El Gobierno ha aprobado definitivamente este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Garantías de las Libertades Sexuales que castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento, que aúna todos los delitos sexuales en uno solo de agresión y que penaliza a los proxenetas, entre otras medidas.
Así lo ha adelantado la ministra de Igualdad, Irene Montero, a través de su cuenta de Twitter y de un vídeo difundido por el ministerio antes de la celebración de la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que no está prevista su comparecencia ni la del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dos de los responsables de estas modificaciones.
La ratificación de este texto se produce un año y cuatro meses de su primera evaluación por parte del Ejecutivo. Desde entonces, la norma ha pasado por consulta pública, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.
EL CGPJ Y EL CONSEJO DE ESTADO, DISCONFORMES CON EL CONSENTIMIENTO
Estos dos últimos mostraron su disconformidad con la definición de consentimiento que incluía el texto, redactado por el equipo de Irene Montero. También pusieron pegas a la unión de los delitos de abuso y agresión sexual en un mismo tipo.
Finalmente, el Ministerio de Igualdad, en su trabajo con el de Justicia, han modificado la definición de consentimiento adaptándola a la que sugiere el Convenio de Estambul y que ya ha sido acogido por otros países como Suecia y Gran Bretaña.
En el primer texto que se aprobó la definición de consentimiento se redactaba de esta forma: "Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto"
Finalmente, la redacción será: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".
SE AÚNAN DELITOS PERO NO SE ENDURECEN LAS PENAS
El consentimiento, como ha explicado el departamento de Igualdad en varias ocasiones, es el eje central de la norma que, además, realiza cambios en el Código Penal para que este recoja un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias.
El objetivo, según ha indicado el Ministerio, es dar a las víctimas una respuesta más amplia y acorde a las múltiples manifestaciones de violencias sexuales, desde las más leves, a las más graves, incluyendo, además, un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la existencia de una grave violencia o un daño también grave a la víctima, así como el uso de armas o medios peligrosos, entre otros.
Sin embargo, estos cambios no endurecen las penas ya existentes. Así, aunque ahora todo comportamiento sexual sin consentimiento es violación, el delito se castiga, igualmente con penas de prisión de entre 4 a 10 años, que podrán llegar a los 12 años si concurre un agravante. Si se dan dos circunstancias agravantes, tales como el uso de armas, un trato degradante o vejatorio, una agresión grupal, o una víctima especialmente vulnerable, se impondrá la pena máxima por violación de 15 años, la misma prevista en la actualidad.
