Solicitan cárcel al acusarles de malversación de además prevaricación y desobediencia
| La acusación popular del caso 9N, encabezada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, ha pedido seis años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Artur Mas, para la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y para la que era consellera de Enseñanza Irene Rigau por organizar la consulta sobre la independencia en noviembre de 2014. En su escrito de acusación presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y al que ha tenido acceso Europa Press, los sindicatos, de acuerdo con las otras acusaciones, piden enjuiciarlos por desobediencia grave, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos --éste último delito es el que implicaría una pena de prisión--. Además de la pena de cárcel, los sindicatos solicitan la inhabilitación de Mas, Ortega y Rigau por diez años, en el caso de que el tribunal aprecie el concurso medial entre los tres delitos, o de doce si se contemplan por separado. A diferencia de la Fiscalía, que no aprecia malversación --por eso se limitó a pedir la inhabilitación de los tres por diez años por desobediencia y prevaricación--, la acusación sí que contempla este supuesto delito por haber usado "cuantiosos fondos públicos que facilitaron la indispensable infraestructura informática y logística". En concreto, cifra en 4,7 millones de euros el coste del 9N: un convenio con el Cire por 50.317 euros; pago a Solucions Tics y subcontratistas de 698.685; diseño de una campaña informativa por 21.767; registro del dominio www.participa2014.cat por 74 euros; suplemento del seguro de los voluntarios por 1.409; campaña mediática anterior y coetánea al 9N por 806.403; producción de campaña informativa por 21.767; 16.175 en mensajería y 307.963 en redacción, diseño y distribución de la carta de participación. A estas cantidades, el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía añaden la utilización de los 7.000 ordenadores adquiridos con dinero público y usados para las votaciones, cuyo precio ascendió a 2.786 euros. La acusación ve probado que Mas, Ortega y Rigau permitieron las actividades de preparación de la consulta y actos vinculados a ella y no suspendieron, después de la decisión del TC, los contratos aprobados con diferentes entidades para la celebración de la consulta. Por ejemplo, enumera la distribución del material confeccionado para la consulta, la instalación de los ordenadores sufragados por dinero público en los diferentes institutos o la contratación de técnicos informáticos que estuvieron pendientes de la solución de incidencias informáticas en la web y en los programas informáticos de recogida de datos de la votación. "Esta cantidad de dinero público no fue destinada al desarrollo de una función pública, ni aplicada a un fin lícito, sino que se destinó, indebidamente, a la celebración de un acto ilegal, que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional", concluye la acusación popular. BASE DE DATOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL Aunque como acusación popular no pueden pedir responsabilidad civil, sí solicitan al TSJC que reserve acciones a la Generalitat por si fuera de su interés reclamar el dinero público gastado y que se envíe al Tribunal de Cuentas por si hubiese algún ilícito contable. En cuanto a la utilización de las bases de datos para la consulta, la acusación pide al tribunal que remita las actuaciones a la Agencia de Protección de Datos para que lo investigue. |
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