El Gobierno ha asegurado hoy que adoptará en Gibraltar 'medidas legales y proporcionales' para defender sus intereses, en un conflicto en el que ha pedido al Reino Unido y al Peñón que actúen con 'sentido común' y se vuelquen en un diálogo a cuatro partes, en el que también estaría la Junta de Andalucía.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha dejado hoy clara su posición sobre el conflicto -el mayor desde hace años por el Peñón- en unas declaraciones a los periodistas tras la habitual reunión de verano con el Rey en Palma y dos días después de su conversación con el primer ministro británico, David Cameron.
Rajoy ha desvinculado las maniobras que realizarán este mes buques de la Armada británica en Gibraltar con este litigio y ha explicado que estos ejercicios se vienen haciendo desde hace años y que estaban anunciados a España desde el 4 de junio, antes de que comenzara este nuevo conflicto con el Peñón.
España, Reino Unido, Andalucía y Gibraltar son las cuatro partes que Rajoy cree que deben sentarse a 'hablar y dialogar' sobre los temas más controvertidos: la pesca y el medio ambiente, cuyas competencias están en manos de la Junta.
El jefe del Ejecutivo ha calificado de 'atentado al medio ambiente' el lanzamiento por parte de Gibraltar de manera unilateral de 70 bloques de hormigón a la bahía de Algeciras, lo que además impide faenar con normalidad a los pescadores españoles.
Ha lamentado también la ruptura por parte del Peñón en marzo de 2012 del acuerdo de pesca firmado en 1999 y, en este sentido, ha explicado que estas decisiones dificultan 'mucho' las relaciones.
Pese a ello, Rajoy ha insistido en que la postura de su Gobierno es 'la apertura al diálogo' pero mientras eso llegue ha advertido: 'El Gobierno no renuncia a ninguna medida legal'.
Ha explicado que serán 'medidas única y exclusivamente legales, proporcionales, aleatorios y que no discriminen' para defender los intereses de los ciudadanos españoles.
Entre esas medidas, ha defendido los controles en la verja -irrenunciables para el Gobierno con el objetivo de combatir los tráficos ilícitos y el contrabando en un territorio que no pertenece al espacio Schengen- y ha citado la vigilancia de que se cumplan las obligaciones fiscales y la normativa europea de medio ambiente.
No se ha referido a la tasa de 50 euros que el Gobierno estudia implantar para salir y entrar de Gibraltar, aunque el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha explicado a ABC que 'no se aplicará nunca a los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad' y que se destinará a compensar a los pescadores.
Rajoy -que mantuvo una reunión en Palma con García-Margallo previa a la del Rey- ha dicho que su obligación es defender los intereses de los españoles y que si el PSOE no le apoya 'es su responsabilidad', después de que algunos dirigentes calificaran estos días de 'torpeza diplomática' la gestión de la crisis.
El PSOE, a través de su secretario de la UE, Juan Moscoso, ha anunciado hoy que pedirá la comparecencia en el Congreso de García-Margallo para que dé explicaciones sobre Gibraltar, a la vez que ha remitido una carta formal al Gobierno para ofrecerle toda su colaboración para contribuir al diálogo con el Reino Unido.
Mientras, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha ironizado con que la tensión que se vive en los últimos días entre España y el Reino Unido acabe en otro Trafalgar, la batalla naval entre las flotas de ambos países ocurrida en aguas de Cádiz en 1805.
Desde Algeciras, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha afirmado que el Gobierno anunciará de manera 'inminente' un paquete de ayudas a los pescadores del Campo de Gibraltar afectados por el cese de la actividad tras las presiones ejercidas por Gibraltar.
Ha explicado que el Ministerio de Agricultura tiene esas medidas casi ultimadas -los afectados son casi un centenar de personas de 19 barcos dedicados al cerco, el trasmallo y el rastro remolcado- y que es una orden que se aprobará de manera 'inminente'.
