El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, negó ayer 'tajantemente' que su departamento ordenara a la policía que como norma general prohíba los escraches a menos de 300 metros de domicilios de políticos, ya que la distancia de seguridad dependerá de la ubicación exacta de cada vivienda.
'No se ha adoptado ninguna medida que diga que se ha establecido un perímetro de seguridad de 300 metros, eso como ministro lo desmiento', recalcó Fernández Díaz en los pasillos del Congreso.
Ayer por la mañana, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró que el Ministerio del Interior daría instrucciones a la Policía Nacional para proteger a los cargos públicos de los escraches y que se aplicaría 'el mismo criterio' que la Ertzaintza, que fija una distancia de seguridad 300 metros.
Horas más tarde en el Congreso, el titular de Interior explicó que la orden dictada a la policía es que aplique las 'medidas operativas' necesarias para garantizar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, pero insistió en que en ningún momento se marcó una perímetro concreto de seguridad, cuya longitud dependerá de cada caso.
'En algunos supuestos hablar de 300 metros no tiene ningún sentido, es absurdo. En algunos casos serán 300 metros y en otros 30', subrayó.
Fernández Díaz reiteró que no es posible establecer a priori distancias de seguridad en las inmediaciones de los domicilios de políticos y que la orden de Interior es que sean los mandos operativos de las fuerzas de seguridad los que definan el límite en cada caso de forma proporcionada.
La circular, enviada a las delegaciones de Gobierno insta a los policías a identificar a los concentrados y poner las sanciones que marque la ley cuando los escraches no comunicados se desarrollen de forma pacífica. Si hay amenazas, coacciones o actos delictivos, los agentes deberán identificar a los concentrados y en su caso detenerlos.
Con esta circular, Interior quiere también garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus familias y el resto de los residentes en el inmueble.
Asimismo, pretende preservar la libertad de circulación de los ciudadanos, 'actuando de acuerdo al principio con arreglo al principio de proporcionalidad para garantizar que no se impide el tráfico rodado ni la libre entrada y salida de los inmuebles, así como el tránsito normal de peatones'.
Ayer por la mañana, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró que el Ministerio del Interior daría instrucciones a la Policía Nacional para proteger a los cargos públicos de los escraches y que se aplicaría 'el mismo criterio' que la Ertzaintza, que fija una distancia de seguridad 300 metros.
Horas más tarde en el Congreso, el titular de Interior explicó que la orden dictada a la policía es que aplique las 'medidas operativas' necesarias para garantizar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, pero insistió en que en ningún momento se marcó una perímetro concreto de seguridad, cuya longitud dependerá de cada caso.
'En algunos supuestos hablar de 300 metros no tiene ningún sentido, es absurdo. En algunos casos serán 300 metros y en otros 30', subrayó.
Fernández Díaz reiteró que no es posible establecer a priori distancias de seguridad en las inmediaciones de los domicilios de políticos y que la orden de Interior es que sean los mandos operativos de las fuerzas de seguridad los que definan el límite en cada caso de forma proporcionada.
La circular, enviada a las delegaciones de Gobierno insta a los policías a identificar a los concentrados y poner las sanciones que marque la ley cuando los escraches no comunicados se desarrollen de forma pacífica. Si hay amenazas, coacciones o actos delictivos, los agentes deberán identificar a los concentrados y en su caso detenerlos.
Con esta circular, Interior quiere también garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus familias y el resto de los residentes en el inmueble.
Asimismo, pretende preservar la libertad de circulación de los ciudadanos, 'actuando de acuerdo al principio con arreglo al principio de proporcionalidad para garantizar que no se impide el tráfico rodado ni la libre entrada y salida de los inmuebles, así como el tránsito normal de peatones'.
