El Gobierno aprobó ayer la polémica reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) del ministro de Educación, José Ignacio Wert, cuyo texto definitivo prevé que el Estado adelante el pago de la escolarización privada de aquellos alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades con lengua cooficial, y se lo descontará a éstas de la financiación autonómica que les corresponda.
Para ello, la memoria de la Lomce se reserva un presupuesto de cinco millones de euros, los que se estiman necesarios para garantizar este derecho si mil alumnos solicitaran ejercerlo. Wert aseguró que se trata de una 'medida excepcional y transitoria', que sólo afectará a los sistemas educativos en los que se plantea el uso de unas sola lengua cooficial, en concreto la propia, y no se garantiza el derecho a estudiar en castellano.
Otra de las novedades de la norma es la homogeneización de los contenidos educativos en todo el territorio. El Estado será quien defina los contenidos, criterios de evaluación y horarios de las asignaturas troncales y de las específicas (como lengua castellana, matemáticas, ciencias o idioma extranjero). Las materias de libre configuración serán definidas por las autonomías al igual que la enseñanza de sus lenguas cooficiales.
Asimismo, los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato se adelantan a 3º de la ESO a través de asignaturas optativas y las dos vías estarán completamente diferenciadas en 4º de la ESO, un curso diseñado para elegir entre la vida laboral o académica. En cuanto a la FP, el texto prevé la creación de una FP básica de dos años, obligatoria y dirigida a alumnos de quince años con dificultades de progreso y servirá para adquirir la cualificación profesional mínima y optar al título de ESO.
En este sentido, Wert resaltó el 'inmenso' gasto que supone la repetición de un porcentaje muy alto de alumnos. El 40% ha repetido alguna vez al cumplir los 15 años, lo que al Estado, según sus cálculos, significa un desembolso de 2.500 millones de euros.
Otra de las novedades de la norma es la homogeneización de los contenidos educativos en todo el territorio. El Estado será quien defina los contenidos, criterios de evaluación y horarios de las asignaturas troncales y de las específicas (como lengua castellana, matemáticas, ciencias o idioma extranjero). Las materias de libre configuración serán definidas por las autonomías al igual que la enseñanza de sus lenguas cooficiales.
Asimismo, los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato se adelantan a 3º de la ESO a través de asignaturas optativas y las dos vías estarán completamente diferenciadas en 4º de la ESO, un curso diseñado para elegir entre la vida laboral o académica. En cuanto a la FP, el texto prevé la creación de una FP básica de dos años, obligatoria y dirigida a alumnos de quince años con dificultades de progreso y servirá para adquirir la cualificación profesional mínima y optar al título de ESO.
En este sentido, Wert resaltó el 'inmenso' gasto que supone la repetición de un porcentaje muy alto de alumnos. El 40% ha repetido alguna vez al cumplir los 15 años, lo que al Estado, según sus cálculos, significa un desembolso de 2.500 millones de euros.
