Tres asociaciones de jueces consideraron ayer que la nueva ley de seguridad ciudadana supone 'fuertes' limitaciones de los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas. Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación de Jueces y Magistrados 'Francisco de Vitoria' y el Foro Judicial Independiente calificaron ayer de 'desproporcionadas' e 'inconstitucionales' las sanciones previstas por los escraches o las manifestaciones pacíficas ante el Congreso.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, subrayó que resulta 'inadmisible' que el Gobierno acuerde medidas 'represivas' sobre conductas como los escraches o las manifestaciones pacíficas ante edificios públicos, que los tribunales han determinado que no son ni delito ni falta.
La nueva ley de seguridad ciudadana deriva al ámbito administrativo castigos de mucha importancia, sin las garantías de independencia e imparcialidad que tienen los tribunales, explicó Bosch. Además, agregó, si los ciudadanos quieren recurrir estas sanciones, tendrán que acudir a un tribunal contencioso-administrativo y pagar tasas judiciales, a diferencia de la jurisdicción penal, en la que no hay tasas.
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados 'Francisco de Vitoria', Marcelino Sexmero, indicó que el borrador de la ley de seguridad ciudadana supone 'una clara extralimitación' en la potestad sancionadora por parte del Gobierno, al castigar conductas que ya están tipificadas en el Código Penal. Las sanciones por una falta administrativa llegan a ser 'confiscatorias' del patrimonio de las personas, apuntó Sexmero, quien criticó además la 'desproporción' entre la cuantía de las sanciones y la descripción de las conductas.
LEGISLAR 'EN CALIENTE'
Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, consideró que 'no se puede legislar en caliente' y censuró que el Gobierno decida modificar la ley, a la vista de que no le gustan las sentencias absolutorias que se están produciendo por casos de escraches o manifestaciones pacíficas ante el Congreso. Los movimientos ciudadanos en los últimos años se han manifestado de forma pacífica dentro de los límites del derecho de reunión y la libertad de expresión, según Dolado, que recalcó que 'no es necesario dar otra vuelta de tuerca' con la ley de seguridad ciudadana, ley defendida por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y que se aprueba hoy en Consejo de Ministros.
La nueva ley de seguridad ciudadana deriva al ámbito administrativo castigos de mucha importancia, sin las garantías de independencia e imparcialidad que tienen los tribunales, explicó Bosch. Además, agregó, si los ciudadanos quieren recurrir estas sanciones, tendrán que acudir a un tribunal contencioso-administrativo y pagar tasas judiciales, a diferencia de la jurisdicción penal, en la que no hay tasas.
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados 'Francisco de Vitoria', Marcelino Sexmero, indicó que el borrador de la ley de seguridad ciudadana supone 'una clara extralimitación' en la potestad sancionadora por parte del Gobierno, al castigar conductas que ya están tipificadas en el Código Penal. Las sanciones por una falta administrativa llegan a ser 'confiscatorias' del patrimonio de las personas, apuntó Sexmero, quien criticó además la 'desproporción' entre la cuantía de las sanciones y la descripción de las conductas.
LEGISLAR 'EN CALIENTE'
Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, consideró que 'no se puede legislar en caliente' y censuró que el Gobierno decida modificar la ley, a la vista de que no le gustan las sentencias absolutorias que se están produciendo por casos de escraches o manifestaciones pacíficas ante el Congreso. Los movimientos ciudadanos en los últimos años se han manifestado de forma pacífica dentro de los límites del derecho de reunión y la libertad de expresión, según Dolado, que recalcó que 'no es necesario dar otra vuelta de tuerca' con la ley de seguridad ciudadana, ley defendida por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y que se aprueba hoy en Consejo de Ministros.
