Ocho comunidades autónomas, entre ellas dos gobernadas por el PP, Castilla y León y Galicia, seguirán prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles a partir de mañana, cuando entra en vigor el decreto del Gobierno que les retira ese derecho, aunque las dos autonomías del PP aplicarán esa norma con matices.
Fuentes del Ministerio de Sanidad informaron de que las comunidades no pueden otorgar tarjetas sanitarias a personas que 'no tienen ese derecho', porque no cotizan a la Seguridad Social, pero sí pueden, 'en función de sus recursos o capacidades, hacer lo que consideren oportuno' para continuar prestando esa asistencia.
Sanidad entiende que la decisión de algunas regiones de no desatender a este colectivo no trasgrede el decreto del Gobierno, ya que la propia ministra, Ana Mato, insistió en que nadie va a quedar excluido de la cobertura sanitaria. El Ministerio señaló además que es necesario que España se ajuste a lo que se hace en la UE para que España deje de ser 'un paraíso para el turismo sanitario'.
En el caso de Castila y León, el servicio de salud atenderá en sus instalaciones a todos los inmigrantes que necesiten asistencia y, aunque intentará cobrar este servicio a quienes carezcan de tarjeta sanitaria, meterá 'en el cajón de los impagados' aquellos casos en los que no tengan recursos. El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que cumplirán la normativa, aunque seguidamente señaló que atenderán 'a todos los ciudadanos, tengan tarjeta o no, que acudan a la atención primaria'.
AUTONOMÍAS SOCIALISTAS
Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias, junto a Cataluña (CiU) y Canarias (CC), mantendrán la atención a los inmigrantes indocumentados, aunque no aclararon cómo.
El sistema sanitario de Andalucía seguirá atendiendo a los inmigrantes indocumentados como hasta ahora, según afirmó la consejera de Salud, María Jesús Montero.
En el mismo sentido se expresó el País Vasco, cuyo consejero de Sanidad, Rafael Benoga, señaló que se está analizando la situación legal para prestar esta asistencia, pero dejó claro que todos aquellos que lo necesiten serán asistidos en atención primaria y hospitalaria.
Asturias garantizó que ningún inmigrante se quedará sin cobertura y prevé un conflicto competencial con el Estado, aunque tampoco aclaró cómo hará la asistencia, ya que poder darles tarjeta sanitaria o no va a depender de las órdenes ministeriales.
Cataluña mantendrá también la misma atención sanitaria que hasta ahora a las personas que en la región perderán su condición de asegurado a partir del día 1, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación.
El Gobierno de Navarra (UPN) va a habilitar una línea de ayudas para cubrir la asistencia sanitaria de quienes acrediten no poder pagarla, por lo que desembolsarán al servicio de salud 1,68 millones anuales, lo que compensará, según sus cálculos, el pago por atender a los 2.150 inmigrantes irregulares.
Canarias, por su parte, señaló 'será respetuoso con la legalidad' al aplicar la nueva regulación, pero que 'no dejará de atender a nadie que lo necesite'.
El resto de autonomías, las gobernadas por el PP, seguirán al pie de la letra el decreto y atenderán a los inmigrantes, pero les cobrará: Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja.
Sanidad entiende que la decisión de algunas regiones de no desatender a este colectivo no trasgrede el decreto del Gobierno, ya que la propia ministra, Ana Mato, insistió en que nadie va a quedar excluido de la cobertura sanitaria. El Ministerio señaló además que es necesario que España se ajuste a lo que se hace en la UE para que España deje de ser 'un paraíso para el turismo sanitario'.
En el caso de Castila y León, el servicio de salud atenderá en sus instalaciones a todos los inmigrantes que necesiten asistencia y, aunque intentará cobrar este servicio a quienes carezcan de tarjeta sanitaria, meterá 'en el cajón de los impagados' aquellos casos en los que no tengan recursos. El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que cumplirán la normativa, aunque seguidamente señaló que atenderán 'a todos los ciudadanos, tengan tarjeta o no, que acudan a la atención primaria'.
AUTONOMÍAS SOCIALISTAS
Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias, junto a Cataluña (CiU) y Canarias (CC), mantendrán la atención a los inmigrantes indocumentados, aunque no aclararon cómo.
El sistema sanitario de Andalucía seguirá atendiendo a los inmigrantes indocumentados como hasta ahora, según afirmó la consejera de Salud, María Jesús Montero.
En el mismo sentido se expresó el País Vasco, cuyo consejero de Sanidad, Rafael Benoga, señaló que se está analizando la situación legal para prestar esta asistencia, pero dejó claro que todos aquellos que lo necesiten serán asistidos en atención primaria y hospitalaria.
Asturias garantizó que ningún inmigrante se quedará sin cobertura y prevé un conflicto competencial con el Estado, aunque tampoco aclaró cómo hará la asistencia, ya que poder darles tarjeta sanitaria o no va a depender de las órdenes ministeriales.
Cataluña mantendrá también la misma atención sanitaria que hasta ahora a las personas que en la región perderán su condición de asegurado a partir del día 1, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación.
El Gobierno de Navarra (UPN) va a habilitar una línea de ayudas para cubrir la asistencia sanitaria de quienes acrediten no poder pagarla, por lo que desembolsarán al servicio de salud 1,68 millones anuales, lo que compensará, según sus cálculos, el pago por atender a los 2.150 inmigrantes irregulares.
Canarias, por su parte, señaló 'será respetuoso con la legalidad' al aplicar la nueva regulación, pero que 'no dejará de atender a nadie que lo necesite'.
El resto de autonomías, las gobernadas por el PP, seguirán al pie de la letra el decreto y atenderán a los inmigrantes, pero les cobrará: Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja.
