La Fiscalía archivó la denuncia interpuesta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Dívar, por los gastos generados en unos viajes a Marbella, al considerar que los hechos no constituyen delito. Además, el Congreso decidió no dar luz verde a la comparecencia de Dívar, al ser un caso ya investigado por los tribunales.
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, decretó el archivo de la denuncia interpuesta por el vocal del CGPJ Jóse Manuel Gómez, contra el presidente de este órgano Carlos Dívar, por los gastos generados en una veintena de viajes de fines de semana a Marbella por valor de casi 13.000 euros, al no observar en la actuación del presidente del Consejo 'una intención de 'lucrarse o aprovecharse en su beneficio' que el tipo penal exige como requisito indispensable para su aplicación'.
Esta decisión supone el archivo de las diligencias informativas por un presunto delito de malversación de caudales públicos al no ser 'constitutivas de delito alguno las conductas reflejadas por el denunciante'.
En su escrito, el fiscal admite la existencia de que 4 viajes 'que no generan cargo alguno a las cuentas del Consejo', otros 12 en principio de carácter oficial 'pero que se ven prolongados en actividades que podríamos considerar privadas' y 4 más que, 'de principio a fin, tuvieron carácter oficial' y que fueron enteramente pagados por el CGPJ 'no dejará de generar alguna duda'.
'CASO SUB IUDICE'
La Mesa del Congreso acordó por unanimidad vetar la comparecencia de Dívar, para que diera cuenta de la denuncia por sus viajes a Marbella, al tratarse de un caso que está 'sub iudice', según informaron fuentes parlamentarias.
La presencia de Dívar en la Cámara Baja fue solicitada por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), si bien en su reunión de ayer el órgano de gobierno de la Cámara Baja resolvió no admitir las explicaciones en sede parlamentaria de Dívar. Según argumentó la Mesa, no pueden dar luz verde a la comparecencia de Dívar porque el Congreso es el órgano de control del Ejecutivo, no del Poder Judicial, y porque, además, el asunto está ya siendo investigado por los tribunales.
Por su parte, el vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, aseguró que 'más de 30 millones de españoles pensamos o seguimos pensando, después de la resolución del fiscal, que la apariencia es que no ha ido a trabajar a Marbella o Ceuta ni a hoteles de lujo, y no ha estado trabajando', declaró poco antes de acudir a la reunión en la que Dívar ofrecería a los vocales explicaciones sobre este asunto.
A su juicio, Dívar se mantuvo en una distancia 'muy improcedente' e intentó 'escudarse' en la posición de la Fiscalía, órgano que 'no ha investigado lo que debía'. El vocal reconoció que no existe obligación de acreditar documentalmente las causas que motivan cada viaje, un aspecto que él mismo denunció y que fue rechazado por el Pleno del Consejo.
Asimismo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, consideró que Carlos Dívar, salió 'fortalecido' con la decisión 'autónoma' de la Fiscalía de archivar la denuncia por malversación.
En declaraciones en el Congreso, Gallardón dejó claro que con este caso se constató que España era un Estado de Derecho, con garantías en el que las denuncias siguen el mismo procedimiento por igual, para todos y cada uno de los españoles. Por ello, el ministro de Justicia celebró el 'funcionamiento de las instituciones'.
Esta decisión supone el archivo de las diligencias informativas por un presunto delito de malversación de caudales públicos al no ser 'constitutivas de delito alguno las conductas reflejadas por el denunciante'.
En su escrito, el fiscal admite la existencia de que 4 viajes 'que no generan cargo alguno a las cuentas del Consejo', otros 12 en principio de carácter oficial 'pero que se ven prolongados en actividades que podríamos considerar privadas' y 4 más que, 'de principio a fin, tuvieron carácter oficial' y que fueron enteramente pagados por el CGPJ 'no dejará de generar alguna duda'.
'CASO SUB IUDICE'
La Mesa del Congreso acordó por unanimidad vetar la comparecencia de Dívar, para que diera cuenta de la denuncia por sus viajes a Marbella, al tratarse de un caso que está 'sub iudice', según informaron fuentes parlamentarias.
La presencia de Dívar en la Cámara Baja fue solicitada por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), si bien en su reunión de ayer el órgano de gobierno de la Cámara Baja resolvió no admitir las explicaciones en sede parlamentaria de Dívar. Según argumentó la Mesa, no pueden dar luz verde a la comparecencia de Dívar porque el Congreso es el órgano de control del Ejecutivo, no del Poder Judicial, y porque, además, el asunto está ya siendo investigado por los tribunales.
Por su parte, el vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, aseguró que 'más de 30 millones de españoles pensamos o seguimos pensando, después de la resolución del fiscal, que la apariencia es que no ha ido a trabajar a Marbella o Ceuta ni a hoteles de lujo, y no ha estado trabajando', declaró poco antes de acudir a la reunión en la que Dívar ofrecería a los vocales explicaciones sobre este asunto.
A su juicio, Dívar se mantuvo en una distancia 'muy improcedente' e intentó 'escudarse' en la posición de la Fiscalía, órgano que 'no ha investigado lo que debía'. El vocal reconoció que no existe obligación de acreditar documentalmente las causas que motivan cada viaje, un aspecto que él mismo denunció y que fue rechazado por el Pleno del Consejo.
Asimismo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, consideró que Carlos Dívar, salió 'fortalecido' con la decisión 'autónoma' de la Fiscalía de archivar la denuncia por malversación.
En declaraciones en el Congreso, Gallardón dejó claro que con este caso se constató que España era un Estado de Derecho, con garantías en el que las denuncias siguen el mismo procedimiento por igual, para todos y cada uno de los españoles. Por ello, el ministro de Justicia celebró el 'funcionamiento de las instituciones'.
