- Juan Rosell apoya el plan del Ejecutivo porque defiende 'un país lo más legal posible', pero lamenta 'cómo' se incentivará sacar a la luz el empleo 'en negro'
La nueva norma contra el empleo sumergido que el viernes aprobará el Consejo de Ministros no es una amnistía, pero tampoco mirará atrás, sino que ayudará a que emerja el trabajo 'en negro'. Para lograrlo, Valeriano Gómez ha explicado que el Gobierno dará un período de 'tres meses aproximadamente' a las empresas, que más les vale aprovechar, porque de no legalizar a sus trabajadores se endurecerán las penas. A su vez, a Juan Rosell le parece positivo el plan del Gobierno, y ha defendido 'un país lo más legal posible', pero ha lamentado 'cómo' se incentivará sacar a la luz el empleo sumergido.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha informado de que el decreto ley contra el empleo sumergido dará un período de 'tres meses aproximadamente' en los que se 'ayudará' a las empresas a aflorar el empleo sumergido de forma voluntaria, mediante 'incentivos selectivos' en forma de aplazamiento de las deudas contraídas con la Seguridad Social, por un periodo de seis meses a un año.
Y más les vale a los empresarios aprovechar ese período de gracia, porque de no hacerlo, las empresas que empleen de manera irregular se tendrán que enfrentar a un 'endurecimiento' de las penas y la inspección de trabajo. De hecho, la inspección reorientará sus prioridades durante un período que Gómez ha calculado en 'seis meses' para centrarlas fundamentalmente en el trabajo irregular. Además, los empleados que compatibilicen el cobro del desempleo con trabajos por cuenta propia o ajena podrán perder las prestación.
Gómez ha rechazado que en ningún momento vaya a haber una amnistía ni un perdón para las empresas y ha asegurado que, en todo caso, el período de regularización voluntario será una 'advertencia'.
'QUEREMOS UN PAÍS LO MÁS LEGAL POSIBLE'
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se ha mostrado a favor de sacar a la luz el empleo sumergido, pero ha lamentado 'cómo' quiere incentivarlo el Gobierno. Además, Rosell ha pedido mayor control del fraude fiscal. 'Todo lo que sea aflorar la economía sumergida nos parece muy bueno; otra cosa es lo que pase con el cómo y en qué se va a incentivar, porque todos los aspectos laborales tienen que ir ligados a aspectos fiscales', ha explicado Rosell a los periodistas tras inaugurar un encuentro entre la CEOE y empresarios de Marruecos.
'Queremos un país lo más legal posible, pero no sólo en aspectos laborales sino también fiscales', ha agregado, para sentenciar: 'Un país con economía sumergida no es un país serio'. El 'número uno' de los empresarios, que no quiso desvelar el contenido de la reunión que mantuvo ayer con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por ser 'discreta', puso el énfasis en que el Ejecutivo aún no ha presentado el 'documento definitivo' que espera aprobar en el Consejo de Ministros del viernes.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha informado de que el decreto ley contra el empleo sumergido dará un período de 'tres meses aproximadamente' en los que se 'ayudará' a las empresas a aflorar el empleo sumergido de forma voluntaria, mediante 'incentivos selectivos' en forma de aplazamiento de las deudas contraídas con la Seguridad Social, por un periodo de seis meses a un año.
Y más les vale a los empresarios aprovechar ese período de gracia, porque de no hacerlo, las empresas que empleen de manera irregular se tendrán que enfrentar a un 'endurecimiento' de las penas y la inspección de trabajo. De hecho, la inspección reorientará sus prioridades durante un período que Gómez ha calculado en 'seis meses' para centrarlas fundamentalmente en el trabajo irregular. Además, los empleados que compatibilicen el cobro del desempleo con trabajos por cuenta propia o ajena podrán perder las prestación.
Gómez ha rechazado que en ningún momento vaya a haber una amnistía ni un perdón para las empresas y ha asegurado que, en todo caso, el período de regularización voluntario será una 'advertencia'.
'QUEREMOS UN PAÍS LO MÁS LEGAL POSIBLE'
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se ha mostrado a favor de sacar a la luz el empleo sumergido, pero ha lamentado 'cómo' quiere incentivarlo el Gobierno. Además, Rosell ha pedido mayor control del fraude fiscal. 'Todo lo que sea aflorar la economía sumergida nos parece muy bueno; otra cosa es lo que pase con el cómo y en qué se va a incentivar, porque todos los aspectos laborales tienen que ir ligados a aspectos fiscales', ha explicado Rosell a los periodistas tras inaugurar un encuentro entre la CEOE y empresarios de Marruecos.
'Queremos un país lo más legal posible, pero no sólo en aspectos laborales sino también fiscales', ha agregado, para sentenciar: 'Un país con economía sumergida no es un país serio'. El 'número uno' de los empresarios, que no quiso desvelar el contenido de la reunión que mantuvo ayer con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por ser 'discreta', puso el énfasis en que el Ejecutivo aún no ha presentado el 'documento definitivo' que espera aprobar en el Consejo de Ministros del viernes.
