficit estructural de España y su nivel de deuda pública, y 2) la dimensión de su Estado del bienestar. ¿Puede haber consenso sobre estos dos puntos? Sobre el primero sí, ya que, en condiciones normales, el objetivo de déficit lo fija Bruselas, aunque ahora estemos en un período sin regla de gasto. Sobre el segundo sería deseable, pero parece improbable, a diferencia de lo que sucede en los grandes socios europeos, Alemania y Francia. En estos países, la derecha y la izquierda –no hablamos de la extrema derecha– comparten un nivel similar de gasto público sobre PIB, que es superior al de España. Y lo comparten porque su concepción sobre el perímetro del Estado de bienestar es coincidente desde hace mucho tiempo.
¿Por qué España es diferente? En primer lugar, porque su economía es más débil que las de Alemania y Francia, por lo que aquí cuesta más elevar la dimensión de la economía pública. Un botón de muestra: España puede subir el IRPF con mucho margen, como de hecho hace, gobiernen PP o PSOE, pero tiene poca capacidad para elevar la recaudación por Sociedades, porque su entramado empresarial es más débil. Solo en los tiempos de la burbuja inmobiliaria se logró recaudar realmente mucho dinero con cargo a los beneficios de las compañías, pero esos tiempos no volverán a España, al menos en muchos años.
Si hablamos en serio, donde realmente el Gobierno tiene margen para actuar es en el IRPF y un poco en el IVA. Sociedades da poco de sí y Especiales es chunda-chunda. Los otros impuestos, más allá de estos cuatro, son marginales en términos de recaudación, mantenimiento del Estado de bienestar y cumplimiento del déficit.
¿Tiene esta percepción la mayoría de la gente? No. Los partidos no suelen explicar todo esto y, aunque cuando gobiernan, hacen cosas parecidas, en sus discursos políticos –electorales– juegan a aparentar que son los que más defienden la bajada de impuestos, actualmente el PP, o los que mejor garantizan el Estado de bienestar, la baza del PSOE.
¿Mienten ambos? Más que mentir, trasladan a un debate técnico discursos populistas, a modo de tuits, de forma que el debate se banaliza y el votante se queda con ideas primarias. Son las cosas que pasan en los países menos desarrollados y en crisis. En Suiza no tendría sentido un debate de este tipo.
Al alza: la recaudación
Aproximadamente, cada punto de inflación adicional supone algo más de 2.000 millones de euros de recaudación adicional, según destaca el PP, basándose en estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España (AIReF), un organismo independiente de control fiscal cuyo objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, así como la sostenibilidad financiera del país. Con ese dato, el partido de Feijóo abandera la deflactación de la tarifa de IRPF.
A la baja: los impuestos
Bajar los impuestos es el gran mantra político del PP con Alberto Núñez Feijóo al frente. Quiere actuar en el IRPF, deflactando la tarifa y con una nueva figura en el mínimo personal y familiar, pero también en el IVA y Especiales, en este caso en el gas, la electricidad y los hidrocarburos. Los populares ven factible poder afectar –se supone que beneficiar– al 80% de los contribuyentes. Desde el Gobierno dicen que lo estudiarán, pero que le cuesta ver las bondades de estas iniciativas.
