El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó hoy al presidente del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), Juan Carlos Ramos (en la imagen), y a los tesoreros de esta formación, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto, por un delito de colaboración con banda armada, en referencia a ETA, y asociación ilícita.
Además, solicitó al fiscal que remita un informe en el que indique si procede elevar un suplicatorio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para imputar a la portavoz del grupo parlamentario del PCTV en el Parlamento vasco, Nekane Erauskin, y a la diputada Karmele Berasategi, debido a su condición de aforadas.
En un auto dictado hoy, dos días después de la vista en la Audiencia Nacional en la que la Fiscalía solicitó la suspensión de actividades de esta formación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicita a las entidades bancarias en las que el PCTV y su grupo parlamentario tienen cuentas que comuniquen previamente cualquier disposición de fondos a la autoridad judicial competente.
La causa contra el PCTV investiga la vinculación de este partido legal con Batasuna y ETA, así como la instrumentación económica-financiera de esta organización para contribuir a actividades y fines presuntamente terroristas. Según el magistrado, los dirigentes del PCTV habrían 'autorizado, diseñado y dirigido' estas operaciones o 'participado' en ellas.
DOS DIRIGENTES QUE YA FUERON IMPUTADOS
Tanto Juan Carlos Ramos como Jesús María Aguirre ya fueron imputados en septiembre de 2005 por el juez Fernando Grande-Marlaska, que se ocupó de esta causa cuando sustituyó a Garzón durante su estancia en Estados Unidos. Según fuentes jurídicas, la primera imputación se produjo en una fase inicial de la investigación y únicamente se refería al delito de colaboración con banda armada, al que ahora se ha añadido el de asociación ilícita.
Marlaska también imputó por el delito de colaboración a los responsables de Comunicación del PCTV, Juan José Petrikorema y Peio Gálvez, al responsable de Formación, Eneitz Ugarte, y a los militantes Aritz Blázquez, Javier Ramos, Juan Manuel Rodríguez, Joseba Zinkunegi y Joseba Gotzon Amaro.
El presidente del PCTV estuvo presente en la vista celebrada el pasado lunes ante el juez Garzón, en la que Fiscalía solicitó la suspensión de actividades de esta organización política al considerar que sus vínculos económicos con Batasuna ponen de manifiesto que ha venido funcionando en los últimos años como 'un instrumento de ETA'.
En un auto dictado hoy, dos días después de la vista en la Audiencia Nacional en la que la Fiscalía solicitó la suspensión de actividades de esta formación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicita a las entidades bancarias en las que el PCTV y su grupo parlamentario tienen cuentas que comuniquen previamente cualquier disposición de fondos a la autoridad judicial competente.
La causa contra el PCTV investiga la vinculación de este partido legal con Batasuna y ETA, así como la instrumentación económica-financiera de esta organización para contribuir a actividades y fines presuntamente terroristas. Según el magistrado, los dirigentes del PCTV habrían 'autorizado, diseñado y dirigido' estas operaciones o 'participado' en ellas.
DOS DIRIGENTES QUE YA FUERON IMPUTADOS
Tanto Juan Carlos Ramos como Jesús María Aguirre ya fueron imputados en septiembre de 2005 por el juez Fernando Grande-Marlaska, que se ocupó de esta causa cuando sustituyó a Garzón durante su estancia en Estados Unidos. Según fuentes jurídicas, la primera imputación se produjo en una fase inicial de la investigación y únicamente se refería al delito de colaboración con banda armada, al que ahora se ha añadido el de asociación ilícita.
Marlaska también imputó por el delito de colaboración a los responsables de Comunicación del PCTV, Juan José Petrikorema y Peio Gálvez, al responsable de Formación, Eneitz Ugarte, y a los militantes Aritz Blázquez, Javier Ramos, Juan Manuel Rodríguez, Joseba Zinkunegi y Joseba Gotzon Amaro.
El presidente del PCTV estuvo presente en la vista celebrada el pasado lunes ante el juez Garzón, en la que Fiscalía solicitó la suspensión de actividades de esta organización política al considerar que sus vínculos económicos con Batasuna ponen de manifiesto que ha venido funcionando en los últimos años como 'un instrumento de ETA'.
