Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado en Badajoz un grupo organizado que se dedicaba a la introducción ilegal de ciudadanos peruanos en España, mediante la simulación de contratos, en una actuación en la que ha detenido a seis personas.
Este es el resultado de la llamada Operación Inca, que ha permitido detener a la máxima responsable de la organización, N.C.E.T, de 56 años de edad, su hija R.E.T.E, de 35 y el marido de ésta con las iniciales M.A.L de 37 años de edad, todos ellos de nacionalidad peruana, a los que se les imputan varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
También han sido detenidos tres empresarios extremeños por su presunta autoría de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, al haber realizado 'de forma fraudulenta, las ofertas necesarias para tramitar las autorizaciones de residencia y trabajo con las que llegaban los ciudadanos peruanos', según explica la Policía Nacional en nota de prensa.
Señala que la investigación se inició una vez tuvo conocimiento la Brigada de Extranjería y Fronteras de que desde hace varios años, ciudadanos peruanos afincados en el barrio de Valdepasillas de la capital pacense, se estarían dedicando a conseguir autorizaciones de residencia y trabajo a compatriotas suyos a través de ofertas de empleo que presentaban en la Subdelegación del Gobierno en Badajoz, y les cobraban 'suculentas cantidades' por tales gestiones.
Realizadas las actuaciones policiales oportunas, los agentes comprobaron como en los distintos domicilios ocupados en diferentes fechas por los presuntos autores, aparecían empadronados varios ciudadanos peruanos, que habían obtenido su primera autorización de residencia y trabajo en España, como empleados de hogar.
IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS
Así, a través de la investigación también se pudieron observar irregularidades en los contratos efectuados por los empresarios, tales como figurar al mismo tiempo hasta cinco empleados del hogar trabajando para el mismo empleador y lo más llamativo, en el mismo domicilio.
Siguiendo en esta línea, los investigadores obtuvieron declaraciones de los empleados, en las que afirmaban haber pagado a los detenidos, cantidades que oscilaban entre los 3.000 y 4.000 euros 'a cambio de una oferta de trabajo que les permitiera la tan ansiada autorización de residencia y trabajo en España, sabiendo de antemano que una vez en nuestro país, no trabajarían para los supuestos empleadores y se tendrían que buscar la vida'.
TESTIGOS PROTEGIDOS
Explica la Policía Nacional que 'el temor a sufrir represalias por parte de los miembros de la organización', motivó desde el inicio de la investigación, que los testigos de los hechos solicitaran acogerse a los beneficios de la Ley Orgánica 19/94, de 2 de diciembre, de Protección a Peritos y Testigos en Causas Criminales.
Esclarecidos los hechos, se pudo concluir que el 'modus operandi' consistía en que la cabecilla del grupo sería la persona encargada de captar a las víctimas en Perú, concretamente en la población de Ica, zona que conocía por haber residido allí, una vez captadas, les ofrecía la posibilidad de obtener la autorización de residencia y trabajo en España, a cambio de una cantidad de dinero.
Una vez establecido el contacto, la víctima debía ingresar en un banco la mitad de la cantidad acordada, que ascendía a unos 1.500 ó 2.000 euros, y quedaba pendiente el resto a su llegada a España.
Una vez conseguido el dinero, los demás miembros del grupo se ocupaban de buscar al empresario que iba a realizar la oferta de empleo, por lo que la Policía pudo 'constatar la existencia de dos grupos de empresarios, aquellos que tenían una pequeña empresa, normalmente de construcción y aquellas personas que necesitaban realmente los servicios de una empleada de hogar'.
A los primeros la organización les solicitaba como si de un favor se tratara, una oferta de empleo a algún supuesto familiar de algún miembro de la organización que tenían en Perú para que pudiera venir a España, eso sí a sabiendas (los empresarios) de que no iban a trabajar en la empresa.
Los segundos en cambio, eran personas que realmente estaban buscando una persona para tareas domésticas, a los que la organización conocían por trabajar algunos de sus miembros en el sector de cooperativas de auxiliares a domicilio y que normalmente solían ser personas de avanzada edad.
De esta forma, una vez concedida la autorización necesaria, la víctima solicitaba en la embajada de su país de origen el correspondiente visado para poder viajar a España, y una vez en el país, las víctimas tenían que pagar en efectivo la mitad restante pactada, momento en que era acompañada a la Seguridad Social para darse de alta.
Además estas personas eran alojadas en unos domicilios de la organización, a cambio 150 euros mensuales, eso sí, debiendo buscar trabajo por su cuenta, ya que como habían pactado, no trabajarían con los supuestos empleadores.
Destaca la Policía Nacional que con la detención de estas seis personas, se da por desarticulado este grupo delictivo, el cual habría estado operando en Badajoz desde al menos el año 2006, pudiendo haber introducido ilegalmente en España a unas 30 personas.
