El magistrado se ha colocado en el punto de mira tras sus excesos verbales y su relación con los políticos.
Cuestionado por sus excesos verbales y su relación con los políticos, el magistrado Daniel de Alfonso ha colocado en el punto de mira a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), el organismo que la Generalitat ideó como azote de la corrupción política y que se resiste a abandonar.
"El dinero no tiene color". Con esa máxima aplaudía en 2012 Daniel de Alfonso el polémico proyecto de Eurovegas, al año de tomar las riendas de la Oficina Antifraude, y encendía las alarmas sobre el perfil del juez que pilotaba un proyecto que el tripartito creó en 2009, a rebufo de las sospechas de corrupción que vertió Pasqual Maragall en el Parlament con su alusión al 3 %.
La difusión de las conversaciones que, poco antes del 9N, mantuvo con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre cómo obtener información comprometedora para CDC y ERC, ha puesto ahora en el punto de mira a De Alfonso, un magistrado de reconocido prestigio como penalista, en ejercicio desde 1992, que fue portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
De Alfonso, juez en excedencia de la sección séptima de la Audiencia -a la que puede regresar cuando guste, dado que tiene reserva de plaza- heredó en julio de 2011 una Oficina Antifraude que había creado, con su estilo propio, el fiscal Anticorrupción David Martínez Madero, fallecido súbitamente unos meses antes.
Con los votos a favor de CiU, PPC, Ciudadanos y el PSC, las abstenciones de ICV y ERC y la única oposición de Solidaritat Catalana per la Independència, Daniel de Alfonso asumió en 2011 su cargo de director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), ante un Parlament al que prometió ser "prudente" y trabajar para que la sociedad recuperara la confianza en los políticos.
La Oficina, proyecto estrella con el que el tripartito pretendía airear y combatir la corrupción política, nació de Martínez Madero con una estructura hermética y propensa al secretismo que, además, solapaba algunas de sus funciones con las propias de la Fiscalía o la judicatura, sin control directo del Parlament.
La entidad, dependiente de la cámara catalana y con un presupuesto anual de hasta seis millones de euros, dio sus primeros pasos entre los recelos de los círculos jurídicos.
Con De Alfonso al frente, se enfriaron las relaciones con el ministerio público, enfrascado en los últimos años en los grandes casos de corrupción que han estallado en Cataluña: la Fiscalía de Barcelona ha archivado desde 2011 una veintena de las 24 denuncias que Antifraude la remitido, para enojo de la Oficina, que le reprocha que desdeñe sus investigaciones.
Durante su gestión, De Alfonso ha recibido críticas de diversos flancos por actuaciones controvertidas, como fichar de número dos a una excargo de la Generalitat relacionada con la trama de las ITV, y fue acusado de mirar al otro lado cuando Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, acudió a él para denunciar que el primogénito del expresidente de la Generalitat movía dinero negro a Andorra.
De 52 años, el director de Antifraude es un madrileño afable y buen conversador, capaz de meterse en el bolsillo a cualquier auditorio con su tono jocosa y su lenguaje coloquial, pero también de revolverse ante los ataques, como hoy ha demostrado ante los diputados del Parlament.
