El Supremo considera que el anterior Gobierno incurrió en una 'clara extralimitación' de sus competencias al cancelar, con el indulto que concedió al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, las consecuencias administrativas de su condena, lo que permitió que permaneciera en el cargo.
El Alto Tribunal establece que 'la ley no autoriza al Gobierno a condonar cosa distinta de la pena o penas impuestas' y subraya que 'llevar más allá la extensión de la gracia contraviene la ley y la Constitución'.
Por ello, achacan al Ejecutivo de Zapatero que, aún cuando podía 'decidir a quién perdona y a quién no, y si perdona la totalidad o sólo parte de la pena, e incluso poner condiciones para la condonación, lo cierto es que lo que se puede perdonar, el contenido material del indulto, lo marca la ley'. Una ley que, insiste, se 'extiende a todo o parte de la pena', según la doctrina del Constitucional, 'pero a nada más'.
Por ello, achacan al Ejecutivo de Zapatero que, aún cuando podía 'decidir a quién perdona y a quién no, y si perdona la totalidad o sólo parte de la pena, e incluso poner condiciones para la condonación, lo cierto es que lo que se puede perdonar, el contenido material del indulto, lo marca la ley'. Una ley que, insiste, se 'extiende a todo o parte de la pena', según la doctrina del Constitucional, 'pero a nada más'.
