El Congreso decidió sacar las bebidas alcohólicas de alta graduación de la lista de precios limitados que rige en sus restaurantes, con lo que se venderán a precio de mercado por el importe que decida el adjudicatario del concurso que se resolverá en otoño, según indicó el presidente de la Cámara, Jesús Posada, ante la polémica desatada en los últimos días por los combinados de bajo coste.
Aunque la Mesa del Congreso acordó por unanimidad repetir el mismo pliego de condiciones de los últimos años, la polémica surgida al conocerse el precio de algunos productos (un gin-tonic costaba 3,45 euros), alentada por los propios diputados que lo criticaban, la Cámara decidió ayer introducir correcciones en lo relativo a las bebidas espirituosas.
Las condiciones del concurso para la prestación de servicios de cafetería, restauración y máquinas expendedoras en la sede parlamentaria, que desde 1995 está en manos de empresas cuyo propietario es el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, se aprobaron el pasado día 21 de mayo.
Días después se publicó el pliego de condiciones de la concesión administrativa, incluyendo los precios máximos de todos los productos, los mismos que vienen rigiendo en los últimos años en la Cámara. Al trascender algunos de ellos, especialmente los combinados de bebidas alcohólicas, se desató la polémica la pasada semana y algunos diputados y grupos parlamentarios empezaron a cuestionar el sistema.
DIPUTADOS PIDEN CAMBIOS
Así, UPyD habló de sacar las bebidas alcohólicas de la lista de precios limitados, mientras que Esquerra (ERC) propuso que se dejara de vender alcohol de alta graduación en el Congreso. Hasta un diputado socialista, el donostiarra Odón Elorza, envió una carta a Posada pidiéndole anular el concurso que aprobó la Mesa con los votos del PSOE.
El presidente del Congreso aseguró haber seguido 'de cerca' todo lo que se dijo sobre este asunto y, en la reunión que ayer celebró la Mesa del Congreso, propuso sacar las bebidas espirituosas de la lista de precios tasados, con lo que el adjudicatario pondrá el precio que considere conveniente. La modificación volvió a adoptarse por unanimidad en la Mesa del Congreso.
Posada sigue manteniendo que 'las cosas se han sacado de quicio' porque el sistema de concesión administrativa que se aplica en este concursos, como ocurre en otras dependencias públicas, busca salvaguardar una 'labor social' que afecta a los diputados, pero también a los trabajadores de la casa, los asistentes de los grupos, los policías, los periodistas y los visitantes, así como el mantenimiento de medio centenar de puestos de trabajo.
Posada recordó que con esas condiciones 'no es fácil encontrar candidatos' para hacerse cargo de estos servicios porque son muchas horas de servicios y hay que mantener la situación del personal de cafeterías y restaurantes de la Cámara. En la última edición sólo optaron dos empresas.
A su juicio, cuando el 21 de mayo se aprobó el pliego de condiciones original 'se actuó acertadamente' y de hecho sigue defendiendo como algo 'lógico' la existencia de precios tasados en los menús, los desayunos, los cafés o incluso la cerveza. Ahora bien, como parece que no se ve así en el caso de las bebidas alcohólicas, pues 'si hay que cambiar una cosa, se cambia'.
Las condiciones del concurso para la prestación de servicios de cafetería, restauración y máquinas expendedoras en la sede parlamentaria, que desde 1995 está en manos de empresas cuyo propietario es el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, se aprobaron el pasado día 21 de mayo.
Días después se publicó el pliego de condiciones de la concesión administrativa, incluyendo los precios máximos de todos los productos, los mismos que vienen rigiendo en los últimos años en la Cámara. Al trascender algunos de ellos, especialmente los combinados de bebidas alcohólicas, se desató la polémica la pasada semana y algunos diputados y grupos parlamentarios empezaron a cuestionar el sistema.
DIPUTADOS PIDEN CAMBIOS
Así, UPyD habló de sacar las bebidas alcohólicas de la lista de precios limitados, mientras que Esquerra (ERC) propuso que se dejara de vender alcohol de alta graduación en el Congreso. Hasta un diputado socialista, el donostiarra Odón Elorza, envió una carta a Posada pidiéndole anular el concurso que aprobó la Mesa con los votos del PSOE.
El presidente del Congreso aseguró haber seguido 'de cerca' todo lo que se dijo sobre este asunto y, en la reunión que ayer celebró la Mesa del Congreso, propuso sacar las bebidas espirituosas de la lista de precios tasados, con lo que el adjudicatario pondrá el precio que considere conveniente. La modificación volvió a adoptarse por unanimidad en la Mesa del Congreso.
Posada sigue manteniendo que 'las cosas se han sacado de quicio' porque el sistema de concesión administrativa que se aplica en este concursos, como ocurre en otras dependencias públicas, busca salvaguardar una 'labor social' que afecta a los diputados, pero también a los trabajadores de la casa, los asistentes de los grupos, los policías, los periodistas y los visitantes, así como el mantenimiento de medio centenar de puestos de trabajo.
Posada recordó que con esas condiciones 'no es fácil encontrar candidatos' para hacerse cargo de estos servicios porque son muchas horas de servicios y hay que mantener la situación del personal de cafeterías y restaurantes de la Cámara. En la última edición sólo optaron dos empresas.
A su juicio, cuando el 21 de mayo se aprobó el pliego de condiciones original 'se actuó acertadamente' y de hecho sigue defendiendo como algo 'lógico' la existencia de precios tasados en los menús, los desayunos, los cafés o incluso la cerveza. Ahora bien, como parece que no se ve así en el caso de las bebidas alcohólicas, pues 'si hay que cambiar una cosa, se cambia'.
