La misma actitud ha adoptado Miguel Ángel Serrano, director general del IFA entre 2004 y 2008, para quien el fiscal ha pedido una fianza civil de 26 millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido hoy ninguna fianza de responsabilidad civil ni otras medidas contra Antonio Fernández, exconsejero andaluz de Empleo, ni contra Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, que se han acogido a su derecho a no declarar sobre los ERE.
Fernández y Guerrero, tercer y cuarto imputados citados hoy ante la juez Mercedes Alaya por las ayudas al instituto de Fomento de Andalucía (IFA), han informado a la juez de que se acogían a su derecho a no declarar.
La misma actitud ha dotado Miguel Ángel Serrano, que fue director general del IFA entre 2004 y 2008, para quien el fiscal ha pedido una fianza civil de 26.036.437 euros.
Dicha suma, según el fiscal, equivale al 5 % de los 39.525.378 euros a que ascendieron las transferencias al IFA entre 2004 y 2008, incrementado en los porcentajes legales.
Serrano se ha acogido a su derecho a no declarar pero ha entregado un escrito en el que denuncia que los hechos presuntamente delictivos que le imputa la juez se basan en su declaración prestada en calidad de testigo, "declaración por la que no se me puede incriminar como imputado, pues no ha sido prestada con las debidas garantías constitucionales".
