Albert Vilalta, uno de los cooperantes españoles secuestrados por Al Qaeda durante 267 días en el desierto de Malí, solicitó al Ministerio del Interior ser reconocido como víctima del terrorismo para cobrar las indemnizaciones que fija la ley.
La Asociación Catalana de Víctima de Organizaciones Terroristas (Acvot) afirmó que si Vilalta recibe la indemnización pertinente como víctima del terrorismo 'no haría uso personal de la misma' y que, el director general de las empresas Túneles y Accesos de Barcelona y Túneles del Caldí, ha ejercido su derecho como víctima del terrorismo de Al Qaeda del Magreb Islámico durante su secuestro, que se resolvió tras el pago de un abultado rescate.
Vilalta se apoyó en Acvot para realizar su petición a Interior que, según informó 'El Público', tiene un año para resolver la solicitud. La asociación ha preguntado al Ministerio del Interior si los tres cooperantes catalanes, Vilalata, Roque Pascual y Alicia Gámez, pueden ser reconocidos como víctimas de terrorismo, aunque el único que pidió ese reconocimiento ha sido Vilalta.
La Dirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo debe solicitar al Ministerio de Exteriores un informe sobre la petición ya que, según la legislación vigente y hasta que no se apruebe la nueva normativa, se tiene que dar como requisito que la nacionalidad española haya motivado el acto terrorista.
Asimismo, con la reforma de la Ley, aún en trámite parlamentario, se elimina esta condición aunque, si el Ministerio resuelve la solicitud antes de que se apruebe, el cooperante recibirá 48.000 euros, además de otra indemnización por las secuelas físicas y psicológicas.
Los cooperantes Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez fueron secuestrados el 29 de noviembre de 2009, cuando participaban en el último convoy de la Caravana Solidaria, organizada por la ONG Barcelona Acció Solidària.
Vilalta se apoyó en Acvot para realizar su petición a Interior que, según informó 'El Público', tiene un año para resolver la solicitud. La asociación ha preguntado al Ministerio del Interior si los tres cooperantes catalanes, Vilalata, Roque Pascual y Alicia Gámez, pueden ser reconocidos como víctimas de terrorismo, aunque el único que pidió ese reconocimiento ha sido Vilalta.
La Dirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo debe solicitar al Ministerio de Exteriores un informe sobre la petición ya que, según la legislación vigente y hasta que no se apruebe la nueva normativa, se tiene que dar como requisito que la nacionalidad española haya motivado el acto terrorista.
Asimismo, con la reforma de la Ley, aún en trámite parlamentario, se elimina esta condición aunque, si el Ministerio resuelve la solicitud antes de que se apruebe, el cooperante recibirá 48.000 euros, además de otra indemnización por las secuelas físicas y psicológicas.
Los cooperantes Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez fueron secuestrados el 29 de noviembre de 2009, cuando participaban en el último convoy de la Caravana Solidaria, organizada por la ONG Barcelona Acció Solidària.
