El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó la reapertura de la causa en la que investigaba la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura), tras recabar nueva información de las autoridades francesas.
En el auto firmado ayer, el magistrado acuerda la reapertura tras haber recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación llevada a cabo en el país vecino en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros de gobierno francés, ministros y diputados, con ese mismo software.
Las autoridades francesas exponen que sus investigaciones pretenden averiguar quién se encuentra detrás de estas infestaciones masivas y que su investigación les llevó a solicitar auxilio judicial a Estados Unidos e Israel. Y apuntan que la empresa NSO por medio de una misiva en noviembre de 2021 negó ser responsable de la infección de los teléfonos y afirmó que cualquier información adicional debía solicitarse a través de las herramientas de cooperación judicial.
De hecho, Calama explica que en la documentación recibida se explica que los representantes del Grupo NSO fueron convocados a comparecencias pero no se presentaron a las mismas, y que desde 2021 se le investiga por posibles actividades delictivas. En el documento enviado por Francia se recogen además los “indicadores de compromiso”, que son “una serie de datos que pueden indicar que un sistema ha sido comprometido por un atacante”.
“Estos indicadores pueden incluir direcciones IP, nombres de dominio, archivos maliciosos, patrones de tráfico de red y comportamiento anómalo de usuarios, entre otros”, explica Calama, que añade que los IOCs se utilizan en la detección y respuesta a incidentes de seguridad informática.
En este sentido, el juez considera que la comparación de los elementos técnicos recogidos en la investigación francesa con los obtenidos por el Centro Criptológico Nacional en los análisis periciales de los dispositivos infectados del presidente del Gobierno y de los tres ministros puede permitir avanzar en las investigaciones llevadas en uno y otro país en orden a determinar la autoría de estas infestaciones.
Por su parte, el Partido Popular dijo, a través de un comunicado, que se “alegra” de que la Audiencia Nacional reabra la causa Pegasus ante los nuevos datos aportados por Francia y esperan “la misma transparencia” que en el país galo. “Esperamos que así se pueda conocer quién espió al presidente del Gobierno, qué información le robó, hasta qué punto estuvo en riesgo la seguridad nacional y también en qué medida se ha visto comprometida la libertad del jefe del Ejecutivo en política exterior”, añadieron fuentes del partido.
