Los negociadores de la Eurocámara y de los Estados miembros han alcanzado hoy un acuerdo final sobre una norma cuyo objetivo es mejorar la protección de los pequeños inversores frente a los fondos de inversión que asumen riesgos excesivos o innecesarios con su dinero.
La norma aclara en particular las responsabilidades de los depositarios de fondos de inversión para paliar las consecuencias de estafas con las del caso Madoff. También fija topes a la remuneración de los gestores de estos fondos de inversión (conocidos como UCITS, por sus siglas en inglés).
El comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier, se ha felicitado por el acuerdo porque a su juicio "mejorará considerablemente la protección de los inversores" y "garantizará que los abusos observados en el momento del escándalo Madoff no se repitan".
Las nuevas reglas establecen que al menos la mitad de la parte variable de la remuneración de los gestores de fondo de inversión se paguen en activos del propio fondo. Asimismo, el pago de al menos un 40% adicional de esta remuneración variable se diferirá al menos 3 años, con el fin de incitar a los gestores a adoptar una visión a largo plazo.
Para clarificar quién es responsable del dinero de los pequeños inversores, las reglas exigen a los responsables del fondo UCITS designar un depositario único (una institución de crédito o autoridad legal autorizada con un nivel adecuado de recursos propios) para supervisar los pagos de los inversores al fondo y actuar como custodio de sus activos. Ninguna sociedad de gestión podrá actuar a la vez como depositario.
Los depositarios no podrán actuar sin autorización y deberán mantener el dinero de los inversores claramente separado de sus propios activos. También se les prohibirá invertir estos fondos en su propia cuenta. Los depositarios también podrán ser considerados responsables por cualquier pérdida de activos, incluso si delegan su custodia a un tercero.
Todos los Estados miembros deberán incorporar a sus legislaciones nacionales penas administrativas para los fondos que incumplan estas reglas, entre ellas la suspensión de autorización y la prohibición temporal y permanente de ejercer para los gestores responsables. Las empresas serán multadas con hasta el 10% de su facturación anual o 5 millones de euros y los gestores con hasta 2 millones de euros.
