Con la mirada puesta en la protesta ante el Congreso prevista para el día 25, el Gobierno y las fuerzas de seguridad afrontan con preocupación una 'primavera caliente' en la calle, alentada por el creciente descontento social y la irrupción de una nueva modalidad de reivindicación: los escraches.
Ya esta misma semana el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, reconocía que este iba a ser un año 'muy difícil' en la conflictividad social producto de la grave situación de crisis, aunque confiaba en que 2014 fuera más tranquilo ante los visos de recuperación económica.
Ante más de 330 mandos de la Policía Nacional, Cosidó no ocultó que llegan tiempos difíciles y, por ello, quiso transmitir a los altos responsables del cuerpo un mensaje de ánimo para encarar unos meses que se prevén agitados.
El Gobierno se enfrenta el día 25 a la primera gran cita ciudadana de protesta de la primavera. La plataforma '25S rodea el Congreso' se estrenó en septiembre pasado con una movilización que se desarrolló de forma pacífica, aunque finalmente derivó en incidentes con una treintena de detenidos y más de sesenta heridos.
Una convocatoria que preocupa especialmente al Gobierno y a las fuerzas de seguridad, cuyos servicios de información trabajan a destajo para rastrear en las redes sociales cualquier elemento distorsionador de una movilización que, a priori, también se antoja pacífica.
GRUPOS RADICALES
De hecho, la Policía ya detectó en otras protestas la presencia de grupos radicales que se suman a estas movilizaciones con el ánimo de reventarlas para que acaben en graves altercados con los agentes de las unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios.
Inquieta especialmente la llegada a Madrid de radicales procedentes de otros puntos de España, como Barcelona, Asturias o Castilla y León, que se unirán a los más violentos de la capital, donde pese a todo la Policía llegó a asestar un importante golpe a grupos antisistema como los Bukaneros.
No es ajeno el Gobierno el descontento social que está provocando la crisis y a que la única vía que tienen los ciudadanos de canalizarlo es salir a la calle. Sin embargo, le sorprendió un fenómeno que se popularizó en los años noventa en Argentina, los escraches o manifestaciones organizadas frente a los domicilios de procesados por delitos cometidos durante la dictadura de ese país que luego fueron puestos en libertad.
Fenómeno que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hizo suyo en España para organizar concentraciones frente a las viviendas de políticos del PP y reivindicar un cambio en la Ley Hipotecaria. Pese a que la PAH defiende que sus escraches se desarrollen con respeto a la intimidad del político y en el marco legal, las fuentes vaticinan que estas protestas puedan ir a más e incluso verse enturbiadas con la presencia de grupos violentos.
Máxime cuando Interior dio el primer paso para limitar los escraches estableciendo una distancia 'prudencial' de seguridad entre los participantes y las viviendas de los políticos, unas instrucciones no exentas de polémica. Hasta ahora estas protestas se desarrollaron de forma pacífica y solo dieron lugar a identificaciones y a propuestas de sanción a casi una treintena de participantes y organizadores, que se exponen a multas de entre 1.500 euros y 200 euros.
Reconocen las fuentes, no obstante, que esta actitud pacífica puede derivar en enfrentamientos, aunque el máximo responsable de la Policía es más optimista y cree que es un 'error' sobredimensionar este fenómeno, al que en los últimos días se está uniendo otra protesta que ya ha alcanzado el Congreso: la de los afectados por las preferentes.
Ante más de 330 mandos de la Policía Nacional, Cosidó no ocultó que llegan tiempos difíciles y, por ello, quiso transmitir a los altos responsables del cuerpo un mensaje de ánimo para encarar unos meses que se prevén agitados.
El Gobierno se enfrenta el día 25 a la primera gran cita ciudadana de protesta de la primavera. La plataforma '25S rodea el Congreso' se estrenó en septiembre pasado con una movilización que se desarrolló de forma pacífica, aunque finalmente derivó en incidentes con una treintena de detenidos y más de sesenta heridos.
Una convocatoria que preocupa especialmente al Gobierno y a las fuerzas de seguridad, cuyos servicios de información trabajan a destajo para rastrear en las redes sociales cualquier elemento distorsionador de una movilización que, a priori, también se antoja pacífica.
GRUPOS RADICALES
De hecho, la Policía ya detectó en otras protestas la presencia de grupos radicales que se suman a estas movilizaciones con el ánimo de reventarlas para que acaben en graves altercados con los agentes de las unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios.
Inquieta especialmente la llegada a Madrid de radicales procedentes de otros puntos de España, como Barcelona, Asturias o Castilla y León, que se unirán a los más violentos de la capital, donde pese a todo la Policía llegó a asestar un importante golpe a grupos antisistema como los Bukaneros.
No es ajeno el Gobierno el descontento social que está provocando la crisis y a que la única vía que tienen los ciudadanos de canalizarlo es salir a la calle. Sin embargo, le sorprendió un fenómeno que se popularizó en los años noventa en Argentina, los escraches o manifestaciones organizadas frente a los domicilios de procesados por delitos cometidos durante la dictadura de ese país que luego fueron puestos en libertad.
Fenómeno que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hizo suyo en España para organizar concentraciones frente a las viviendas de políticos del PP y reivindicar un cambio en la Ley Hipotecaria. Pese a que la PAH defiende que sus escraches se desarrollen con respeto a la intimidad del político y en el marco legal, las fuentes vaticinan que estas protestas puedan ir a más e incluso verse enturbiadas con la presencia de grupos violentos.
Máxime cuando Interior dio el primer paso para limitar los escraches estableciendo una distancia 'prudencial' de seguridad entre los participantes y las viviendas de los políticos, unas instrucciones no exentas de polémica. Hasta ahora estas protestas se desarrollaron de forma pacífica y solo dieron lugar a identificaciones y a propuestas de sanción a casi una treintena de participantes y organizadores, que se exponen a multas de entre 1.500 euros y 200 euros.
Reconocen las fuentes, no obstante, que esta actitud pacífica puede derivar en enfrentamientos, aunque el máximo responsable de la Policía es más optimista y cree que es un 'error' sobredimensionar este fenómeno, al que en los últimos días se está uniendo otra protesta que ya ha alcanzado el Congreso: la de los afectados por las preferentes.
