El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha asegurado hoy que el organismo al que representa 'agotará' todos los recursos del ordenamiento jurídico en la defensa de los afectados por las participaciones preferentes'.
Además, ha anunciado que la Fiscalía Superior de Galicia ultima el recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña que inadmite a trámite dos aspectos cruciales de la demanda sobre las participaciones preferentes.
Así lo ha anunciado el fiscal superior de Galicia en declaraciones a los periodistas tras reunirse con representantes de las plataformas de los afectados.
Concretamente, dicho juzgado inadmite las peticiones de nulidad y de resarcimiento de los perjudicados interesadas por la Fiscalía, aunque sí admite a trámite la solicitud fiscal de cesación de las posibles prácticas abusivas en los contratos de comercialización suscritos por las entidades demandadas.
Varela ha insistido hoy en que la Fiscalía interpondrá un recurso de apelación para que se revoquen los planteamientos que recoge el auto del juzgado.
'Entendemos que se hace una interpretación excesivamente restrictiva de la legitimación de la Fiscalía para ejercitar las acciones de cesación, resarcimiento y nulidad de los contratos', ha explicado.
Ha añadido que la Fiscalía va a defender en su recurso en que se trata de una 'acción colectiva de intereses difusos'.
El fiscal superior ha indicado que ésa será la tesis que se traslade a la Audiencia Provincial y ha precisado que fue avalada por el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y por fiscales especialistas en consumo.
Ha recalcado que la Fiscalía va a defender 'en todo momento y hasta agotar las posibilidades del ordenamiento jurídico los intereses de los afectados por las preferentes'.
'El caso de las preferentes va a ser el caso de la Fiscalía en Galicia', ha proclamado Varela.
Ha explicado que la Fiscalía tiene de plazo hasta el 18 de octubre para presentar el recurso, que actualmente esta en fase de redacción.
Preguntado por el escenario que se plantearía si la Audiencia rechaza el recurso de la Fiscalía, Varela ha puntualizado que los afectados podrían entonces 'acudir individualmente' a los juzgados.
'Lo que pretende evitar la acción colectiva es concentrar todas las reclamaciones en un único juzgado para no llenar Galicia de pleitos', ha señalado el fiscal superior, que ha recordado que son más de 40.000 los afectados.
La Fiscalía Superior de Galicia demandó el pasado mes de julio a a Novagalicia Banco (NGB) por la venta de participaciones preferentes y solicita que se condene a la entidad por 'prácticas abusivas', además de establecer como medida cautelar el depósito de 1.108.760.000 euros.
Este depósito equivaldría a las cantidades obtenidas por la entidad financiera gallega como consecuencia de las 'prácticas abusivas' denunciadas, ya que se calcula que los afectados en toda la comunidad autónoma superan los 40.000 con una media de 27.719 euros por inversor.
La demanda persigue 'una acción civil de cesación dirigida a poner fin a una práctica abusiva contraria a la normativa protectora de los consumidores'.
A esta acción de cesación se acumula otra de resarcimiento con la que se pretende la devolución de las cantidades invertidas en el producto de las participaciones preferentes.
Esta acción de cesación está contemplada en la Ley de enjuiciamiento civil y en la legislación específica de consumo.
La Fiscalía entiende que se vendió este producto 'a personas analfabetas, discapacitadas e incluso menores a través de las figuras de un tutor', casos que han sido derivados a la vía penal por si se produjo falsedad documental.
La demanda exige a la entidad financiera que cese en esa práctica y que se comprometa a evitar en el futuro cualquier actuación que no responda a una 'ajustada' información suficiente, adecuada, comprensible y adaptada a las circunstancias del inversor en materia de participaciones preferentes.
En segundo lugar, la demanda persigue que se declare la nulidad de los contratos suscritos como participaciones preferentes en los que se produjo un defecto o una información insuficiente no adaptaba al perfil del cliente.
Se solicita también que se restituyan las cantidades invertidas en este producto con indemnizaciones en su caso de daños y perjuicios causados.
En la elaboración de la demanda civil se han analizado contratos aportados por el Instituto Galego de Consumo, por la Fiscalía de Pontevedra, que abrió diligencias informativas el pasado mes de febrero, y por la Asociación de Consumidores de Banca (Adicae).
Hace dos años, la Fiscalía General del Estado remitió un decreto a todas las fiscalías para que se personasen en materia de consumo cuando se viera afectado un 'colectivo amplio' de personas, como es el caso de las participaciones preferentes.
