El Gobierno expresó ayer, a través de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, su 'consternación' por el hombre de 54 años que se ahorcó en Granada antes de ser desahuciado, y explicó que el Ejecutivo no descarta revisar el decreto ley que legisla los desahucios para hacer frente a la dramática situación. Sáenz de Santamaría no descartó 'dar una nueva vuelta de tuerca' tanto al decreto ley como al Código de Buenas Prácticas recientemente aprobados y que pretendían precisamente hacer frente al problema de los desahucios e impagos hipotecarios.
Coincidiendo con estas declaraciones, ayer mismo un hombre de Burjassot (Valencia), saltó desde el balcón de su vivienda, un segundo piso, cuando iba a ser desahuciado. Pese a haber sobrevivido a la caída, resultó herido y se encuentra ingresado en un hospital.
Además, en Ferrol, la movilización ciudadana por la Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra logró evitar el desahucio de una pareja y de su hija de ocho años enferma. El desalojo estaba previsto para ayer, ya que la familia llevaba 11 meses sin pagar el alquiler del piso en el que viven. Ninguno de los miembros de la pareja tiene trabajo, y no reciben ayudas sociales.
Sin embargo, casi medio centenar de personas se concentró frente a la vivienda para evitar el desalojo. Cuando ya se habían desplazado hasta el lugar tres vehículos de la Policía Nacional, llegó la comunicación oficial de que el Ayuntamiento de Ferrol se haría cargo de la situación de la familia.
REFLEXIONES
El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, no quiso pronunciarse sobre el informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cuyo anexo se critica duramente el sistema de desahucios, porque ha de 'respetar la autonomía' de este órgano, aunque admitió que se trata de un tema que merece una 'reflexión' por las consecuencias sociales que se derivan de la aplicación de la ley.
Más contundente fue la vocal del CGPJ, Margarita Robles, quien valoró que el estudio presentado es 'muy riguroso' y que 'demuestra el compromiso de los jueces con una problemática tan importante' y mostró su pesar porque el CGPJ 'no haya tenido esa poca sensibilidad para abordar el estudio'.
El portavoz del PSOE en la comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, anunció que su grupo pedirá la comparecencia urgente del ministro de Economía, Luis De Guindos, ante la necesidad de dar una respuesta inmediata al drama social de los desahucios. Según él, además de los 400.000 desahucios que se han producido en España en los últimos cuatro años como consecuencia de la crisis, se prevé que el año que viene sean 250.000 las familias que pierdan sus viviendas.
El diputado de Izquierda Unida por Asturias, Gaspar Llamazares, exigió que ningún banco que haya recibido algún tipo de ayuda pública pueda 'ensañarse con los ciudadanos'.
Mientras tanto, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, criticó el sistema de ejecución hipotecaria vigente en España, que promueve los desahucios, y pidió un cambio de legislación que evite situaciones extremas como el suicidio de un hombre ocurrido en Granada.
Además, en Ferrol, la movilización ciudadana por la Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra logró evitar el desahucio de una pareja y de su hija de ocho años enferma. El desalojo estaba previsto para ayer, ya que la familia llevaba 11 meses sin pagar el alquiler del piso en el que viven. Ninguno de los miembros de la pareja tiene trabajo, y no reciben ayudas sociales.
Sin embargo, casi medio centenar de personas se concentró frente a la vivienda para evitar el desalojo. Cuando ya se habían desplazado hasta el lugar tres vehículos de la Policía Nacional, llegó la comunicación oficial de que el Ayuntamiento de Ferrol se haría cargo de la situación de la familia.
REFLEXIONES
El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, no quiso pronunciarse sobre el informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cuyo anexo se critica duramente el sistema de desahucios, porque ha de 'respetar la autonomía' de este órgano, aunque admitió que se trata de un tema que merece una 'reflexión' por las consecuencias sociales que se derivan de la aplicación de la ley.
Más contundente fue la vocal del CGPJ, Margarita Robles, quien valoró que el estudio presentado es 'muy riguroso' y que 'demuestra el compromiso de los jueces con una problemática tan importante' y mostró su pesar porque el CGPJ 'no haya tenido esa poca sensibilidad para abordar el estudio'.
El portavoz del PSOE en la comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, anunció que su grupo pedirá la comparecencia urgente del ministro de Economía, Luis De Guindos, ante la necesidad de dar una respuesta inmediata al drama social de los desahucios. Según él, además de los 400.000 desahucios que se han producido en España en los últimos cuatro años como consecuencia de la crisis, se prevé que el año que viene sean 250.000 las familias que pierdan sus viviendas.
El diputado de Izquierda Unida por Asturias, Gaspar Llamazares, exigió que ningún banco que haya recibido algún tipo de ayuda pública pueda 'ensañarse con los ciudadanos'.
Mientras tanto, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, criticó el sistema de ejecución hipotecaria vigente en España, que promueve los desahucios, y pidió un cambio de legislación que evite situaciones extremas como el suicidio de un hombre ocurrido en Granada.
