El Gobierno mantiene que la reforma de la Administración Local en la que está trabajando y que pretende aprobar próximamente no plantea 'en ningún caso' suprimir municipios, sino que busca clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades.
Así consta en una respuesta por escrito del Ejecutivo a una pregunta del diputado Chesús Yuste (Izquierda Plural) sobre las previsiones en la adopción de medidas para delimitar las competencias de la Administración Local.
En dicha respuesta, el Gobierno explica que esta futura ley municipal pretende racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio financiero.
La próxima norma de racionalización y sostenibilidad local, agrega el Ejecutivo, persigue fortalecer la figura del interventor local para dotarlo de mayor imparcialidad y garantizar así un control 'más riguroso' de las corporaciones municipales.
Esto se hace sin que, 'en ningún caso', se plantee suprimir municipios, especifica en su respuesta el Gobierno.
Recuerda que, en virtud de lo establecido en la Constitución y en los respectivos Estatutos de autonomía, todas las comunidades son titulares de la competencia sobre las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio.
No obstante, esta competencia debe ser ejercida 'con pleno respeto y adecuación a los límites' que marca la ley de Bases de Régimen Local.
En respuesta a otra pregunta de la socialista Elvira Ramón, el Gobierno explica que en el informe estudiado en julio por el Consejo de Ministros sobre esta reforma 'no se lleva a cabo la eliminación de las mancomunidades existentes', sino que, por el contrario, prevé 'un proceso de evaluación de los servicios prestados por tales entidades locales'.
A estos efectos, se prevé que, cuando de dicha evolución resulte 'la inadecuación de la prestación en el ámbito correspondiente, corresponderá a las diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares la prestación de los referidos servicios'.
'No obstante, habrá que esperar a la aprobación del proyecto de ley, así como al resultado de las negociaciones que puedan derivarse de la tramitación parlamentaria', añade el Ejecutivo.
En dicha respuesta, el Gobierno explica que esta futura ley municipal pretende racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio financiero.
La próxima norma de racionalización y sostenibilidad local, agrega el Ejecutivo, persigue fortalecer la figura del interventor local para dotarlo de mayor imparcialidad y garantizar así un control 'más riguroso' de las corporaciones municipales.
Esto se hace sin que, 'en ningún caso', se plantee suprimir municipios, especifica en su respuesta el Gobierno.
Recuerda que, en virtud de lo establecido en la Constitución y en los respectivos Estatutos de autonomía, todas las comunidades son titulares de la competencia sobre las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio.
No obstante, esta competencia debe ser ejercida 'con pleno respeto y adecuación a los límites' que marca la ley de Bases de Régimen Local.
En respuesta a otra pregunta de la socialista Elvira Ramón, el Gobierno explica que en el informe estudiado en julio por el Consejo de Ministros sobre esta reforma 'no se lleva a cabo la eliminación de las mancomunidades existentes', sino que, por el contrario, prevé 'un proceso de evaluación de los servicios prestados por tales entidades locales'.
A estos efectos, se prevé que, cuando de dicha evolución resulte 'la inadecuación de la prestación en el ámbito correspondiente, corresponderá a las diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares la prestación de los referidos servicios'.
'No obstante, habrá que esperar a la aprobación del proyecto de ley, así como al resultado de las negociaciones que puedan derivarse de la tramitación parlamentaria', añade el Ejecutivo.
