Seis personas han sido detenidas y otras 32 imputadas, entre ellas varios arquitectos, promotores y abogados, en una operación en la que la Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a la especulación urbanística en la venta de casas unifamiliares en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
El Equipo de Delincuencia Urbanística ha puesto ya a disposición judicial a estas 38 personas por delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa y organización criminal, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.
Las detenciones se han practicado en el marco de la denominada 'Operación Yate', que la Guardia Civil emprendió para investigar diversos delitos relacionados con la compra de fincas para su posterior división en parcelas para construir viviendas unifamiliares de forma ilegal en Chiclana de la Frontera.
En las investigaciones los agentes detectaron que varias empresas del sector inmobiliario se estaban dedicando a comprar fincas en suelos donde el PGOU municipal de Chiclana de la Frontera no permitía usos residenciales, con la intención de dividirlas en parcelas, para luego venderlas por separado.
Para vender estas parcelas necesitaban obtener notas registrales de las mismas, para lo que utilizaban los servicios de un arquitecto, que emitía certificados de antigüedad firmados por técnicos competentes a nombre de los solicitantes o testaferros que utilizaban para ocultar los nombres de los promotores o constructores y que solían ser personas insolventes.
Con estas notas certificaban que en las fincas que luego vendían había viviendas con antigüedades superiores a los cuatro años.
Tras visar estas notas registrales en el Colegio de Arquitectos, los promotores y constructores conseguían que los notarios autorizaran en escrituras públicas las declaraciones de obra nueva de viviendas que no existían.
Después procedían a la división horizontal de estas supuestas viviendas, en tantos departamentos como permitiesen sus dimensiones y finalmente los inscribían en el Registro de la Propiedad de Chiclana de la Frontera.
Tras estos trámites, anunciaban las parcelas en venta en las inmobiliarias de la zona, para encontrar a compradores a los que vendían las parcelas con o sin vivienda construida.
En los casos en los que los compradores necesitaban financiación ajena para comprar la parcela y construir la nueva vivienda, la red acudía a agentes financieros que estaban en connivencia con los promotores y constructores y que se encargaban de realizar las gestiones necesarias para la obtención de los préstamos hipotecarios.
Para ello llegaban incluso a falsificar la documentación relativa a la información económica de los solicitantes, incluso sus nóminas, o utilizaban tasaciones de otras viviendas para acceder a una hipoteca en los casos de que la vivienda no estuviera construida.
Para evitar que el fraude fuera detectado, la red había urdido un entramado de sociedades interpuestas y testaferros para evitar que sus nombres figuraran en documentos públicos o privados o eludir sanciones por expedientes urbanísticos municipales o reclamaciones de Hacienda de la Junta de Andalucía por el impago del Impuesto de Sucesiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Entre los 38 detenidos e imputados figuraban promotores, constructores, arquitectos, arquitectos técnicos, tasadores, abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria, agentes colaboradores de entidades financieras, testaferros y particulares, todos los cuales han sido puestos a disposición del titular del Juzgado nº 3 de los de Chiclana de la Frontera.
