La asunción por parte del juez Pablo Ruz de los denominados 'papeles de Bárcenas' unifica en parte el frente judicial del caso, aunque no impedirá que otros dos aspectos colaterales, la responsabilidad de la publicación y las cuitas laborales entre Bárcenas y el PP, sigan su propio camino en los tribunales.
Después de la decisión del miércoles de la sala Tercera de la Audiencia Nacional, resolviendo en favor de Ruz el conflicto de competencias con Javier Gómez Bermúdez, este último deberá ceder las diligencias relativas a la querella presentada por IU y varias asociaciones y colectivos contra Luis Bárcenas, el también extesorero del PP Álvaro Lapuerta, los exdirigentes del PP Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, así como ocho empresarios.
Asimismo, Ruz ya había asumido la causa que el juzgado número 30 de Madrid abrió a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el extesorero del PP por un delito contra la Hacienda pública, falsedad documental y alzamiento de bienes.
En ese juzgado número 30 se concentró previamente otra denuncia, ésta del Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentada en el juzgado número 10 con el mismo objeto. Así, el juez de la Audiencia Nacional centralizará, en una pieza separada del caso Gürtel, todas estas iniciativas sobre la presunta contabilidad ilegal en el PP, además de la investigación que abrió de oficio la Fiscalía Anticorrupción.
'DERECHO AL HONOR'
Hay un segundo frente judicial en relación con 'los papeles de Bárcenas'; se trata de la demanda por vulneración del derecho al honor interpuesta por el PP contra El País y quien se determine que es el autor de esos apuntes contables que publicó el diario el 31 de enero.
Varios dirigentes del PP suscribieron también esa demanda a título individual. Se trata de Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, cuyo nombres aparecían en las informaciones de dicho periódico como perceptores de supuestos pagos en negro. El juzgado de primera instancia número 83 de Madrid se hizo cargo de este asunto. Otros dirigentes y exdirigentes del partido, por su cuenta, demandaron también al diario por la aparición de sus nombres en 'los papeles de Bárcenas'.
Un juzgado de Toledo admitió a trámite la presentada por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y uno de Pozuelo de Alarcón (Madrid) entiende de la demanda interpuesta por Aznar contra el periódico en defensa de su honor. Además, en la Audiencia de Madrid se estudia la apelación de la exministra Ana Palacio, una vez que el juzgado número 38 de la capital no admitiera a trámite la demanda que presentó por injurias, falsedad documental y cohecho.
Tercer flanco: el extesorero del PP demandó al partido por despido improcedente y por haber accedido sin permiso al despacho que asegura que mantenía en la sede de la calle Génova, así como por el robo de dos ordenadores que tenía allí.
Bárcenas sostiene que siguió trabajando como asesor del PP hasta el 31 de enero de este mismo año, fecha en la que asegura que fue dado de baja sin su consentimiento y que coincide con la publicación en el diario de la supuesta contabilidad B del partido. El PP negó en todo momento esa versión e insistió en que la relación laboral con Bárcenas finalizó en 2010, tras su imputación en el caso Gürtel.
Después de que acabase sin acuerdo el acto de conciliación entre las partes celebrado en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad de Madrid, Luis Bárcenas demandó al PP ante el juzgado de lo Social número 16 de Madrid y reclamó una indemnización de más de 900.000 euros.
Asimismo, Ruz ya había asumido la causa que el juzgado número 30 de Madrid abrió a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el extesorero del PP por un delito contra la Hacienda pública, falsedad documental y alzamiento de bienes.
En ese juzgado número 30 se concentró previamente otra denuncia, ésta del Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentada en el juzgado número 10 con el mismo objeto. Así, el juez de la Audiencia Nacional centralizará, en una pieza separada del caso Gürtel, todas estas iniciativas sobre la presunta contabilidad ilegal en el PP, además de la investigación que abrió de oficio la Fiscalía Anticorrupción.
'DERECHO AL HONOR'
Hay un segundo frente judicial en relación con 'los papeles de Bárcenas'; se trata de la demanda por vulneración del derecho al honor interpuesta por el PP contra El País y quien se determine que es el autor de esos apuntes contables que publicó el diario el 31 de enero.
Varios dirigentes del PP suscribieron también esa demanda a título individual. Se trata de Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, cuyo nombres aparecían en las informaciones de dicho periódico como perceptores de supuestos pagos en negro. El juzgado de primera instancia número 83 de Madrid se hizo cargo de este asunto. Otros dirigentes y exdirigentes del partido, por su cuenta, demandaron también al diario por la aparición de sus nombres en 'los papeles de Bárcenas'.
Un juzgado de Toledo admitió a trámite la presentada por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y uno de Pozuelo de Alarcón (Madrid) entiende de la demanda interpuesta por Aznar contra el periódico en defensa de su honor. Además, en la Audiencia de Madrid se estudia la apelación de la exministra Ana Palacio, una vez que el juzgado número 38 de la capital no admitiera a trámite la demanda que presentó por injurias, falsedad documental y cohecho.
Tercer flanco: el extesorero del PP demandó al partido por despido improcedente y por haber accedido sin permiso al despacho que asegura que mantenía en la sede de la calle Génova, así como por el robo de dos ordenadores que tenía allí.
Bárcenas sostiene que siguió trabajando como asesor del PP hasta el 31 de enero de este mismo año, fecha en la que asegura que fue dado de baja sin su consentimiento y que coincide con la publicación en el diario de la supuesta contabilidad B del partido. El PP negó en todo momento esa versión e insistió en que la relación laboral con Bárcenas finalizó en 2010, tras su imputación en el caso Gürtel.
Después de que acabase sin acuerdo el acto de conciliación entre las partes celebrado en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad de Madrid, Luis Bárcenas demandó al PP ante el juzgado de lo Social número 16 de Madrid y reclamó una indemnización de más de 900.000 euros.
