Así lo han manifestado en una jornada sobre medidas de seguridad y concepto de peligrosidad, organizada por Fundación Manantial y la Universidad Rey Juan Carlos, celebrada la semana pasada en la Facultad de Derecho de la universidad en Madrid.
En palabras de Luis Fernando Barrios, jurista y experto en Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, la reforma supone un "importante retroceso en el tratamiento del paciente mental, ya que elimina de forma significativa su seguridad jurídica". Según Barrios "peligrosidad es un concepto del pasado, ya caduco". Además, "hay que valorar otros factores como condición social, ambiente familiar o educativo" del sujeto. Por ello, para el jurista "es una mentira científica asociar enfermedad mental con peligrosidad".
En esa línea, Ángel Luis Ortiz, magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid, considera que se vulnera el "principio de igualdad" en el caso de las personas con problemas de salud mental, ya que plantea "un internamiento penitenciario que puede ser indefinido, algo que afecta de manera negativa a la reeducación y reinserción social, principios recogidos en la Constitución". "Si se aprueba la reforma, a los sujetos inimputables se les aplicará la libertad vigilada como medida de seguridad durante un mínimo de 3 y un máximo de 5 años pese haber cumplido ya la medida de internamiento", explica el magistrado.
Expectativas de recuperación.
Para Demetrio Monterde, director del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, único centro penitenciario especializado en España junto con el de Sevilla, la legislación funciona "ahora moderadamente bien". Con el Proyecto, "la indefinición de no saber cuándo va a salir crea desesperanza en el paciente", confiesa. Además, "nadie nos ha consultado sobre la reforma", lamenta. El responsable del Hospital Psiquiátrico, asimismo, aboga por las "salidas terapéuticas" de los pacientes, "son oxígeno y les genera expectativas", confiesa. También apuesta por los recursos propios en las comunidades para evitar la sobresaturación actual del Hospital de Alicante.
A ese respecto, Juanjo, interno del Centro Penitenciario de Valdemoro de Madrid y usuario del Plan de Ámbito Penitenciario de Fundación Manantial, las salidas terapéuticas le están viniendo "muy bien". "Me han ayudado a quererme a mí mismo y a que mi familia confíe en mí". "Hay que dar oportunidades a la gente, pero las expectativas con la nueva legislación son horribles", sentencia el interno.
Más centros especializados.
Por último, según Francisco Sardina, presidente de la Fundación Manantial, confiesa que le produce "malestar la discriminación hacia las personas con trastorno mental en el Proyecto de reforma del Código Penal". En ese sentido, "más de un 90% de los casos de peligrosidad en personas con problemas de salud mental son delitos menores, en el ámbito familiar y suelen ser en personas con trastorno no diagnosticado o con escaso seguimiento" indica.
Por ello, "el mejor antídoto para evitar esta situación es una red eficiente de recursos sociosanitarios". En esa línea Juan Antonio Alonso Bernal, presidente de la Unión Madrileña de Asociaciones de Personas pro Salud Mental (UMASAM) reivindica "centros especializados para la atención a estos pacientes".
Proyecto de Reforma del Código Penal.
Actualmente en el Congreso de los Diputados se está tramitando una importante reforma del Código Penal (Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) que preocupa tanto a las personas con trastorno mental como a sus familiares y profesionales relacionados. Esta reforma implicará un nuevo sistema de medidas de seguridad, tales como:
· La posibilidad de prórroga indefinida de una medida de internamiento psiquiátrico. · La imposición de una libertad vigilada después de extinguida la medida de internamiento. · La ruptura del principio de proporcionalidad entre pena y medida de seguridad. · El posible paso de un "derecho penal del hecho" a un "derecho penal de autor", en atención a un concepto tan subjetivo como el de peligrosidad.
Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1995 por asociaciones de familiares, de ámbito estatal, declarada de finalidad benéfico-asistencial por el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Entre sus fines están la tutela de personas con trastorno mental grave, la puesta en marcha y gestión de recursos de atención social de la Consejería de Asuntos Sociales, la promoción de programas y actuaciones en el ámbito penitenciario y la generación de empleo.