La de Galicia fue la primera Fiscalía Superior de una Comunidad Autónoma en demandar a una entidad bancaria por la venta de participaciones preferentes.
Así lo ha anunciado el fiscal superior de Galicia en declaraciones a los periodistas tras reunirse con representantes de las plataformas de los afectados.
Concretamente, dicho juzgado inadmite las peticiones de nulidad y de resarcimiento de los perjudicados interesadas por la Fiscalía, aunque sí admite a trámite la solicitud fiscal de cesación de las posibles prácticas abusivas en los contratos de comercialización suscritos por las entidades demandadas.
Varela ha insistido hoy en que la Fiscalía interpondrá un recurso de apelación para que se revoquen los planteamientos que recoge el auto del juzgado.
'Entendemos que se hace una interpretación excesivamente restrictiva de la legitimación de la Fiscalía para ejercitar las acciones de cesación, resarcimiento y nulidad de los contratos', ha explicado.
Ha añadido que la Fiscalía va a defender en su recurso en que se trata de una 'acción colectiva de intereses difusos'.
El fiscal superior ha indicado que ésa será la tesis que se traslade a la Audiencia Provincial y ha precisado que fue avalada por el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y por fiscales especialistas en consumo.
Ha recalcado que la Fiscalía va a defender 'en todo momento y hasta agotar las posibilidades del ordenamiento jurídico los intereses de los afectados por las preferentes'.
'El caso de las preferentes va a ser el caso de la Fiscalía en Galicia', ha proclamado Varela.
Ha explicado que la Fiscalía tiene de plazo hasta el 18 de octubre para presentar el recurso, que actualmente esta en fase de redacción.
Preguntado por el escenario que se plantearía si la Audiencia rechaza el recurso de la Fiscalía, Varela ha puntualizado que los afectados podrían entonces 'acudir individualmente' a los juzgados.
'Lo que pretende evitar la acción colectiva es concentrar todas las reclamaciones en un único juzgado para no llenar Galicia de pleitos', ha señalado el fiscal superior, que ha recordado que son más de 40.000 los afectados.
La Fiscalía Superior de Galicia demandó el pasado mes de julio a a Novagalicia Banco (NGB) por la venta de participaciones preferentes y solicita que se condene a la entidad por 'prácticas abusivas', además de establecer como medida cautelar el depósito de 1.108.760.000 euros.
Este depósito equivaldría a las cantidades obtenidas por la entidad financiera gallega como consecuencia de las 'prácticas abusivas' denunciadas, ya que se calcula que los afectados en toda la comunidad autónoma superan los 40.000 con una media de 27.719 euros por inversor.
La demanda persigue 'una acción civil de cesación dirigida a poner fin a una práctica abusiva contraria a la normativa protectora de los consumidores'.
A esta acción de cesación se acumula otra de resarcimiento con la que se pretende la devolución de las cantidades invertidas en el producto de las participaciones preferentes.
Esta acción de cesación está contemplada en la Ley de enjuiciamiento civil y en la legislación específica de consumo.
La Fiscalía entiende que se vendió este producto 'a personas analfabetas, discapacitadas e incluso menores a través de las figuras de un tutor', casos que han sido derivados a la vía penal por si se produjo falsedad documental.
La demanda exige a la entidad financiera que cese en esa práctica y que se comprometa a evitar en el futuro cualquier actuación que no responda a una 'ajustada' información suficiente, adecuada, comprensible y adaptada a las circunstancias del inversor en materia de participaciones preferentes.
En segundo lugar, la demanda persigue que se declare la nulidad de los contratos suscritos como participaciones preferentes en los que se produjo un defecto o una información insuficiente no adaptaba al perfil del cliente.
Se solicita también que se restituyan las cantidades invertidas en este producto con indemnizaciones en su caso de daños y perjuicios causados.
En la elaboración de la demanda civil se han analizado contratos aportados por el Instituto Galego de Consumo, por la Fiscalía de Pontevedra, que abrió diligencias informativas el pasado mes de febrero, y por la Asociación de Consumidores de Banca (Adicae).
Hace dos años, la Fiscalía General del Estado remitió un decreto a todas las fiscalías para que se personasen en materia de consumo cuando se viera afectado un 'colectivo amplio' de personas, como es el caso de las participaciones preferentes.
La de Galicia fue la primera Fiscalía Superior de una Comunidad Autónoma en demandar a una entidad bancaria por la venta de participaciones preferentes.
