Ochenta organizaciones sociales, que piden la regularización inmediata de los inmigrantes ilegales, rechazan de manera 'frontal' el Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado ayer, que amplía la protección de las inmigrantes irregulares maltratadas que denuncien y estimula el retorno voluntario.
Representantes de esas entidades aseguraron en conferencia de prensa que la norma acordada por el Consejo de Ministros es una nueva oportunidad 'perdida' para avanzar en derechos y libertades, deberes y garantías jurídicas de los inmigrantes, y no garantiza 'su dignidad, su derecho al trabajo y a ser parte activa de la sociedad'. También reprochan al Ejecutivo que no los haya escuchado, aseguran, ni que haya negociado el Reglamento.
Por el contrario, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que la norma ha sido 'dialogada' y sale consensuada 'ampliamente' con sindicatos, empresarios y ONG, además de insistir en que se basa en la relación entre inmigración y mercado de empleo. En la conferencia de prensa posterior al Consejo, destacó que se 'alienta' el retorno voluntario al país de origen, en el sentido de que quien desee acogerse al mismo por quedar en paro 'no pierda' los años de trabajo aquí, sino que 'le contabilice a todos los efectos' si volviera a España por necesidades de mano de obra. 'No es justo -argumentó- que esa gente que ayudó al crecimiento económico español se vaya y nadie le reconozca que estuvo trabajando y se la equipare con aquellos que vienen por primera vez'.
CONTRATOS IRREGULARES
El Gobierno señala que habrá un procedimiento 'más ágil y con más garantías' para quien se apunte a programas de movilidad y retorno voluntario.
El reglamento impide a los empleadores que no hayan cumplido los compromisos asumidos contratar a otro trabajador extranjero en los tres años siguientes. Aparte, la norma perfila la reagrupación familiar de ascendientes vinculándola a la convivencia previa en el país de origen y aplica la última doctrina europea que concede la residencia a los progenitores de hijos con nacionalidad española.
También fija los medios económicos en la reagrupación familiar: 150 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para reagrupar al primer pariente y un 50 por ciento por cada miembro adicional. El Gobierno considera que el texto normativo facilita la colaboración entre administraciones.
A las comunidades autónomas corresponden los informes de habitabilidad de vivienda y arraigo (pueden delegarlos en los ayuntamientos) y de esfuerzo de integración de los inmigrantes.
Rubalcaba inscribe la norma en la política sobre inmigración: relación directa con el empleo, lucha contra la de tipo irregular y 'procurar la integración' de los que vienen con los derechos y deberes y valores inherentes a la Constitución. Sin embargo, organizaciones como SOS Racismo, Ecologistas en Acción y la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados reclaman una regularización 'vía arraigo o vía humanitaria', que afectaría a 700.000 o 800.000 personas, aunque la cantidad exacta se 'desconoce'.
Por el contrario, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que la norma ha sido 'dialogada' y sale consensuada 'ampliamente' con sindicatos, empresarios y ONG, además de insistir en que se basa en la relación entre inmigración y mercado de empleo. En la conferencia de prensa posterior al Consejo, destacó que se 'alienta' el retorno voluntario al país de origen, en el sentido de que quien desee acogerse al mismo por quedar en paro 'no pierda' los años de trabajo aquí, sino que 'le contabilice a todos los efectos' si volviera a España por necesidades de mano de obra. 'No es justo -argumentó- que esa gente que ayudó al crecimiento económico español se vaya y nadie le reconozca que estuvo trabajando y se la equipare con aquellos que vienen por primera vez'.
CONTRATOS IRREGULARES
El Gobierno señala que habrá un procedimiento 'más ágil y con más garantías' para quien se apunte a programas de movilidad y retorno voluntario.
El reglamento impide a los empleadores que no hayan cumplido los compromisos asumidos contratar a otro trabajador extranjero en los tres años siguientes. Aparte, la norma perfila la reagrupación familiar de ascendientes vinculándola a la convivencia previa en el país de origen y aplica la última doctrina europea que concede la residencia a los progenitores de hijos con nacionalidad española.
También fija los medios económicos en la reagrupación familiar: 150 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para reagrupar al primer pariente y un 50 por ciento por cada miembro adicional. El Gobierno considera que el texto normativo facilita la colaboración entre administraciones.
A las comunidades autónomas corresponden los informes de habitabilidad de vivienda y arraigo (pueden delegarlos en los ayuntamientos) y de esfuerzo de integración de los inmigrantes.
Rubalcaba inscribe la norma en la política sobre inmigración: relación directa con el empleo, lucha contra la de tipo irregular y 'procurar la integración' de los que vienen con los derechos y deberes y valores inherentes a la Constitución. Sin embargo, organizaciones como SOS Racismo, Ecologistas en Acción y la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados reclaman una regularización 'vía arraigo o vía humanitaria', que afectaría a 700.000 o 800.000 personas, aunque la cantidad exacta se 'desconoce'.
