El caso de Cañete, natural de Lucena, comenzó en enero, cuando se le diagnosticó desprendimiento de retina en ambos ojos
Miguel Cañete, de 60 años, que perdió completamente la visión tras haber sido operado en febrero en los dos ojos y ser tratado con perfluoroctano, medicamento investigado en relación a otros casos similares de ceguera, denunciará al Servicio Andaluz de Salud (SAS) como "aplicador del fármaco".
Su hijo, Miguel Cañete, ha dicho que su padre, único paciente en España que ha perdido totalmente la visión supuestamente por el uso de este fármaco, se ha sumado a la demanda interpuesta por al menos cuatro personas que se han quedado ciegas de un ojo tras ser operadas en el hospital Donostia de San Sebastián.
Todas tienen en común que fueron presuntamente tratadas con este compuesto sintético que se utiliza en la cirugía ocular para reparar desprendimientos de retina y comercializado en este caso bajo la marca comercial Ala Octa.
El caso de Cañete, natural de Lucena (Córdoba), comenzó en enero, cuando se le diagnosticó desprendimiento de retina en ambos ojos, por lo que se sometió a sendas intervenciones quirúrgicas en el hospital Reina Sofía de Córdoba los días 2 y 18 de febrero.
Según narra su hijo, tras la segunda intervención "se apaga la luz" y su padre queda "ciego a expensas de la recuperación", aunque no ha recuperado ni el 0,05 de la visión, que es "el equivalente de una pérdida total".
En las revisiones posteriores a la cirugía le comentaron que era muy extraño que no recuperara la vista, a pesar de que, en la operación, el ojo se había pegado bien a la retina.
Sin embargo, relata su hijo, en julio "la doctora da el caso por perdido", tras lo que acudió a la clínica privada de La Arruzafa, en Córdoba, donde el doctor Juan Manuel Laborda, tras ver al paciente, detectó "un atrofiamiento muy grande en la retina y en el nervio óptico, que presentan necrosis" y lo asoció con la "alerta sanitaria" asociada" al medicamento Ala Octa.
En agosto, según cuenta Cañete, Laborda comunicó a la familia que había hablado con la doctora que atendió a su padre, quien no le aseguró que el caso estuviera relacionado al medicamento, aunque admitió que lo había usado.
Miguel Cañete lamenta que nadie le haya asesorado sobre cómo proceder y que haya tenido que ser gracias a un compañero de trabajo como se ha podido enterar de que el caso de su padre no era único.
"Ella nos dice que es muy difícil ir en contra de una compañía farmacéutica tan grande, pero yo le dije que a nosotros no nos va a mandar a casa", afirma Cañete, quien no obstante alega que la doctora en ningún caso cometió "negligencia médica", aunque le hubiera gustado por su parte una mayor "empatía".
Hace unas semanas, contactó con el despacho de abogados bilbaíno Gómez Menchaca, especializado en derecho sanitario, que representa a tres de los pacientes que fueron operados en el Hospital Donostia, y que le ha aconsejado que "la mejor forma de abordarlo es mediante una reclamación de patrimonio al SAS por su responsabilidad como aplicadores de este fármaco".
Mientras tanto, Cañete explica que su padre está "muy deprimido, terriblemente triste y sin ganas de vivir".
"Ha tardado un tiempo en admitir lo grave de su situación, y ahora ha ido a la ONCE, donde le pueden ayudar, y eso ha sido un paso tremendo", señala Cañete sobre su padre, trabajador del Banco Popular que lleva de baja desde febrero.
