La Agencia Tributaria desmantela una trama de contrabando de maquinaria destinada al programa nuclear de Irán

Operación denominada Kakum, por la que las autoridades españolas han desmantelado una red de contrabando
Los responsables de la trama se podrían enfrentar a penas de prisión y multas de hasta seis millones de euros
La Agencia Tributaria ha informado este lunes de que ha desmantelado en el municipio de Durango (Vizcaya) una trama de contrabando de maquinaria destinada al programa nuclear de Irán que violaba el embargo internacional decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Una empresa de Durango llegó a enviar a Irán siete maquinas que estaban destinadas a la fabricación de componentes para turbinas utilizadas en plantas de generación de energía, según el comunicado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

De acuerdo con las investigaciones realizadas en el marco de la operación 'Kakum', la exportadora española utilizaba una sociedad tapadera radicada en Estambul (Turquía) con el fin de eludir el control aduanero.

En la primera fase de la operación, la Agencia Tributaria detectó, en los primeros meses de 2012, actividades sospechosas por parte de la empresa vasca. En septiembre de 2009, le había sido denegada la licencia de exportación a Irán de siete maquinas para la fabricación de hélices de turbinas utilizadas en plantas de generación de energía por considerarse susceptible de utilización en el programa nuclear iraní.


ELUDÍA LOS CONTROLES ADUANEROS

Para solventar la denegación de la autorización, la trama diseñó, en connivencia con la compañía iraní, una estrategia conducente a eludir los controles aduaneros de exportación y enviar de contrabando la citada maquinaria a la República Islámica.

Para ello, se sirvió de una empresa intermediaria que la sociedad iraní compradora había creado en Turquía con fines meramente instrumentales. De esta forma, ante la Aduana española, formalmente, el destino final de la maquinaria era Estambul, pero en realidad la mercancía, una vez llegaba a Estambul, era enviada inmediatamente a Teherán.

Una vez comunicados los hechos a la autoridad judicial, el pasado 13 de noviembre se ejecutó la segunda fase de la operación. Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en funciones de Policía Judicial, y expertos informáticos de la Delegación Especial de la Agencia en el País Vasco registraron las instalaciones de la empresa y se incautaron de abundante documentación y material informático, que en estos momentos está siendo estudiado por expertos de la Agencia Tributaria.

Los responsables de la trama, acusados de contrabando, se enfrentan a penas de prisión y a una multa de hasta seis veces el valor la mercancía exportada. Dado que las siete máquinas enviadas a Irán tienen un valor total estimado de 955.000 euros, las sanciones podrían rondar los seis millones de euros.


LEYES Y COMPROMISOS VULNERADOS

Según la Agencia Tributaria, la trama implicada ha vulnerado las leyes españolas sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como la normativa comunitaria en la materia.

Igualmente, se habrían visto vulnerados los compromisos internacionales adquiridos por España en el fomento de la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial y regional y los intereses generales de la defensa nacional o de la política exterior del Estado.

De igual forma, queda demostrada la falta de la diligencia debida por parte de la empresa en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, que exige de los Estados y de las empresas con capacidad para exportar productos o tecnologías susceptibles de ser utilizados en dichos programas de proliferación, impedir el suministro directo o indirecto de sistemas de armas y de productos susceptibles de ser utilizados en programas nucleares y de misiles.

La operación 'Kakum' se inició en los habituales controles que la Dependencia Regional de Aduanas del País Vasco de la Agencia Tributaria realiza sobre las operaciones de comercio exterior efectuadas a través de los recintos aduaneros de la Comunidad Autónoma y sobre las empresas del sector, y, en este caso concreto, sobre las exportaciones de mercancías y tecnologías susceptibles de contribuir a programas de proliferación nuclear.

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