BBVA y Popular, los más afectados, afirman que ya estaban preparados
La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a los bancos españoles a devolver todo lo que cobraron de más por las cláusulas suelo abusivas supone una factura de más de 4.000 millones de euro para el sector. Aunque no hay cifras exactas, según diferentes cálculos, unos dos millones de personas pagaron entre 3.000 y 6.000 euros de más en intereses por culpa de estas cláusulas, que se incluyeron en entre el 30 % y 40 % de las hipotecas en España. Devolver estas cantidades le costará a las entidades algo más de 4.000 millones de euros, según datos del Banco de España.
Provisiones
BBVA ya ha anunciado que dotará 404 millones para ello, mientras que Banco Popular cifra su coste en 334 millones, Unicaja en 150 millones y Liberbank en 83 millones. Banco Popular afirmó ayer que la aplicación de la sentencia no afectará a su solvencia y solidez. El banco insistió en que el impacto previsto de dicha resolución a 30 de junio es de 334 millones de euros. Popular ya había provisionado 305 millones de euros para cubrir el alcance de las sentencias conocidas anteriormente sobre este asunto.
Por su parte, Abanca señalaba ayer que la sentencia no le afecta porque su contenido ya está, en su caso, "juzgado en firme en España". "La cuestión de fondo abordada por el TJUE ha sido ya resuelta en el caso de Abanca por dos sentencias firmes dictadas por los tribunales españoles: el Tribunal Supremo (mayo 2013) y Mercantil 11 de Madrid (abril 2016)", señala la entidad financiera. "En todo caso, Abanca no es parte en el procedimiento judicial ante el TJUE", remarcó, aparte de que "nunca ha incorporado cláusulas suelo en sus hipotecas de consumidores. Ya desde 2011 dejaron de comercializarse por parte de la entidad que dio lugar a Abanca, y desde mayo de 2013 se eliminaron".
Mientras, la Comisión Europea (CE) valoró que la corte busque garantizar la protección de los consumidores, pero avisó de que "seguirá de cerca" lo que ocurra en un sector bancario español que, dijo, "ha reforzado su solidez financiera" desde la crisis.
Gobierno
El Gobierno, por su parte, anunció que trabaja ya con el PSOE para facilitar que el reintegro a los hipotecados de las cantidades cobradas de más, aunque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió de que son las propias entidades las que deben llegar a acuerdos con sus clientes. "Este es un acuerdo entre bancos y consumidores y deberán establecer los criterios entre ellos. No le corresponde al Gobierno sino a los bancos y sus clientes", dijo Catalá, tras confiar en que ambas partes lleguen a buenos acuerdos.
Los reclamantes piden un acuerdo global
El presidente de la Asociación de Usuarios de Banco, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, celebró la sentencia, la cual considera que "restaura el Estado de Derecho tras 10 años de abusos de la banca", y pidió que la devolución se resuelva de manera "colectiva" e incluso "negociada". Pardos recordó que la macrodemanda interpuesta por la asociación engloba a todos los bancos y mostró su preocupación por la reacción de las entidades, ya que considera que "ya están insinuando que harán ir a todos a los tribunales" y que "harán sufrir a los consumidores con que no se cobrará inmediatamente". Señaló que Adicae y los consumidores son "razonables" y que la negociación sin llegar a los tribunales "sería un paso para restaurar la confianza" y "quedar bien" con sus clientes.
