La Fiscalía no ve ningún indicio contra la Casa Real ni la infanta Cristina en el 'caso Nóos', ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos entregados por el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, no aportaron prueba alguna que avale una intervención en los negocios del duque de Palma.
Así lo aseguraron fuentes de la Fiscalía, que afirmaron también que en el actual estado de la instrucción judicial tampoco el círculo próximo a las infantas parece estar implicado en los hechos que investiga el juez del caso Nóos, Jose Castro, sobre supuesta corrupción en las actividades del instituto sin ánimo de lucro que dirigieron Urdangarin y Torres.
Aunque la Fiscalía ve muy claro que este caso acabará en juicio, en el que se sentarán en el banquillo la mayoría de los imputados, entre ellos Urdangarin, también considera de la misma forma que el caso no afectará a ningún miembro más de la Familia Real, con arreglo a las pruebas existentes en la actualidad y teniendo en cuenta que ya se llevan dos años de investigación judicial. El caso continuará su curso normal con las diligencias que se precisen y con la declaración de algunos testigos.
En este sentido, también está pendiente de si finalmente es llamado a declarar como testigo el asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero, quien recientemente reiteró a través de un comunicado que no prestó asesoramiento jurídico alguno para la constitución de la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto Noós, y precisó que sólo indicó que Urdangarin debía limitarse a formar parte de su consejo asesor.
BARBERÁ Y CAMPS
El ministerio público tampoco ve indicios en el caso contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de Valencia Francisco Camps por los pagos que se hicieron al instituto de Urdangarin y Torres por la celebración de la Valencia Summit, que tuvo lugar en esta ciudad en los años 2004, 2005 y 2006. Fuentes fiscaes explicaron que en su declaración una responsable de la firma de este convenio asumió todas las responsabilidades y no implicó a Barberá ni a Camps.
Lo que no ven claro en la Fiscalía es la necesidad de que el caso se desgaje en dos procedimientos que lleven a dos juicios distintos, uno de ellos en Palma sobre el grueso del caso y el otro en Valencia sobre la parte que afecta al convenio firmado por las tres cumbres de la Valencia Summit. La Fiscalía considera más conveniente que finalmente acabe en juicio solo en la capital balear.
En este sentido, fuentes de la Fiscalía valoraron la labor llevada a cabo por los tribunales baleares en los casos de corrupción en los que se pronunció y que refuerzan la imagen de la independencia judicial.
Aunque la Fiscalía ve muy claro que este caso acabará en juicio, en el que se sentarán en el banquillo la mayoría de los imputados, entre ellos Urdangarin, también considera de la misma forma que el caso no afectará a ningún miembro más de la Familia Real, con arreglo a las pruebas existentes en la actualidad y teniendo en cuenta que ya se llevan dos años de investigación judicial. El caso continuará su curso normal con las diligencias que se precisen y con la declaración de algunos testigos.
En este sentido, también está pendiente de si finalmente es llamado a declarar como testigo el asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero, quien recientemente reiteró a través de un comunicado que no prestó asesoramiento jurídico alguno para la constitución de la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto Noós, y precisó que sólo indicó que Urdangarin debía limitarse a formar parte de su consejo asesor.
BARBERÁ Y CAMPS
El ministerio público tampoco ve indicios en el caso contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de Valencia Francisco Camps por los pagos que se hicieron al instituto de Urdangarin y Torres por la celebración de la Valencia Summit, que tuvo lugar en esta ciudad en los años 2004, 2005 y 2006. Fuentes fiscaes explicaron que en su declaración una responsable de la firma de este convenio asumió todas las responsabilidades y no implicó a Barberá ni a Camps.
Lo que no ven claro en la Fiscalía es la necesidad de que el caso se desgaje en dos procedimientos que lleven a dos juicios distintos, uno de ellos en Palma sobre el grueso del caso y el otro en Valencia sobre la parte que afecta al convenio firmado por las tres cumbres de la Valencia Summit. La Fiscalía considera más conveniente que finalmente acabe en juicio solo en la capital balear.
En este sentido, fuentes de la Fiscalía valoraron la labor llevada a cabo por los tribunales baleares en los casos de corrupción en los que se pronunció y que refuerzan la imagen de la independencia judicial.
