Cinco asociaciones de la Guardia Civil criticaron este sábado el acuerdo de investidura pactado entre PSOE y Junts porque consideran que “ataca” a la “independencia judicial”, mientras que denunciaron que el pacto de investidura supone su “expulsión” del País Vasco y Cataluña.
En un comunicado conjunto, las asociaciones representativas del Instituto Armado, entre las que está Jucil -la mayoritaria en el Consejo del Cuerpo-, han mostrado su rechazo a una ley de amnistía porque creen que se trata de “un ataque” a la “independencia judicial”, quebrantando así la separación de poderes, “el pilar básico de un Estado de Derecho”.
En un “absoluto respeto y defensa de la Constitución”, junto a su “inquebrantable lealtad al rey” y su defensa del Estado de Derecho, han censurado el punto del acuerdo que establece la creación de comisiones de investigación en el Congreso sobre las actuaciones judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el procès catalán.
En este sentido, los guardias civiles explican que se sienten “utilizados como moneda de cambio” en las negociaciones para formar Gobierno, lo que tendrá “graves consecuencias permanentes” para la “seguridad de los ciudadanos”.
“La Guardia Civil ya perdía influencia y ahora se pretende que pierda competencias y se expulse a los guardias civiles y sus familias del País Vasco y Cataluña, cuestión que desde las asociaciones representativas de la Guardia Civil no estamos dispuestos a tolerar”, esgrime el texto difundido por las asociaciones de la Guardia Civil.
El comunicado conjunto de las cinco asociaciones de la Guardia Civil tiene lugar un día después de que el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ordenara abrir una investigación para identificar a los responsables de la Asociación Pro-Guardia Civil tras emitir un comunicado contra la amnistía aludiendo en el mismo a su juramento como militares para “derramar sangre” en defensa de España y la Constitución.
Órdenes en las protestas
El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha vuelto a denunciar que recibieron “ordenes políticas” por parte del Gobierno durante el dispositivo policial desplegado el viernes frente a las manifestación que tuvo lugar frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, contra la ley de amnistía.
Jupol solicitó ayer al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Madrid que “no vuelvan a dejar abandonados a los policías” anteponiendo “intereses políticos” a la “realidad de la calle” y al criterio operativo de las Unidades de Intervención Policial.
Jupol defiende que la intervención de las UIP estaba “más que justificada”, pero que tuvieron que “aguantar durante horas” el lanzamiento de objetos contundentes y de petardos, sin inmutarse y a la espera de una orden “que esta vez nunca se produjo”.
