La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 ha manifestado su 'desacuerdo' y 'malestar' por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de confirmar el archivo de la causa en la que se investigaba la contratación del avión, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares españoles.
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 ha manifestado su 'desacuerdo' y 'malestar' por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de
confirmar el archivo de la causa en la que se investigaba la contratación del avión, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares españoles.
En un comunicado el presidente de la asociación, Miguel Ángel Sencianes, señala que, a su juicio y el de la Fiscalía, el Grupo de Control del Contrato del Ministerio de Defensa tuvo 'una
conducta omisiva del ejercicio de sus funciones pese a tener
conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades de esos
vuelos'.
También lamenta que el magistrado 'no quiera ver' que los vuelos fueron 'contratados por los imputados' y que el acuerdo con la agencia de la OTAN Namsa refería 'la necesidad de un permiso especial por parte de España si se contrataban aviones de republicas exsoviéticas'.
'Estos permisos no aparecen en la instrucción como tampoco existió el seguro que se debió de contratar y que no se hizo. De lo que las familias queremos saber es de la omisión de la responsabilidad ya que, como soldados se les ordenó subir en condiciones deplorables y eso a pesar de sus quejas y de los avisos de muchos otros', afirma Sencianes.
Según el representante de la asociación de familiares de las víctimas, los imputados compraron los 'aviones chatarra' y no hicieron
caso de las quejas ni de los informes que desaconsejaban su uso. '¿Cuántas evidencias más querían?', se pregunta. 'Su desidia y falta de
control, a nuestro entender y el de la Fiscalía, fue causante directo
de la muerte de los nuestros, ya que se esperaron hasta que se
estrellaron 62 personas para dejar de contratar Yak-42', señala.
'NO HAY AUSENCIA DE INVESTIGACIÓN'
Grande-Marlaska ha rechazado reabrir la causa en la que se investigaba la contratación del aparato en un auto en el que afirma que 'no hay ausencia alguna de investigación', como sostienen las acusaciones y la Fiscalía, sino 'más bien todo lo contrario'. De esta forma, ha rechazado el recurso de reforma planteado por la Asociación de Familias, al que se adhirió la Fiscalía, que será revisado en apelación por la Sala de lo Penal.
El juez llegó a imputar 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía 'todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas' y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba 'responsable de la contratación' del aparato.
También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.
confirmar el archivo de la causa en la que se investigaba la contratación del avión, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares españoles.
En un comunicado el presidente de la asociación, Miguel Ángel Sencianes, señala que, a su juicio y el de la Fiscalía, el Grupo de Control del Contrato del Ministerio de Defensa tuvo 'una
conducta omisiva del ejercicio de sus funciones pese a tener
conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades de esos
vuelos'.
También lamenta que el magistrado 'no quiera ver' que los vuelos fueron 'contratados por los imputados' y que el acuerdo con la agencia de la OTAN Namsa refería 'la necesidad de un permiso especial por parte de España si se contrataban aviones de republicas exsoviéticas'.
'Estos permisos no aparecen en la instrucción como tampoco existió el seguro que se debió de contratar y que no se hizo. De lo que las familias queremos saber es de la omisión de la responsabilidad ya que, como soldados se les ordenó subir en condiciones deplorables y eso a pesar de sus quejas y de los avisos de muchos otros', afirma Sencianes.
Según el representante de la asociación de familiares de las víctimas, los imputados compraron los 'aviones chatarra' y no hicieron
caso de las quejas ni de los informes que desaconsejaban su uso. '¿Cuántas evidencias más querían?', se pregunta. 'Su desidia y falta de
control, a nuestro entender y el de la Fiscalía, fue causante directo
de la muerte de los nuestros, ya que se esperaron hasta que se
estrellaron 62 personas para dejar de contratar Yak-42', señala.
'NO HAY AUSENCIA DE INVESTIGACIÓN'
Grande-Marlaska ha rechazado reabrir la causa en la que se investigaba la contratación del aparato en un auto en el que afirma que 'no hay ausencia alguna de investigación', como sostienen las acusaciones y la Fiscalía, sino 'más bien todo lo contrario'. De esta forma, ha rechazado el recurso de reforma planteado por la Asociación de Familias, al que se adhirió la Fiscalía, que será revisado en apelación por la Sala de lo Penal.
El juez llegó a imputar 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía 'todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas' y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba 'responsable de la contratación' del aparato.
También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.