En cuanto a los seis detenidos, tras la tramitación de las diligencias policiales, fueron tres puestos en libertad con cargos tras prestar declaración, siendo los otros tres (presuntos autores directos), puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó ingresó en prisión para las dos mujeres y libertad con cargos para el varón.
También han sido detenidos tres empresarios extremeños por su presunta autoría de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, al haber realizado 'de forma fraudulenta, las ofertas necesarias para tramitar las autorizaciones de residencia y trabajo con las que llegaban los ciudadanos peruanos', según explica la Policía Nacional en nota de prensa.
Señala que la investigación se inició una vez tuvo conocimiento la Brigada de Extranjería y Fronteras de que desde hace varios años, ciudadanos peruanos afincados en el barrio de Valdepasillas de la capital pacense, se estarían dedicando a conseguir autorizaciones de residencia y trabajo a compatriotas suyos a través de ofertas de empleo que presentaban en la Subdelegación del Gobierno en Badajoz, y les cobraban 'suculentas cantidades' por tales gestiones.
Realizadas las actuaciones policiales oportunas, los agentes comprobaron como en los distintos domicilios ocupados en diferentes fechas por los presuntos autores, aparecían empadronados varios ciudadanos peruanos, que habían obtenido su primera autorización de residencia y trabajo en España, como empleados de hogar.
IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS
Así, a través de la investigación también se pudieron observar irregularidades en los contratos efectuados por los empresarios, tales como figurar al mismo tiempo hasta cinco empleados del hogar trabajando para el mismo empleador y lo más llamativo, en el mismo domicilio.
Siguiendo en esta línea, los investigadores obtuvieron declaraciones de los empleados, en las que afirmaban haber pagado a los detenidos, cantidades que oscilaban entre los 3.000 y 4.000 euros 'a cambio de una oferta de trabajo que les permitiera la tan ansiada autorización de residencia y trabajo en España, sabiendo de antemano que una vez en nuestro país, no trabajarían para los supuestos empleadores y se tendrían que buscar la vida'.
TESTIGOS PROTEGIDOS
Explica la Policía Nacional que 'el temor a sufrir represalias por parte de los miembros de la organización', motivó desde el inicio de la investigación, que los testigos de los hechos solicitaran acogerse a los beneficios de la Ley Orgánica 19/94, de 2 de diciembre, de Protección a Peritos y Testigos en Causas Criminales.
Esclarecidos los hechos, se pudo concluir que el 'modus operandi' consistía en que la cabecilla del grupo sería la persona encargada de captar a las víctimas en Perú, concretamente en la población de Ica, zona que conocía por haber residido allí, una vez captadas, les ofrecía la posibilidad de obtener la autorización de residencia y trabajo en España, a cambio de una cantidad de dinero.
Una vez establecido el contacto, la víctima debía ingresar en un banco la mitad de la cantidad acordada, que ascendía a unos 1.500 ó 2.000 euros, y quedaba pendiente el resto a su llegada a España.
Una vez conseguido el dinero, los demás miembros del grupo se ocupaban de buscar al empresario que iba a realizar la oferta de empleo, por lo que la Policía pudo 'constatar la existencia de dos grupos de empresarios, aquellos que tenían una pequeña empresa, normalmente de construcción y aquellas personas que necesitaban realmente los servicios de una empleada de hogar'.
A los primeros la organización les solicitaba como si de un favor se tratara, una oferta de empleo a algún supuesto familiar de algún miembro de la organización que tenían en Perú para que pudiera venir a España, eso sí a sabiendas (los empresarios) de que no iban a trabajar en la empresa.
Los segundos en cambio, eran personas que realmente estaban buscando una persona para tareas domésticas, a los que la organización conocían por trabajar algunos de sus miembros en el sector de cooperativas de auxiliares a domicilio y que normalmente solían ser personas de avanzada edad.
De esta forma, una vez concedida la autorización necesaria, la víctima solicitaba en la embajada de su país de origen el correspondiente visado para poder viajar a España, y una vez en el país, las víctimas tenían que pagar en efectivo la mitad restante pactada, momento en que era acompañada a la Seguridad Social para darse de alta.
Además estas personas eran alojadas en unos domicilios de la organización, a cambio 150 euros mensuales, eso sí, debiendo buscar trabajo por su cuenta, ya que como habían pactado, no trabajarían con los supuestos empleadores.
Destaca la Policía Nacional que con la detención de estas seis personas, se da por desarticulado este grupo delictivo, el cual habría estado operando en Badajoz desde al menos el año 2006, pudiendo haber introducido ilegalmente en España a unas 30 personas.
En cuanto a los seis detenidos, tras la tramitación de las diligencias policiales, fueron tres puestos en libertad con cargos tras prestar declaración, siendo los otros tres (presuntos autores directos), puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó ingresó en prisión para las dos mujeres y libertad con cargos para el varón.
