El “cerrojazo” del Congreso, declarado inconstitucional

<p> Santiago Abascal, cuyo partido recurrió la orden, interviene en el Congreso. </p>
photo_camera Santiago Abascal, cuyo partido recurrió la orden, interviene en el Congreso.

El pleno del TC estima el recurso de amparo de Vox, lo que supone un segundo revés al Gobierno

 El Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inconstitucional la suspensión de la actividad parlamentaria durante las primeras semanas del primer estado de alarma al considerar que vulneró los derechos de los diputados. El Pleno del tribunal de garantías estimaba el recurso de amparo de Vox, lo que supone el segundo revés al Gobierno por su actuación en la pandemia, una vez que el tribunal ya declaro inconstitucional el primer estado de alarma e, incluso, es posible que haga lo mismo con el segundo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, considera que la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular el Congreso, porque de lo contrario se vulnera el derecho fundamental de participación política. En consecuencia, la decisión de la Mesa del Congreso del 19 de marzo hizo cesar temporalmente la tramitación de iniciativas parlamentarias de los recurrentes, lo que vulneró su derecho fundamental de participación política.

La resolución era aprobada con seis votos a favor y cuatro en contra de los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y el presidente Juan José González Rivas. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expresado su “absoluto respeto” por la sentencia del Tribunal Constitucional contra el funcionamiento de la Cámara en las primeras semanas de estado de alarma, pero ha querido dejar claro que el Congreso nunca llegó a cerrar y que el acuerdo ahora anulado sólo estuvo vigente 18 días laborables.
Batet recuerda que esas decisiones se adoptaron después de que Vox pidiera suspender el pleno de marzo por un positivo en sus filas y unos días después de que otros órganos constitucionales, entre ellos el propio Tribunal Constitucional, tomaran decisiones similares.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “pida disculpas” por la suspensión de la actividad parlamentaria en las primeras semanas del primer estado de alarma, que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional.

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, exigió la dimisión de la presidenta de la Cámara, Mertixell Batet, tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el “cerrojazo” parlamentario durante el estado de alarma.

Olona ha calificado de “golpe de Estado institucional” la decisión de la Mesa del Congreso del 19 de marzo de 2020 de “congelar” los plazos de las iniciativas, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas

Por su parte, el líder del partido, Santiago Abascal, publicó un “tweet” denunciando que se “amordazara” a la oposición para que no denunciara que el Gobierno había declarado un estado de alarma “ilegal”. “Solo Vox llevó a los tribunales este atropello”, dijo.

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