Altos ejecutivos de las grandes compañías eléctricas se reunieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Palacio de la Moncloa, para comentar las medidas orientadas a “amortiguar el impacto de la escalada de los precios de la energía” y su efecto sobre la economía española, cada vez más resentida, mientras las eléctricas siguen aprovechándose, con absoluto descaro, de los llamados beneficios caídos del cielo.
La connivencia entre las eléctricas y los gobiernos no se resiente a pesar de la crisis, de modo que los consumidores sufren las consecuencias de la tensión desatada por Rusia al invadir Ucrania, pero también de años y años de privilegios de compañías blindadas ante el poder.
En la reunión con Pedro Sánchez se dieron cita el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la consejera delegada de EDP, Ana Paula Marques, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales.
Según la vicepresidenta Teresa Ribera, se abordó la emergencia energética, “de gran calado”, y la dificultad de desplazar a un gran productor de gas y petróleo como Rusia, que afecta a los precios eléctricos en España, a pesar de que solo le suministra el 7% del gas que consume.
Para disgusto de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en el encuentro de Pedro Sánchez con los jefes de las eléctricas no se habló de un incremento de los impuestos a las compañías eléctricas, sino de facilitar “el compromiso de todos con los consumidores domésticos e industriales”, algo que no fue explicado en detalle.
Yolanda Díaz es consciente de que la subida de los precios de la energía y del IPC tendrán un impacto “significativo” en la economía y en el empleo, por lo que abandera dentro del Gobierno –por ahora en solitario– la implantación de un impuesto extraordinario a las eléctricas, tal y como propone Unidas Podemos, socio del PSOE en el ejecutivo de coalición.
La vicepresidenta Díaz tropieza con que la connivencia entre las empresas eléctricas y los poderes públicos en España es algo que la democracia no ha podido atajar. En realidad, los vínculos entre este tipo de compañías y las élites políticas configuran una convivencia bajo permanente sospecha, a pesar de la alternancia en el Gobierno de distintos partidos. Así, la nómina de políticos del PSOE y del PP que han ocupado –y ocupan– poltronas en los consejos de administración de las eléctricas es no solo extensa, sino que incluye a tres expresidentes del Gobierno y los principales ministros de Economía de los últimos 40 años.
Sector "intocable"
Muchas de las claves del sector pasan inadvertidas ante los ciudadanos, que no solo desconocen los secretos del críptico recibo de la luz, sino también las estrategias ocultas, edulcoradas por las eléctricas mediante campañas de publicidad y propaganda en grandes medios afines.
Un botón de muestra. Iberdrola, una de las grandes compañías eléctricas, sostiene que la tecnología hidroeléctrica de bombeo es actualmente el sistema más eficiente para almacenar energía a gran escala. “Es más rentable y aporta estabilidad, seguridad y sostenibilidad al sistema eléctrico, al generar gran cantidad de energía con un tiempo de respuesta muy rápido y sin crear ningún tipo de emisión a la atmósfera”, explica la empresa que preside Ignacio Galán.
¿Pero qué se esconde tras ese bonito envoltorio? Es la disculpa perfecta de las eléctricas para prorrogar concesiones que van caducando en los ríos, concesiones que podría rescatar el sector público, en beneficio de todos, lejos de engordar solo a las eléctricas.
Con el bombeo empezará de nuevo una fácil concesión, si ésta estuviese a punto de caducar o caducada, un ejemplo más de la mencionada connivencia entre las eléctricas y los poderes públicos en España.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIES) prevé 3.500 MW de bombeo en España, que quiere ser la batería de Europa, donde ya hoy ocupa el cuarto lugar, y las eléctricas de nuevo se apuran para actuar en los ríos de todo el país.
Ejemplo de La Región
Fuera de los círculos del poder en Madrid, a veces se observan denuncias de malas prácticas. Como alertó el diario La Región, líder en la provincia de Ourense, Iberdrola, Naturgy y Endesa engordan sus bolsillos mientras ahogan Ourense en su propia agua.
Un editorial de este periódico emplazó a la Xunta de Galicia, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), las diputaciones y los concellos a tomar posiciones ante estos tres gigantes energéticos, habida cuenta de que “Ourense tiene enfrente el reto de retomar el control de sus ríos”.
En las dos próximas décadas caducará la concesión de un tercio del medio centenar de aprovechamientos hidroeléctricos que soporta la provincia de Ourense. Casi todos son minicentrales, pero para los grandes embalses habrá que esperar más: Iberdrola, Naturgy y Endesa ya jugaron sus cartas para asegurarse prórrogas hasta el 2050 o 2060, en muchos casos venciendo con holgura los 75 años fijados por la Ley de Aguas de 1985. “Esto es tan injusto como urgente es perfilar las estrategias públicas”, propone La Región.
Las multinacionales pretenden que España sea no sólo una potencia eólica sino también una megabatería eléctrica, aunque sea a costa de una sobreexplotación fluvial. El bombeo se utiliza como un almacén de energía: consiste en tener dos embalses conectados, uno superior y otro inferior.
Las empresas controlan la eólica sin apenas beneficios para Galicia
Hay más ejemplos de malas prácticas. Grandes empresas –Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona...– controlan también la eólica de Galicia, sin dejar en esta Comunidad apenas ningún beneficio. Galicia exporta más de la tercera parte de la electricidad que genera y las multinacionales envían a Bilbao, Madrid o Italia el 95% de los beneficios de la producción eléctrica gallega.
En la práctica, las grandes empresas diseñan y donde les interesa colocan un parque eólico con la complicidad de la Xunta de Galicia y del Gobierno de España. A cambio, los beneficios económicos que revierten a Galicia son ínfimos.
Entre impuestos –actividades económicas, bienes inmuebles...– canon eléctrico, licencias o alquileres de terrenos, todo lo que aportan no llega al 5% de los beneficios de las multinacionales eléctricas. Mientras, más del 60% de la potencia eólica actual está en manos de Iberdrola, Endesa-Enel Green Power, Naturgy –antes Gas Natural Fenosa– y Acciona. “La alternativa a esta situación debe a mirar al mar, sin perder de vista que tenemos otras posibilidades energéticas sin desarrollar (solar, geotérmica, maremotríz...)”, reflexiona el catedrático de Biología y Geología y doctor en Biología Ramón Varela Díaz. Como quiera que Galicia exporta más de la tercera parte de la electricidad que genera y las multinacionales envían fuera ese 95% de los beneficios de la producción eléctrica gallega, este experto se pregunta por qué no ponen los parques marinos (o terrestres) en lugares próximos a los grandes centros de consumo, que no es el caso gallego. “Así también ahorrarían las pérdidas del transporte eléctrico”, ironiza este analista económico de Mundiario, antiguo presidente del grupo ecologista Adega.
@J_L_Gomez
Texto publicado en www.mundiario.com
