El Tribunal Supremo decidió que los antecedentes penales del consejero delegado del Santander, Alfredo Saénz deben contar con todos sus 'efectos administrativos', lo que devuelve al Banco de España la decisión de si debe ser inhabilitado en el cargo. El Supremo ha fallado hoy que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se extralimitó en sus funciones cuando, al indultar al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, estableció que no le podía afectar ningún 'impedimento para ejercer la actividad bancaria'.
En la práctica, esa decisión suponía que la existencia de antecedentes penales no afectaría a su honorabilidad como banquero y por tanto no tendría que ser inhabilitado por el Banco de España.
El Real Decreto 1.245 de 1995 indica que toda persona con antecedentes penales carecerá de la 'honorabilidad profesional' necesaria para ejercer la actividad bancaria. Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo falló de manera unánime que la posibilidad de indultar de la que dispone el Ejecutivo no le faculta para eliminar los antecedentes derivados de la condena penal, según confirmaron fuentes del Tribunal.
Se trata de una estimación parcial del recurso presentado en nombre de Banesto. La decisión anula los efectos administrativos del indulto que inhabilitaban a Sáenz ejercer como banquero, pero mantiene el indulto sobre su parte penal, es decir, el arresto de tres meses al que fue condenado.
Sáenz fue condenado a raíz de una denuncia presentada por los empresarios Pedro Olabarría, Modesto González Mestre y los hermanos José Ignacio y Luis Fernando Romero García, que fueron detenidos en 1994 por el juez en Barcelona posteriormente expulsado de la carrera Lluís Pasqual Estevil. Banesto, de la que Sáenz era entonces presidente, les reclamaba más de 600 millones de las antiguas pesetas. Tras decaer esta acción por estafa, los empresarios actuaron contra Sáenz y otros directivos por denuncia falsa y en 2009 la Audiencia Provincial de Barcelona les condenó a seis meses y un día de prisión y a multa por denuncia falsa. Posteriormente, la pena fue rebajada por el Supremo.
Alfredo Sáenz es el único de los condenados por el Supremo por el caso de la denuncia falsa que continúa desempeñando un cargo en banca, después de que otro de los directivos condenados, Miguel Ángel Calama, abandonara en septiembre su puesto de director general de Globalcaja para acogerse al plan de prejubilaciones de esta entidad rural.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, eludió ayer pronunciarse sobre la decisión del Supremo y se limitó a señalar que tanto el Gobierno como el Banco de España aplicarán el fallo, que podría inhabilitarle para el cargo.
El Real Decreto 1.245 de 1995 indica que toda persona con antecedentes penales carecerá de la 'honorabilidad profesional' necesaria para ejercer la actividad bancaria. Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo falló de manera unánime que la posibilidad de indultar de la que dispone el Ejecutivo no le faculta para eliminar los antecedentes derivados de la condena penal, según confirmaron fuentes del Tribunal.
Se trata de una estimación parcial del recurso presentado en nombre de Banesto. La decisión anula los efectos administrativos del indulto que inhabilitaban a Sáenz ejercer como banquero, pero mantiene el indulto sobre su parte penal, es decir, el arresto de tres meses al que fue condenado.
Sáenz fue condenado a raíz de una denuncia presentada por los empresarios Pedro Olabarría, Modesto González Mestre y los hermanos José Ignacio y Luis Fernando Romero García, que fueron detenidos en 1994 por el juez en Barcelona posteriormente expulsado de la carrera Lluís Pasqual Estevil. Banesto, de la que Sáenz era entonces presidente, les reclamaba más de 600 millones de las antiguas pesetas. Tras decaer esta acción por estafa, los empresarios actuaron contra Sáenz y otros directivos por denuncia falsa y en 2009 la Audiencia Provincial de Barcelona les condenó a seis meses y un día de prisión y a multa por denuncia falsa. Posteriormente, la pena fue rebajada por el Supremo.
Alfredo Sáenz es el único de los condenados por el Supremo por el caso de la denuncia falsa que continúa desempeñando un cargo en banca, después de que otro de los directivos condenados, Miguel Ángel Calama, abandonara en septiembre su puesto de director general de Globalcaja para acogerse al plan de prejubilaciones de esta entidad rural.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, eludió ayer pronunciarse sobre la decisión del Supremo y se limitó a señalar que tanto el Gobierno como el Banco de España aplicarán el fallo, que podría inhabilitarle para el cargo.
