El sindicato minero SOMA, integrado en la federación SOMA-FITAG-UGT, ha insisito en que considera 'irrenunciables' los pagos de ayudas al carbón referentes a 2012, su convocatoria para 2013 y su mantenimiento al menos hasta 2018. Además, ha exigido la continuidad de la actividad de la empresa Hunosa.
Así lo ha señalado en una nota de prensa, tras una reunión celebrada entre los representantes de la Federación y la dirección del SOMA, en su sede de Langreo, en la que se han aclarado los puntos tratados en la reunión con Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía.
Ha dejado claro los puntos irrenunciables: la normalización del el sector, con el pago de las ayudas correspondientes al año 2012 -a todas las empresas- y la convocatoria de las mismas para 2013, así como su continuidad de las mismas hasta 2018, como recoge el único documento 'oficial' de la UE, que es la Decisión del Consejo 2010/787/UE.
Se trata de propuestas a incluir en el nuevo marco regulador que presenta el Gobierno, para que 'de una vez por todas, se garantice la estabilidad y el empleo del sector y la posibilidad de recuperación y transformación de la estructura socioeconómica de las comarcas mineras y de todo el conjunto de la región', señala el sindicato.
En esta línea, también propone para la empresa Hunosa 'reclamar su papel como instrumento clave para mantener o incrementar el porcentaje de producción autóctona de energía, que asegure una reserva estratégica por la que venimos apostando desde hace ya mucho tiempo'.
Apuesta también el sindicato por 'un marco regulador que, en su parte territorial debe contribuir a la continuidad en el cambio de la estructura socioeconómica de las Comarcas Mineras, progresando en la reactivación -corrigiendo los errores pasados- recuperando ayudas a la formación y becas; creando un modelo empresarial fuerte, innovador y competitivo capaz de generar empleo estable y de calidad así como la continuación del trabajo en infraestructuras; todo ello con el objeto de no condenar a unos territorios al paro, el despoblamiento y la desolación. Todo ello complementado con el mantenimiento de un pacto social, que garantice una salida no traumática de excedentes'.
El comunicado ha acusado al Gobierno de Rajoy de 'abocar al sector al cierre, y a las comarcas mineras a la desolación y al paro'. Además, entiende que 'ahora da un paso más en el proceso de desmantelamiento del estado de bienestar, social y de derecho, con una persecución a los prejubilados, basada en la ruptura de los acuerdos individuales firmados, y con medidas que menoscaban el colchón de rentas existentes que supone el sustento de familias enteras, en unas Comarcas Mineras que presentan unos dramáticos índices de paro, superior a la media nacional, así como un cada vez más pronunciado despoblamiento'.
La próxima semana, las organizaciones sindicales, mantendrán asambleas conjuntas, en los distintos centros de trabajo, con el fin de informar a todos los trabajadores y trabajadoras.
Ha dejado claro los puntos irrenunciables: la normalización del el sector, con el pago de las ayudas correspondientes al año 2012 -a todas las empresas- y la convocatoria de las mismas para 2013, así como su continuidad de las mismas hasta 2018, como recoge el único documento 'oficial' de la UE, que es la Decisión del Consejo 2010/787/UE.
Se trata de propuestas a incluir en el nuevo marco regulador que presenta el Gobierno, para que 'de una vez por todas, se garantice la estabilidad y el empleo del sector y la posibilidad de recuperación y transformación de la estructura socioeconómica de las comarcas mineras y de todo el conjunto de la región', señala el sindicato.
En esta línea, también propone para la empresa Hunosa 'reclamar su papel como instrumento clave para mantener o incrementar el porcentaje de producción autóctona de energía, que asegure una reserva estratégica por la que venimos apostando desde hace ya mucho tiempo'.
Apuesta también el sindicato por 'un marco regulador que, en su parte territorial debe contribuir a la continuidad en el cambio de la estructura socioeconómica de las Comarcas Mineras, progresando en la reactivación -corrigiendo los errores pasados- recuperando ayudas a la formación y becas; creando un modelo empresarial fuerte, innovador y competitivo capaz de generar empleo estable y de calidad así como la continuación del trabajo en infraestructuras; todo ello con el objeto de no condenar a unos territorios al paro, el despoblamiento y la desolación. Todo ello complementado con el mantenimiento de un pacto social, que garantice una salida no traumática de excedentes'.
El comunicado ha acusado al Gobierno de Rajoy de 'abocar al sector al cierre, y a las comarcas mineras a la desolación y al paro'. Además, entiende que 'ahora da un paso más en el proceso de desmantelamiento del estado de bienestar, social y de derecho, con una persecución a los prejubilados, basada en la ruptura de los acuerdos individuales firmados, y con medidas que menoscaban el colchón de rentas existentes que supone el sustento de familias enteras, en unas Comarcas Mineras que presentan unos dramáticos índices de paro, superior a la media nacional, así como un cada vez más pronunciado despoblamiento'.
La próxima semana, las organizaciones sindicales, mantendrán asambleas conjuntas, en los distintos centros de trabajo, con el fin de informar a todos los trabajadores y trabajadoras.
