El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha enfriado las expectativas de pedir el certificado covid o una prueba negativa para entrar en locales, en las zonas de alta incidencia. El TSJC ha suspendido cautelarmente la medida del Gobierno canario, vigente desde el lunes en Tenerife.
Cantabria, Melilla y Andalucía ya sopesan implantar esta medida, que se aplica desde el sábado en Galicia y que los jueces canarios han tumbado cautelarmente aludiendo a la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: consideran los datos relativos a la salud dentro del derecho a la intimidad, por lo que no cabe exigirlos "en este contexto".
La Sala aplica el mismo argumento tanto para la hostelería como para los espacios culturales, y considera proporcional la medida de reducir al 55% del aforo, pero sin comprobar datos de salud.
El Gobierno de Canarias había establecido esta medida para las islas que se encontraban en nivel 4 y requería que el 50% del aforo en el interior de los establecimientos estuviera cubierto con clientes vacunados con la pauta completa, con una prueba diagnóstica de infección activa en las últimas 72 horas o con una certificación de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses.
Esta decisión fue recurrida por la Asociación Hostelería Unida de Tenerife y por el Círculo de Empresarios y Profesionales de Tenerife, en Tenerife Sur.
Las decisión es de las comunidades
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó ayer en manos de las comunidades la posibilidad de pedir pruebas covid para acceder a interiores, pero mostró sus dudas sobre el uso del certificado europeo, ya que este documento se ideó solo para facilitar la movilidad entre países.
A su vez, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, indicaba este jueves que el uso del certificado covid está permitiendo "garantizar una movilidad segura", pero defendía que las comunidades lo empleen para otros ámbitos, siempre y cuando respete "el marco de sus competencias".
Aunque en Galicia ya se ha extendido esta medida en las zonas de mayor incidencia desde el sábado, la suspensión cautelar de la justicia canaria plantea más dudas en el debate.
En los establecimientos de ocio y hosteleros gallegos se requiere el certificado de vacunación o una prueba negativa. La Xunta ha aprobado la instalación de catorce puntos móviles en las ciudades y cabeceras de comarca para facilitar el cumplimiento de la medida.
Otras comunidades estudian seguir a Galicia
Si bien Melilla anunciaba ayer su implantación a mediados de agosto, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, advertía este jueves de que su Gobierno "probablemente" lo apruebe ante la situación "muy preocupante" de la transmisión del virus, tal y como han pedido los alcaldes de los 19 municipios cántabros que están en riesgo alto de contagios.
También en Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, cree que se dan las circunstancias para exigir un certificado, a pesar de que se ha reconocido "muy reacio" a la medida. Ha argumentado que el ritmo de vacunación, ahora, lo permite.
La Asociación Riojana de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas ha propuesto abrir sus establecimientos "con un límite del 75 %", pero exigiendo el certificado de vacunación completa o una PCR negativa en las últimas 72 horas. Para los empresarios riojanos, esta medida "incentivaría a los jóvenes a pedir la vacunación voluntaria y facilitaría el control y rastreo de los casos positivos".
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, insiste en "marcar unas pautas homogéneas" en todas las comunidades para poder exigir estas pruebas.
