Referéndum sobre la autodeterminación, ley de amnistía aplicable desde el año 2012, la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña, un verificador internacional... y todo ello con el objetivo de que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa. PSOE y Junts cerraron en la madrugada de ayer un acuerdo para asegurar una investidura que llegará la próxima semana.
El anuncio llegaba días después de días de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se centraron en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance. El objetivo era asegurar que la ley no tuviese fisuras y pudiese superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente será sometida por el Tribunal Constitucional.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, explicaba ayer que el acuerdo con Junts para una ley de amnistía cubre a la gente relacionada con el procès desde sus inicios, en 2012, hasta la fecha de ayer que se cerró el pacto entre PSOE y Junts. “A partir de ahí, tenemos que ver qué sucede contra los demás, no somos nosotros, serán los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. No se ha hablado de nombres en particular”, precisó Santos Cerdán.
El texto admite la existencia “profundas divergencias” que dieron lugar a un conflicto “que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución” porque seis años después “la cuestión de fondo sigue sin resolverse”. En este sentido se comprometen a buscar “una solución política y negociada al conflicto”, según lo definen, a pesar de que existen “discrepancias estructurales” entre las partes y pese a la distancia que separa ambos proyectos nacionales.
“PSOE y Junts asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio existe una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable”, señalan. A renglón seguido indican que la resolución debe ser “negociada y acordada”.
Temor a la Justicia
Asimismo, Santos Cerdán reveló que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de dirigir sus pesquisas sobre Tsunami Democràtic y contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont llevó a Junts a “revisar” lo que habían negociado ambos partidos sobre la ley de amnistía. “Evidentemente, lo que ha sucedido durante la semana con las imputaciones por terrorismo a Carles Puigdemont les ha invitado también, a Junts, a hacer una relectura y volver a revisar todo lo que teníamos hablado”.
Ley de amnistía a medida para los independentistas
El acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez contempla una ley de amnistía que, según apunta, podría acabar incluyendo los supuestos casos de “lawfare” “o judicialización de la política”, entre los que se contarían los del abogado Gonzalo Boye, la presidenta de Junts, Laura Borràs o el clan Pujol. El acuerdo vuelve a situar el origen del “conflicto” en la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 anuló varios artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, a partir de ahí, hace un relato de hechos -del 9-N al 1-O- que propiciaron “múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas” y que “han tenido una incidencia política relevante”.
Justifican la ley de amnistía en la necesidad de “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”. Y precisan que, para ello, “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Aunque no detallan quiénes, sí avanzan que durante la próxima legislatura se constituirán comisiones para “la aplicación de la ley.
Celebración de un referéndum de autodeterminación
El acuerdo contempla que los de Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006. Ambas formaciones reconocen sus “profundas discrepancias” y la “complejidad” y los “obstáculos” para la resolución del conflicto, porque mientras que Junts considera “legítimo” el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017, el PSOE “niega toda legalidad y validez” al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”. Tanto el PSOE como Junts constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes “sin renunciar a sus posiciones”.
Habrá verificador independiente internacional
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, confirmó que el acuerdo firmado por su partido y el PSOE incluye que las negociaciones entre ambas partes contarán con un verificador independiente internacional. Además, señalado que los integrantes de este mecanismo ya estaban designados y afirmó que las negociaciones no se pueden llevar a cabo en España. “Naturalmente, si es un mecanismo independiente, no puede ser ni catalán ni español, y por lo tanto tiene que ser internacional. Y si tienen que ser negociaciones, no se podrán desarrollar en el Estado español”, advirtió Puigdemont.
