Las repatriaciones a Marruecos continúan paralizadas a la espera del pronunciamiento judicial
Las repatriaciones de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos se mantendrán paralizadas hasta que no exista un pronunciamiento judicial sobre el proceso de retorno que se inició el pasado viernes y que sigue centrando la polémica política. Fuentes del Gobierno de Ceuta explicaron que el plazo de 72 horas fijado cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta con el que se paralizaban las repatriaciones tenía como objetivo recabar toda la información solicitada a la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía sobre el proceso iniciado. Ahora el juez deberá estudiar la documentación y dictar una resolución. Hasta que no llegue ese pronunciamiento, Ceuta mantendrá en suspenso el retorno de menores.
Un proceso sobre que ayer la Audiencia Nacional también se pronunció al rechazar la suspensión cautelar de las repatriaciones de menores no acompañados que en esta instancia había pedido la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. La ONG había presentado un recurso contra la comunicación que la Secretaría de Estado de Seguridad remitió el pasado 10 de agosto a la Delegación del Gobierno de Ceuta para que aplicara el acuerdo de retorno de menores a Marruecos de 2007 porque, en su opinión, “estaban bajo la tutela del Estado español”, que está “incumpliendo la normativa tanto nacional como internacional”.
Interior envió a la Audiencia dicho documento acompañado de un escrito en el que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, afirma que no se dio ninguna orden ni instrucción para emprender las devoluciones que asumió el gobierno ceutí, tan solo se limitó a rogar que se procediera a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos.
INTERIOR, EL DETONANTE
Con las alegaciones de Interior y el escrito que envió a Ceuta, la Audiencia sí se declaró competente para resolver el recurso de la ONG, echando por tierra la tesis del departamento de Fernando Grande-Marlaska de que “no existe acto o instrucción del Ministerio que pueda ser recurrido ante la Audiencia”, ya que su escrito solo fue un “ruego”. Según el auto de la Audiencia, esa comunicación “ha servido para que las autoridades correspondientes en la Ciudad Autónoma hayan puesto en marcha actuaciones de retorno de menores marroquíes con base en tal documento o instrucción”, lo que contradice la versión de Interior y sostiene que ese documento de Interior fue el detonante para iniciar las repatriaciones.
Ahora bien, la Audiencia argumenta que las impugnaciones sobre la posible violación de derechos fundamentales de los menores debe plantearse en los procedimientos previstos en la legislación española a los que remite el Acuerdo Hispano-Marroquí y ante los órganos que ya tienen conocimiento, los Juzgados de Ceuta.
Desde el Gobierno ningún dirigente salió ayer al paso de las críticas vertidas, si bien un documento interno del PSOE, fechado el pasado lunes, refleja el argumentario que ha mantenido el Ministerio del Interior. En él se defiende que, como reiteró el titular de Interior, Fernando Grande-Marlasksa, los 45 menores retornados “querían volver a su país” y no tenían arraigo en España y que “es Ceuta quien tiene las competencias para determinar qué menores van a ser retornados o no, no el Ministerio del Interior”.
