El Gobierno recurrirá la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña si la Abogacía del Estado considera que es contraria a la Constitución, para lo que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, encargó un informe con carácter urgente.
El Gobierno está convencido de que el texto acordado en la Cámara autonómica el pasado miércoles, apoyado por el 63% de los diputados catalanes y que define Cataluña como un 'sujeto político y jurídico soberano', no tiene efectos jurídicos y, por lo tanto, no será necesario llevarlo ante el Tribunal Constitucional.
No obstante, el jefe del Ejecutivo explicó en una conversación informal con periodistas durante su visita oficial a Chile que desea que los servicios jurídicos del Estado sean los que determinen si eso es así y estudien con detalle si el hecho de que ahora el Ejecutivo no lo impugne puede tener alguna consecuencia en el discurrir futuro de la declaración. Rajoy ya se pronunció el jueves en una rueda de prensa en Lima (Perú), donde se encontraba de viaje oficial, y aseguró que la declaración 'no sirve para nada', pero que el Ejecutivo siempre aplicará la ley.
Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Ejecutivo impugnará esta iniciativa si lo aconseja la Abogacía del Estado. El Gobierno se pronunciará una vez tenga un 'análisis riguroso y exhaustivo', añadió Sáenz de Santamaría, quien sostuvo que el texto 'no se ajusta a las normas del marco de convivencia acordado entre todos', además de añadir 'incertidumbre en un momento en el que la estabilidad es muy necesaria'.
CUMPLIR LA LEY
Antes de que hablara la vicepresidenta, el conseller de Empresa y Ocupación de Cataluña, Felip Puig, consideró que el jefe del Ejecutivo 'está en su derecho' de encargar este informe para decidir sobre un posible recurso y las consecuencias que puede tener.
Rajoy está dispuesto a hablar 'de lo que quiera' con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, a quien dijo también en una entrevista que 'tendrá que cumplir la ley' o el Ejecutivo acudirá a los tribunales.
El presidente quiere trasladar su posición de serenidad y sin estridencias en esta cuestión a Mas en la próxima reunión que mantengan en La Moncloa, una cita para la que no hay fecha pero sobre la que hablaron cuando coincidieron el pasado 8 de enero en la inauguración del AVE entre Girona y Figueres.
Mas viajará la próxima semana a Madrid para mantener un encuentro con el rey en el Palacio de la Zarzuela, dentro de la ronda de contactos del monarca con los presidentes autonómicos elegidos en los últimos meses. Aunque esta cita no está motivada por la declaración del Parlamento, el contenido del texto podría ser abordado en la reunión que tendrá lugar el próximo jueves.
Don Juan Carlos, según comentó Rajoy, está 'preocupado' como todos los españoles por lo que está pasando en Cataluña, además de por la crisis económica.
El resto de autonomías continuó ayer pronunciándose en contra de la iniciativa catalana, un 'brindis al sol' que 'no va a tener ningún efecto', según el presidente de Extremadura, José Antonio Monago.
También arremetió contra la declaración el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien dijo que es 'inviable' y que Cataluña 'es una parte más del Estado español' y lo será 'siempre'.
Tras el rechazo frontal a las pretensiones de Cataluña hecho público el pasado jueves por las autonomías -a excepción del País Vasco y Canarias-, la Generalitat tachó de 'oportunismo de poca monta' la oferta hecha por el líder valenciano, Alberto Fabra, a las empresas para trasladarse a su comunidad.
No obstante, el jefe del Ejecutivo explicó en una conversación informal con periodistas durante su visita oficial a Chile que desea que los servicios jurídicos del Estado sean los que determinen si eso es así y estudien con detalle si el hecho de que ahora el Ejecutivo no lo impugne puede tener alguna consecuencia en el discurrir futuro de la declaración. Rajoy ya se pronunció el jueves en una rueda de prensa en Lima (Perú), donde se encontraba de viaje oficial, y aseguró que la declaración 'no sirve para nada', pero que el Ejecutivo siempre aplicará la ley.
Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Ejecutivo impugnará esta iniciativa si lo aconseja la Abogacía del Estado. El Gobierno se pronunciará una vez tenga un 'análisis riguroso y exhaustivo', añadió Sáenz de Santamaría, quien sostuvo que el texto 'no se ajusta a las normas del marco de convivencia acordado entre todos', además de añadir 'incertidumbre en un momento en el que la estabilidad es muy necesaria'.
CUMPLIR LA LEY
Antes de que hablara la vicepresidenta, el conseller de Empresa y Ocupación de Cataluña, Felip Puig, consideró que el jefe del Ejecutivo 'está en su derecho' de encargar este informe para decidir sobre un posible recurso y las consecuencias que puede tener.
Rajoy está dispuesto a hablar 'de lo que quiera' con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, a quien dijo también en una entrevista que 'tendrá que cumplir la ley' o el Ejecutivo acudirá a los tribunales.
El presidente quiere trasladar su posición de serenidad y sin estridencias en esta cuestión a Mas en la próxima reunión que mantengan en La Moncloa, una cita para la que no hay fecha pero sobre la que hablaron cuando coincidieron el pasado 8 de enero en la inauguración del AVE entre Girona y Figueres.
Mas viajará la próxima semana a Madrid para mantener un encuentro con el rey en el Palacio de la Zarzuela, dentro de la ronda de contactos del monarca con los presidentes autonómicos elegidos en los últimos meses. Aunque esta cita no está motivada por la declaración del Parlamento, el contenido del texto podría ser abordado en la reunión que tendrá lugar el próximo jueves.
Don Juan Carlos, según comentó Rajoy, está 'preocupado' como todos los españoles por lo que está pasando en Cataluña, además de por la crisis económica.
El resto de autonomías continuó ayer pronunciándose en contra de la iniciativa catalana, un 'brindis al sol' que 'no va a tener ningún efecto', según el presidente de Extremadura, José Antonio Monago.
También arremetió contra la declaración el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien dijo que es 'inviable' y que Cataluña 'es una parte más del Estado español' y lo será 'siempre'.
Tras el rechazo frontal a las pretensiones de Cataluña hecho público el pasado jueves por las autonomías -a excepción del País Vasco y Canarias-, la Generalitat tachó de 'oportunismo de poca monta' la oferta hecha por el líder valenciano, Alberto Fabra, a las empresas para trasladarse a su comunidad.
